Durante la tarde del pasado 4 de abril, a las afueras de la estación de Metro ULA, Alberto Picuasi fallecía tras ser impactado por un bus de la locomoción urbana. Su atropello fue a raíz de la fuga que emprendió ante un procedimiento de decomiso de bienes al comercio ambulante aplicado por Carabineros, situación habitual en el sector y que se enmarca en la ejecución del Plan Comercio Justo y Plan Casco Histórico llevado a cabo por la Municipalidad de Santiago. La medida implica la puesta en terreno de alrededor de 300 policías y 40 funcionarios municipales conocidos como “agentes de copamiento”, que poseen atribuciones para disuadir a trabajadoras/es ambulantes.

Picuasi tenía 33 años y era perteneciente a la comunidad indígena Mindalae (caracterizada por su tradición de textilería), migrante de la localidad de Otavalo, al norte de Quito en Ecuador. Era el principal sustento económico de su familia compuesta por su esposa y un menor de 3 años. Alberto era muy sociable, lo que conllevó a que fuera popularmente conocido por quienes viven del trabajo ambulante en las cercanías del Metro Unión Latinoamericana.

El comercio ambulante es una práctica para conseguir la reproducción material de la vida y tiene una data histórica en nuestro país que se remonta a 1600. En dicho momento, el Estado ya le declaraba jurídicamente como una actividad nociva para el orden público, definición institucional que se ha mantenido hasta la actualidad y bajo la que se han diseñado las estrategias del ámbito local de Santiago para erradicar este tipo de comercio.

Bajo el ojo municipal del alcalde Felipe Alessandri, las/os vendedoras/es ilegales y ambulantes representan una amenaza para quienes llevan a cabo su actividad de venta de bienes y servicios bajo la normativa vigente, generando una desigualdad en tanto responsabilidades tributarias para personas que ejecutan rubros similares que deben pagar impuestos, patentes y los costos asociados como empleador a la cotización de sus trabajadores. Por lo demás, la medida busca generar Valor Publico en una población focalizada, que no representa a quienes más necesitan la asistencia del municipio en el ámbito comercial.

Por lejos, Alberto Picuasi es una víctima de las discriminaciones multidimensionales de la sociedad chilena. Su condición de migrante ecuatoriano resultó ser un impedimento para optar a condiciones justas de empleo. Lo más probable es que su única alternativa era pertenecer a ese colectivo de migrantes que labora en la precariedad.

Es cierto que, en algunos casos, el trabajar sin patrón permite flexibilidades en el día a día, pero es un beneficio que es circunstancial. Aun así, las madres deben ir a dejar a sus hijos al jardín o al colegio, para llegar a tirar el paño en la calle para tener el dinero que compre la comida del día. También se ven expuestas/os a enfermedades por no ir al baño, estar sometidas/os a muchas horas de calor, frío o lluvia. Algunas/os deben lidiar con el difícil medio de los traficantes que les surten de mercadería (muchas y muchos la consiguen legalmente) y, por supuesto, con el miedo y nervio constante de alcanzar a guardar lo que vendes antes que te caiga el contingente y decomise tu sustento (el cual si bien procede a quedar en los Juzgados de Policía Local para ser devuelto a sus dueñas/os- luego de estar detenida/o y pagar una multa de cerca de 3 UTM-, siempre termina generando ingresos al municipio (a causa de la subasta a la que se someten los bienes incautados después de un periodo de tiempo).

Entonces, ¿por qué corrió Alberto? Porque con su huida salvaba el sustento que su familia necesitaba para sobrevivir unos días más en la jungla capitalina. Su fuga es política, toda vez que está escapando de una serie de discriminaciones y precariedades que vienen por añadidura.

Picuasi es parte del gran problema con el que lidia la clase trabajadora históricamente: luchar por la vida, aunque esto implique perderla.