El 14 de septiembre de 2017 miles de mujeres celebramos la promulgación de la Ley 21.030 que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales. Yo asistí a la ceremonia en La Moneda, feliz porque pensaba que nunca más las chilenas tendrían que sufrir lo que viví en el año 2016. Otras mujeres no tendrían que viajar al extranjero para interrumpir un embarazo inviable, investigar por su cuenta dónde hacerlo, lidiar con la angustia de la incertidumbre porque los médicos en Chile no podían dar una solución.

Pensaba que esta ley garantizaría la igualdad de acceso a las mujeres, sin importar los recursos económicos con los que contaran. Pensaba que, aunque muy acotada, esta ley aseguraría que las mujeres pudieran decidir el destino de su embarazo en tres situaciones muy difíciles.

El espíritu de la ley era respetar a las mujeres, pero en la práctica la legislación ha resultado insuficiente y no ha impedido eventos de brutal menoscabo a sus derechos y su dignidad. Es el caso de Candy Jamett. A pesar de tener tres informes de inviabilidad extrauterina, se le negó el servicio de interrupción voluntaria del embarazo. Candy tuvo que peregrinar por varias instituciones, visitar diferentes doctores y viajar inútilmente a Santiago, aumentando su angustia y demorando un procedimiento que mientras más tarde se realiza, más riesgos conlleva. Aún peor, tuvo que presenciar y escuchar barbaridades de médicos que se creen con derecho a juzgar su decisión.

En mi caso, antes de viajar a abortar a Estados Unidos, la doctora de la clínica me aseguró que podrían hacerme el procedimiento, tras revisar mis exámenes médicos. Y cumplieron su promesa. Pero además, recepcionista, enfermera, anestesista y ginecóloga empatizaron con mi situación y mi dolor. Aunque era un momento durísimo para mí, me sentí acogida, respetada en mi decisión, y por lo tanto, digna y sujeta de derechos.

Después de que se publicó mi experiencia en un diario en línea, varios hombres y mujeres me han contactado por encontrarse en situaciones similares. Creí que con la entrada en vigencia de la ley estas consultas cesarían, pero no fue así. Lamentablemente, las mujeres enfrentan trabas para hacer valer su derecho a interrumpir un embarazo porque los profesionales de salud demoran en entregar los diagnósticos, dudan de su palabra, o hacen una interpretación propia de la ley como si fueran jueces. He observado que hay instituciones de salud que no ofrecen el programa de acompañamiento que debieran, e incluso intentan dilatar la confirmación del diagnóstico para que las mujeres se dirijan a otro centro de salud.

Todas íbamos a ser respetadas, pero no. El acceso a esta supuesta garantía depende de la cobertura de salud de la mujer, de que haya médicos no objetores en la institución a la que llega, de que los médicos no objetores en lo formal, sean efectivamente respetuosos de las decisiones de las mujeres… es decir, aunque parezca increíble, dependemos de que los médicos quieran cumplir la ley.

Como observaba Gabriela Mistral en los años treinta (!), “Todas íbamos a ser reinas,/ y de verídico reinar;/ pero ninguna ha sido reina/ ni en Arauco ni en Copán…”


Socióloga