Las clases de ética que comenzaron a tomar los controladores de Empresas Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, tras ser condenados en un bullado caso de financiamiento irregular de la política, llenaron titulares a comienzos de esta semana, con expertos de diversos ámbitos opinando de la medida. Los “carlos”, como es conocida la dupla, fueron obligados a estudiar en vez de cumplir una pena en la cárcel, lo que desató la molestia de ambos.

El enojo de los empresarios, sin embargo, ha sido visto como un gesto de soberbia por parte de sus críticos. Y es que comparar clases de ética con cumplir una condena en la cárcel no parecen castigos comparables. Y, de hecho, no lo son. Tanto así, que en otros casos simplemente no es posible acceder a ese tipo privilegiado de castigo, ya sea por una defensa deficiente o porque el juez de turno no lo consideró así.

Como sea, dos jóvenes reclusos de Limache han buscado durante meses un trato similar al de los “carlos”. Es decir, cambiar cárcel por clases universitarias. Se trata de la historia de Felipe Silva Egaña y Cristian Arancibia García, dos veinteañeros que cumplen condena en la cárcel de Limache. En teoría, el sistema sí les dio una oportunidad, pero la ilusión sólo duró algunos días y terminó transformándose en un lío angustiante para los involucrados.

Cárcel de Limache

Silva y Arancibia también son alumnos del Colegio Técnico Profesional de Adultos (de la fundación Coresol) de la misma comuna, y debido a que pasaron por el programa de formación para el trabajo de Coresol, direccionado para infractores de la ley, pudieron dar la PSU el año pasado y alcanzaron puntajes suficientes para acceder a una beca, lo que les permite estudiar una carrera profesional en el Duoc UC, de Valparaíso.

Trabas burocráticas

A través de las gestiones de Coresol y del Centro de Educación y del Trabajo (CET), ambos fueron matriculados. Era la gran chance para cambiar la vida e iniciar el camino de la reinserción social, pero apenas iniciaron las clases pues surgieron trabas burocráticas, lo que al menos ha postergado esa posibilidad, o quizás la ha destruido completamente.

Los problemas empezaron cuando el CET sometió la decisión a su Consejo Técnico, que pasó a cuestionar la situación. La Secretaria Regional de Gendarmería, que está a cargo de los CET de Valparaíso, puso en duda si los postulantes cumplen con los requisitos para poder acceder al beneficio, quedando en riesgo la posibilidad de que los jóvenes puedan disfrutar de la oportunidad obtenida meses atrás.

Según Rosa Mena, directora del Colegio Técnico Profesional de Adultos de Limache, “el CET solicitó los antecedentes de ambos estudiantes para poder dar el permiso definitivo, y solo pasando por este análisis podrían obtener la beca”.

Ese retraso en los trámites les ha impedido iniciar este año los estudios, pese a todo lo que se había avanzado anteriormente. De hecho, el Duoc UC de Valparaíso ya había concluido ambos trámites de matrículas para la carrera de Técnico de Instalaciones y Proyectos Eléctricos, por lo que están certificados como alumnos regulares de la casa de estudios.

Sin embargo, el cambio en la decisión del CET puede llevar a una pérdida del beneficio por parte de los jóvenes, en el caso de que la evaluación del consejo entienda que no cumplen los requisitos que el Consejo Técnico considera fundamentales. Esto, pese a que en un inicio el órgano había considerado que sí cumplían.

Mena recuerda que años atrás hubo un caso de un alumno que obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y que, al igual que Silva y Arancibia, alcanzó puntajes suficientes en la PSU para matricularse en la Universidad Federico Santa María, razón por la cual tenía el mismo optimismo con los casos de ahora.

Pero, al parecer, uno de esos requisitos sería justamente la situación judicial. En ese sentido, les jugaría a favor estar a punto de cumplir la totalidad de la condena.

Por eso, Mena es más optimista en el caso de Felipe Silva, quien termina de cumplir su pena en diciembre de este año. “Según la Secretaría Regional, se harán las gestiones para reponer su postulación, para que pueda hacer el curso el año que viene, lo que debería incluir un pedido al Duoc UC para mantener la beca hasta el 2020”, dice Mena.

En el caso de Cristian Arancibia García, a quien le queda mucho más tiempo de condena por cumplir y no cuenta con un beneficio como la prisión domiciliaria, será necesario accionar un plan de intervención, por el cual él se sometería a un período de observación de entre tres y seis meses. Dependiendo del comportamiento, podría realizar nuevamente su postulación.

“Lo que me dijeron, es que van a hacer todo lo posible también por Cristian, pero su situación requiere un proceso más largo”, revela Mena, cuya preocupación mayor es que en los dos casos sea posible mantener las becas para cuando los dos puedan utilizarlas.