El borde costero de Coquimbo se convertiría en un Quintero- Puchuncaví rápidamente”, sostiene la ambientalista y vocera de la organización Defensa Ambiental de la IV Región, Nancy Duman,  al plantear los efectos que podría implicar la nueva regulación del litoral en Coquimbo, según lo establece el Plan Regulador Intercomunal (PRI) que fue aprobado la semana pasada.

La Intendenta de Coquimbo, Lucía Pinto (UDI), dio a conocer el nuevo PRI que abarca seis comunas de la provincia de Elqui –La Serena, Coquimbo, La Higuera, Andacollo, Vicuña y Paihuano–, la de mayor extensión en la región, y que tiene un costo total de $123 millones. El documento estuvo siete años en tramitación, bajo la coordinación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y luego de varias observaciones formuladas por la Contraloría, tuvo el visto bueno el 27 de marzo pasado.

Sin embargo, a pesar de la buena evaluación que hicieron las autoridades regionales de este instrumento de orden territorial, el Plano no fue recibido de la misma manera por parte de las organizaciones ambientales.

Sus inquietudes apuntan a los nuevos criterios que se establecieron en zonas que ahora serán preferentemente portuarias, algo que no estaba regulado con anterioridad. Una de ellas, frente a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

Esto encendió las alertas en la ciudadanía considerando que existen tres proyectos portuarios que se pretenden instalar en la región y que coinciden con los sectores donde hasta 2009 se emplazarían proyectos productivos, como la central termoeléctrica Barrancones. Esta fue la polémica iniciativa ambiental que bajó el presidente Sebastián Piñera mediante un telefonazo a sus dueños, durante su primer gobierno. Pero después renacería la polémica en el mismo sector con Dominga, el proyecto donde él y sus hijos eran accionistas mayoritarios en sus inicios, a través del Mediterráneo Fondo de Inversión Privado.

Los megapuertos que están previstos para emplazarse en el litoral de Coquimbo son el de Cruz Grande, de CAP, que ya fue aprobado, el que sería parte del proyecto minero Dominga, de Andes Iron; y otro parte del proyecto binacional Túnel Aguas Negras, que conectaría la provincia argentina de San Juan con Coquimbo. Entre ellos no habría más de cinco kilómetros de distancia.

“Dominga tendría chipe libre”

La ambientalista Nancy Duman explicó que en Coquimbo se desarrolló el programa “Más Región” que estableció el decreto 518  y definió el uso adecuado para el borde costero. El proceso se extendió entre 1990 y 2005.

“Ahí se constató que, por ejemplo, gran parte de la Higuera estaba calificada como zona apta para protección de naturaleza y muy bajas actividades pesqueras. Nunca se habló de actividades industriales, incluso, se habló de caletas, no de puertos”, señala a El Desconcierto.

Otra de las mujeres que ha estado en la defensa territorial es Rosa Rojas, del Movimiento de Defensa del Medioambiente (Modema). En su opinión, aquí se ve la proyección de una zona de sacrificio humano. “Solo la minera Dominga traería más de 9 mil trabajadores, cuando aquí somos cerca de 3 mil personas. Eso sin pensar en los puertos”, precisó.

En La Higuera también se pretende construir un “puerto seco”, es decir, planicies que no estarían a la orilla del mar y donde se acopiarían los materiales de los proyectos, además de los contenedores que transportan las embarcaciones.

La abogada de la Defensoría Ambiental, Alejandra Donoso, aseguró que con esto Dominga tendría “chipe libre” y se dejaría de discutir su instalación en particular por el uso del borde costero.

“Veo una incompatibilidad a priori porque en vez de generar una figura de resguardo a toda la biodiversidad de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, se establece un uso preferentemente portuario. Aquí es la autoridad la que establece su política y si ahí van puertos, eso es lo que rige. Eso es lo peligroso”, advirtió.

Este ordenamiento jurídico puede ser impugnado, pero una vez publicado en el Diario Oficial, lo que se encuentra en curso, será puesto en ejecución.

Respecto de la arista judicial del caso Dominga, a fines de febrero pasado se realizaron los últimos alegatos en contra del proyecto ante la Corte Suprema, que debería resolver dentro de los próximos cuatro meses la aprobación o el rechazo de lo dispuesto por el Tribunal Ambiental de Antofagasta de volver a votar este proyecto en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo.

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Posiciones enfrentadas

Al interior del Consejo Regional (CORE) de Coquimbo la posición fue mayoritariamente a favor del Plan Intercomunal. Una de las consejeras que se mostró a favor fue Adriana Peñafiel (RN), ex alcaldesa de La Serena, quien sostuvo a El Desconcierto que lo relevante es que se establecen las zonas de ocupación urbana y de distintas áreas productivas.

“Con esto la inversión tiene la certeza de que existiendo una regulación pueden emplazarse sin dificultades, porque ya está determinado de manera oficial. Esto es lo más sustantivo porque una región como la nuestra, que aún tiene indicadores importantes de pobreza, requiere el apoyo de la inversión para dar oportunidades laborales nuevas”, dijo.

Ante los reparos que se han expuesto por parte de la ciudadanía, afirmó que “todo debe ceñirse a la evaluación ambiental”.

Su par, Cristián Carriel (DC), aseguró ha aquí “ha habido un problema de lecturas por parte de la ciudadanía” porque “un Plan Regulador no aprueba proyectos, sino que es la imagen de una situación presente en el territorio y lo peor que se puede hacer es desconocerla. No se pueden hilar todas las cosas, estamos ad portas de lo que falle el tribunal y ahí se va a generar un debate”, señaló.

Mientras que el consejero Javier Votzt (PC), quien votó en contra de este documento, cuestionó el proceso de tramitación del Plano por no contar con la participación ciudadana en los sectores que se verían potencialmente afectados.

“Hay comunidades que no se contemplaron, por ejemplo, en la ampliación de la zona de sacrificio para la instalación de la industria contaminante en La Higuera, Chunchungo, Tambillo, Andacollo y otros sectores enfocados en el crecimiento inmobiliario”.

Es decir, enfatizó, “la manera en que se quiere crecer está enfocado en los negocios que se pueden desarrollar en la región”.