Recoletras ha generado una controversia y la discusión sobre una discriminación estructural en el acceso al consumo del libro, discusión que ha llevado a editores a preguntarse si la industria editorial chilena es una industria sana. Pues bien, la discriminación de clase en el acceso al libro es una muestra de lo enferma que está. Además, quisiera evidenciar otro síntoma, otra enfermedad, otra práctica nociva que existe en la industria editorial y que huele mal, como a podrido: la relación entre la edición independiente y el mecenazgo del Estado.

La definición de independencia editorial no solo se establece desde el apego al rol cultural en la dicotomía negocio/cultura, sino que también desde la ausencia de patrón, así el editor no se somete a criterios económicos y editoriales de grandes corporaciones ni del Estado ni de instituciones políticas o universitarias. Para ello, se recurre a una estrategia que también está presente en el capitalismo: la propiedad privada de la inversión. La libertad de catálogo de un editor se consigue gracias a que el editor, económicamente, no le responde a nadie más que a sí mismo, pues de él ha salido la inversión para la publicación de un libro. Esta definición es operativa solo si se entiende que la posición del libro en el capitalismo es la de un objeto de consumo, por lo que exigir una independencia real del capitalismo implica no reconocer que el libro está marcado por su condición económica; así como también pensar que el libro solo se debe desarrollar en el marco del capitalismo niega toda posibilidad de prácticas editoriales marcadas por la independencia.

El Estado, por su parte, promueve el desarrollo económico de las distintas industrias del país, sea de capital privado nacional o internacional. Dentro del capitalismo, el Estado no tiene más opción que perpetuar un sistema marcado por la explotación del hombre por el hombre, por la creación de (extrema) riqueza gracias a la perpetuación generacional de (extrema) pobreza, por la depredación de recursos naturales y extinción de ecosistemas. Lamentablemente, el Estado perpetúa explotación económica debido al progreso económico, tecnológico, que se exige y se cree lograr. Así, el desarrollo y el progreso son parte de un discurso común de la clase política y de la población, un discurso a estas alturas normalizado y del cual se habla siempre en términos capitalistas: crecimiento económico y progreso material.

Pues bien, el Estado con políticas públicas, como el Fondo del Libro, promueve el desarrollo de la industria nacional, alimentando ese discurso que le permite la perpetuación del poder político y del sistema económico. A través del Fondo del Libro, el Estado financia casi la totalidad de proyectos de edición de libros individuales o de colecciones completas, para lo cual los proyectos deben competir entre ellos. Así, muchas editoriales independientes, las que no deberían depender económicamente de un mecenas externo, año tras año postulan sus proyectos, aceptando el mecenazgo estatal y que la asignación de fondos públicos esté marcado por la competencia, no por la colaboración ni por la asignación racional de los recursos. De tal manera, podemos crear la categoría: editoriales independientes con logo del Estado, ¿irónico, no?

¿Cuál es el problema en que el Estado financie proyectos de editoriales independientes, los que sin duda son un aporte cultural a la sociedad? En esos términos, no existe ningún problema, por ahora, en que el Estado financie proyectos editoriales, sobre todo, considerando que la edición independiente está marcada por la precarización y que algunos proyectos editoriales son valiosos y necesarios como Libro Imaginario, proyecto que edita y publica libros en braille, atacando otra discriminación inherente al mundo del libro en Chile. Entonces, ¿cuál es el problema, Eduardo?

El problema ético, en síntesis, es la utilización de fondos públicos para el financiamiento de proyectos editoriales privados, que crean rentabilidad solo para sus editores; a través de ellos y de los fondos públicos se perpetúa más capitalismo. Es evidente que las editoriales independientes con logo de gobierno, cuyas publicaciones son financiadas estatalmente y que, por rigor conceptual, no debiesen serlo, venden la totalidad del tiraje (menos el porcentaje de ejemplares de autor y de prensa), por tanto esa edición independiente en la práctica se comporta de manera capitalista al vender un producto financiado con dinero público, consiguiendo rentabilidad económica privada, sea para el bolsillo del editor, sea para la construcción del catálogo. Es una práctica capitalista individualizar el crecimiento económico de un libro con fondos públicos. Es una práctica capitalista individualizar el crecimiento económico de una editorial con fondos públicos. Por favor, que la cultura no sea el concepto que sirva de escudo o para justificar lo injustificable. De que huele mal, huele mal.

Así, podemos dudar tanto de la chapa de independiente como del rol ético de la práctica misma, pues ser editor no es copiarle ni a Alfaguara ni a Planeta: ¿una editorial con logo de Estado es independiente si su existencia depende de recursos externos?, ¿una editorial con logo de Estado publicaría los proyectos que no se han adjudicado el Fondo del Libro?, ¿una editorial independiente debe estar desvinculada de todo fondo externo? Ya André Schiffrin cuestionaba este problema ético en El control de la palabra: si se admite, decía, que la ayuda estatal está destinada no a la creación de grandes fortunas privadas sino al sostenimiento de industrias culturales esenciales, hay que discutir públicamente los caminos y los medios, pues para él su contexto justamente le indicaba lo contrario. Y el camino que existe no es necesario ni indispensable para lograr una industria editorial sana, de hecho, es todo lo contrario: aprovechamiento de recursos públicos para el beneficio privado, ese no es el camino ni el medio.


Editor de Gramaje Ediciones. Magister en edición.