vigilancia | Archivo: Agencia Uno
Un funcionario fotografió la escena captada por las cámaras de vigilancia municipal y se la envió al marido de la mujer. Esto vulnera la privacidad e intimidad de las personas, ya que las imágenes municipales sólo pueden ser entregadas a fiscales o policías en el marco de una investigación.
Una vecina de la comuna de Quintero, acusó a la municipalidad de violar su privacidad luego de unas imágenes captadas por las cámaras de vigilancia municipal llegaran a manos de su marido.
Según explica un articulo de El Mercurio, el pasado 17 marzo la mujer fue grabada besándose con un hombre que no era su marido frente a la Plaza de Armas de la ciudad. Un funcionario fotografió la escena y se la envió a su marido que llegó al lugar de trabajo de la mujer a recriminarla por la situación. Las imágenes provocaron el quiebre del matrimonio y que ella debiese abandonar la casa donde también viven sus hijos.
La mujer reclamó ante la municipalidad el porqué una imagen municipal, en la que no había ningún delito ni situación que infringa la ley, se hiciera pública sin la autorización de ella. A pesar de sus reclamos, la mujer no obtuvo respuesta alguna de la municipalidad. «Las cámaras son pagadas por la municipalidad para brindar seguridad, pero en las imágenes no estoy haciendo nada malo, ni robando ni cometiendo algo que infrinja la ley», señaló la mujer.
El abogado de la mujer presentará una querella en contra de la municipalidad y los funcionarios involucrados por el daño «moral» causado. A pesar de que la regulación chilena es débil, «hay tratados internacionales firmados por Chile que resguardan la privacidad e intimidad», afirmó el abogado.
Desde la municipalidad anunciaron que se ordenará una investigación para que la empresa que brinda la vigilancia, se haga responsable, además de que se revisará el protocolo de privacidad para que casos como esté nos e vuelvan a repetir.
«Estas (las cámaras) sólo pueden ser operadas por personas autorizadas que no pueden entregar imágenes sino a fiscales y policías que las requieran para las investigaciones», señaló el alcalde subrogante, Rubén Gutierrez.
Gracias a un fallo de la Corte Suprema del año 2016, las cámaras de vigilancia deben respetar la intimidad de las personas, la inviolabilidad del hogar y evitar la filmación hacia sectores privados. Además todo ciudadano tiene derecho a acceder a las imágenes y estas deben ser destruidas luego de 30 días.
