A mediados de enero de 2018 se hicieron públicas las amenazas de muerte sufridas por el funcionario de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José Miguel Lucero, supuestamente por parte de otro u otros trabajadores del mismo ministerio.

Una hoja con letras recortadas que formaban la frase “Muerte al fleto Lucero” apareció clavada con un cuchillo sobre su escritorio el 28 de noviembre de 2017. Esta amenaza directa se sumaba a otros incidentes similares y burlas a las que se había enfrentado en el tiempo que llevaba en el ministerio.

Otro incidente importante en el historial de ataques al funcionario ocurrió en mayo de 2016, cuando depositaron papeles higiénicos con excremento a la mochila del trabajador como forma de amedrentarlo.

Durante ese tiempo, el trabajador habría sido acosado laboralmente por un jefe administrativo y militante del Partido Socialista (PS), identificado como Manuel. Este hombre, la única persona que tiene una mala relación con Lucero en el ministerio, habría hecho compleja su estadía en la Segpres mediante gritos, lanzarle objetos o cuestionar en público sus habilidades para el cargo.

Todos estos hechos fueron investigados por medio de sumarios administrativos internos de la Segpres. Sin embargo, éstos no pudieron identificar al o los responsables de las amenazas hacia Lucero. Tampoco acreditaron el acoso laboral sufrido por el funcionario.

Dado que hace un tiempo fue traslado al área de Recursos Humanos, los últimos meses de Lucero en la Segpres habían sido más tranquilos. Sin embargo, este 19 de marzo de 2019 recibió una nueva amenaza, esta vez mediante siete mensajes a su correo institucional y un tweet que anunciaba una agresión directa.

El posteo en la red social provino de la cuenta @fletoluceromat1 -actualmente desactivada- y adjuntaba un pantallazo de ficha interna del trabajador en los sistemas de la Segpres. El hecho refuerza la idea de que las amenazas son realizadas por alguien que trabaja en dicho ministerio o que al menos tiene un contacto allí dentro.

En esa línea, el ex subsecretario de la Segpres en el periodo de las amenazas, Victor Maldonado (DC), dice que el ministerio “es un espacio muy pequeño, muy chico. Es difícil que alguien haga algo y no se note. Ahí todo es visible para el resto. No es como el ministerio de Educación o de Salud, que son extremadamente grandes”.

Estas nuevas amenazas inevitablemente hacen mirar y detenerse en cómo se ha enfrentado el caso desde la vía administrativa, que prometió al trabajador afectado entregarle seguridad y justicia luego de los incidentes en su contra.

La investigación administrativa

En mayo de 2016 fue instruido el primer sumario por el acoso laboral que sufría Lucero al interior de la Segpres. Este finalizó en septiembre del mismo año, entregando como resultado que no se podían acreditar los hostigamientos denunciados y que además no se podía probar los tratos denostativos hacia el funcionario.

Además de algunos testimonios y pruebas -como las fotos de los papeles higiénicos usados en la mochila del trabajador-, también se adjuntaba una licencia médica con fecha 18 de mayo de 2016 que acreditaba que Lucero padecía un “trastorno de ansiedad generado a partir de un acoso laboral de aproximadamente dos meses”.

Con fecha 26 de septiembre y con la firma del subsecretario (s) William García, se sobreseyó el caso, indicando que no existían responsabilidades administrativas en los hechos investigados.

Bajo la administración del subsecretario Maldonado, el 13 diciembre de 2017 se instruyó un segundo sumario. Esta vez por las amenazas de muerte con el objetivo de “asegurar los más altos estándares de seguridad e integridad física” de los trabajadores del ministerio, consignando “la gravedad del asunto”. Este proceso fue llevado por el abogado Nicolás Facuse (PS).

Con esta nueva investigación interna se buscaba “determinar las eventuales responsabilidades del o los funcionarios que pudieran haberse visto involucrados en los hechos”. Sin embargo, este sumario tampoco encontró al o los culpables.

A inicios de la administración del presidente Sebastián Piñera se volvió a instruir un sumario por el acoso laboral contra Lucero, supuestamente motivado por la gravedad que constituían las amenazas de muerte. Este tampoco tuvo un resultado favorable para el funcionario afectado, puesto que el 10 de julio se sobreseyó la investigación, apelando a que no existieron hechos “que califiquen como maltrato laboral según las normas vigentes”.

En la actualidad, permanece en curso una cuarta investigación administrativa. Un vez más el objetivo del proceso es determinar responsabilidades. No existe hasta el momento una fecha fijada para esta nueva resolución.

