El gobierno del presidente Piñera puso desde un comienzo a la niñez como una de sus prioridades, acuñando la ya tan famosa frase “los niños primero”. Imposible no estar de acuerdo. Los niños y niñas han sido por décadas los ausentes de la agenda pública, lo que ha repercutido, por ejemplo, en que luego de 29 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño por parte de Chile, seamos el único país de América Latina que carece de una ley integral de protección de la infancia. Y ello no es baladí, porque el abordaje de la niñez en Chile siempre ha sido desde los “problemas” y ha carecido de una mirada desde la promoción y protección de los derechos. Lamentablemente, pareciera ser que el abordaje no será distinto esta vez.

El gobierno, a través del ministro Moreno, priorizó a nivel legislativo el proyecto que crea el nuevo Servicio que pretende reemplazar el SENAME antes que la ley de garantías de la niñez. Sostuvo que los problemas de SENAME son demasiado urgentes y la ley de garantías demasiado compleja. En ambas cosas tiene razón, pero no resulta plausible que, si “los niños están primero”, sigamos aplazando la formulación de un marco normativo básico que articule la respuesta estatal y garantice efectivamente los derechos humanos de niños y niñas. No es aceptable sostener que los niños están primero cuando tenemos el índice más alto de suicidio adolescente y el más alto consumo de alcohol de la región, y no contamos con garantías explícitas en salud mental para todos los niños y niñas de Chile, sino solo para aquellos que están en el sistema residencial de protección. Una y otra vez observamos que la discusión pública se centra en los usuarios de la red SENAME, en la vulnerabilidad socioeconómica, y olvida la universalidad con la que deben abordarse la infancia y la adolescencia.

Los niños no están primero cuando, olvidando la protección reforzada que les asiste y toda la evidencia nacional e internacional, se insista en someterlos a un control preventivo policial, a sabiendas de que ello no solo no previene la comisión de delitos, sino que conculca sus derechos más básicos, como son la libertad individual y el derecho a ocupar el espacio público sin ninguna autorización previa.

Los niños no están primero cuando, obviando su derecho a la privacidad y a participar de las decisiones que los impactan, se pretende utilizar sus datos sensibles (como su información de salud, habitacional o educativa) para elaborar “perfiles de riesgo” y eventualmente generar acciones de prevención, al margen del consentimiento de ellos y sus familias.

Los derechos de la niñez deben ir más allá de una consigna. Son un imperativo. Si niños, niñas y adolescentes están primero, no pueden seguir esperando.


Abogada de Corporación Opción