Primera carta con amenazas recibida por José Miguel Lucero.

La respuesta de las autoridades

Una de las autoridades relacionadas directamente a este caso es el ex ministro de la Segpres en la administración de la presidenta Michelle Bachelet, Gabriel de la Fuente (PS), quien asumió el 6 de octubre de 2016 las funciones de subsecretario. Más tarde, el 31 de agosto del 2017, asumiría el liderazgo de la cartera.

Consultado por El Desconcierto sobre la forma en que se llevó este infructífero proceso, el socialista comenta que “nos ceñimos estrictamente a lo que señala la ley, particularmente en el caso del sumario administrativo, que establece el estatuto administrativo. Paralelamente, se hizo la denuncia a la fiscalía, dada la gravedad de los hechos”.

De la Fuente agrega que además tuvo la oportunidad de entrevistarse con Lucero tras los amedrentamientos. Sin embargo, dicha cita se habría concretado después de que los hechos se hicieran públicos en la prensa. “Lo invité a que se reuniera conmigo, para darle todas las garantías y decirle que cualquier tipo de ayuda que pudiéramos brindarle nosotros lo íbamos a hacer. Tratamos de generar la mayor contención que pudimos en esa oportunidad”, cuenta.

Fuentes cercanas a Lucero indican que aquella reunión tuvo principalmente un rol testimonial y de formalidad, puesto que no se habrían asegurado medidas concretas para proteger el bienestar del trabajador.

Al ser consultado sobre estas y otras críticas a su gestión durante este proceso, De la Fuente responde que no quiere polemizar respecto al caso de Lucero. “Me parece absurdo hacerlo, porque él es la víctima”, indica.

El abogado es tajante en que desde su administración se ajustaron a lo que determina la ley y que hasta su salida de la cartera por el cambio de gobierno el caso aún no determinaba culpables. “Pedimos a quienes instruían el sumario que actuaran con la mayor acuciosidad posible, pero nadie puede inmiscuirse ni dirigir, por muy ministro que sea, por muy subsecretario que sea, en el sumario cuando ya está instruido”, asegura.

Sobre el caso en detalle, indica que “como ministro no estaba al tanto de todas y cada una de las cosas que ocurrían al interior del ministerio. Más aún cuando hay un jefe de servicio que es el subsecretario”.

Por su parte, el ex subsecretario Maldonado -aludido por De la Fuente- indica que el proceso de instrucción de sumarios se llevó con normalidad. “El caso era complejo y muy serio por el número de amenazas sufridas por el funcionario, pero no recuerdo que haya habido críticas en ese momento sobre la forma en que se llevó el sumario”, explica.

Maldonado, además, señala que la investigación estuvo dentro de los plazos reglamentarios. “No hubo nada en ese momento que afectara las normas, los procedimientos, los tiempos o la información a la persona que hizo la denuncia”, asegura.

A pesar de que en su momento el Movilh solicitó la intervención directa de Bachelet en este caso, el ex subsecretario aclara que este tema fue manejado exclusivamente por las autoridades del ministerio. Asimismo, la ex presidenta tampoco se refirió públicamente al tema ni estableció contacto con la víctima.

El caso en la justicia

En paralelo a la investigación administrativa, luego de las amenazas de noviembre de 2017, se inició un acción legal ante la justicia. Este proceso duró cerca de un año y en diciembre de 2018 fue cerrado por la falta de pruebas concluyentes para determinar al o los responsables de los graves actos.

Mediante las gestiones de la oficina de abogados Albagli & Zaliasnik, a inicios de este año se apeló a la decisión y se permitió que se continúe investigando el caso.

La abogada querellante, Elisabeth Mathei, indicó a El Desconcierto que los “hechos están bastante probados, pero lo que ha sido difícil es probar quiénes son los responsables. Por eso no se ha podido avanzar en formalizar la investigación”.

Para este proceso, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) ha acudido en un par de ocasiones a las inmediaciones del edificio de la Segpres. Asimismo, distintos trabajadores y ex funcionarios han debido comparecer a declarar en dicha causa, entre ellos, la ex jefa de gabinete de la ex subsecretaria Patricia Silva (PS), la también socialista, Gabriela Hip, quien cumplió el rol de interlocutora en el proceso administrativo.

Como una causa aparte será llevada una investigación por las amenazas cibernéticas recibidas por Lucero hace unas semanas a través de Twitter y correo electrónico. En este caso, la abogada espera que sea más sencillo encontrar al o los responsables mediante el rastreo de la IP del dispositivo desde el que se hicieron las amenazas.