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El lobby y los pagos de favores que rodean la nominación de Dobra Lusic a la Corte Suprema

Por: Natalia Figueroa | Publicado: 14.04.2019
El lobby y los pagos de favores que rodean la nominación de Dobra Lusic a la Corte Suprema Dobra Lusic | Dobra Lusic, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago.
La ministra Dobra Lusic está a punto de ascender a la Corte Suprema apoyada por Sebastián Piñera. El gobierno ha destacado su amplia trayectoria. Pero tiene un pasado oculto, dado por el círculo que la promueve de manera reservada. De acuerdo a una grabación a la que accedió El Desconcierto, que circula en el mundo judicial desde el año pasado y que sería conocida por el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, sus “líderes de campaña” han hecho un fuerte lobby y pagos de favores para posicionarla. Un segundo caso está relacionado con un sumario que se instruyó en su contra, hace más de diez años, por el uso de bienes fiscales sin autorización y de manera irregular, del que resultó sin sanción a diferencia de dos jueces de menor grado.

La ministra Dobra Lusic (69), que está a punto de ascender a la Corte Suprema apoyada por Sebastián Piñera, tiene un pasado oculto dado por el círculo que la promueve de manera reservada. De acuerdo a una grabación a la que accedió El Desconcierto que circula en el mundo judicial desde el año pasado y que sería conocida por el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, sus “líderes de campaña” han hecho un fuerte lobby y pagos de favores para posicionarla.

En septiembre del año pasado, la jueza Marcela Guerra Salfate (45) del Juzgado de Policía Local de Peñalolén, recibió una llamada del abogado John Campos Benavides (49). Ella estaba en la oficina junto a su secretaria Cecilia Gajardo.

Campos, un reconocido lobbista al interior del Poder Judicial cercano a la UDI, buscaba apoyos en el Senado para Lusic, entonces presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago. La ministra integraba la quina votada por la Corte Suprema para definir al reemplazante del ex ministro Carlos Cerda, quien jubiló a fines de junio pasado. De ahí saldría la carta propuesta por La Moneda que, finalmente, ratificaría la Cámara Alta.

El llamado a Guerra fue por su cercanía con el senador PPD, Guido Girardi, con quien trabajó años atrás.

, le respondió la jueza, agregando que la información que manejaba era que las conversaciones ya estaban avanzadas y que los dos candidatos fuertes eran los ministros Javier Moya y Mauricio Silva.

Le explicó, también, que en un minuto Lusic había quedado descartada, pero que no sabía la razón. , le advirtió Guerra.

Más adelante en la conversación, que duró poco más de 15 minutos, Campos le dice:  Esto, porque Lusic era la ministra visitadora de la jueza Guerra y de ella dependían las calificaciones que finalmente votaba el pleno de la Corte de Apelaciones.

Más adelante, la jueza le dice:

Ese episodio terminó de resolverse cuando el Gobierno escogió a Mauricio Silva Cancino como su carta a la Suprema, lo que fue ratificado de manera unánime por el Senado, en enero de este año. Lusic tendría que esperar para ascender al máximo tribunal, aunque no tanto.

Consultada por El Desconcierto, la jueza Marcela Guerra confirmó el contenido de dicha llamada, al igual que su secretaria, quien fue testigo porque se realizó con el celular en altavoz. Guerra agregó que sus calificaciones estaban en 6,8, pero este año bajaron a 4.0.

Pago de favores

La semana pasada, el nombre de Lusic resonaba fuerte al interior del mundo judicial para ser nominada en el puesto que dejó vacante el ex ministro Milton Juica, quien también jubiló. Las dudas se despejaron el viernes, cuando fue ratificada por el presidente Sebastián Piñera para llegar hasta la Segunda Sala Penal de la Corte, pero aún resta la votación de los senadores.

Sin embargo, el círculo que la promociona de manera reservada enturbia la “transparencia y reconocida independencia” de la que habló el ministro de Justicia, Hernán Larraín, tras ser nominada en La Moneda, según publicó El Mostrador.

Desde el interior de la Asociación de Magistrados apuntaron a la relación de pareja de más de diez años que mantendría el lobbista John Campos con el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Rivera Muñoz, y sus supuestos intereses de ascender en la carrera judicial de posicionarse Lusic en el máximo tribunal. Señalaron que se les ha visto a los tres en reuniones informales.

Por otro lado, los nexos que Campos mantiene con el ministro Larraín también los comparte con el abogado Alejandro Espinoza, defensor del ex senador de la UDI Pablo Longueira, el ex senador PS, Fulvio Rossi; y el ex asesor de Marco Enríquez-Ominami, Cristian Warner.

Espinoza es cónyuge de María Pilar Gutiérrez, ex titular de la quinta notaría de San Miguel que ahora encabeza de manera interina Campos, tras el paso de Gutiérrez a la notaría Zaldívar en Santiago. Según comentaron fuentes judiciales a este medio, para que Campos quedara en ese puesto habría intercedido Dobra Lusic, como “pago” de la búsqueda de apoyos para la quina anterior a la Suprema, de la que obtuvo mayoría de votación, pero no resultó electa por el Gobierno.

Ahora John Campos estaría postulando al puesto de titular en dicha notaría donde nuevamente necesitará apoyos en los tribunales.

Sumario por uso de vehículos fiscales

En 2006, la Corte Suprema instruyó iniciar un sumario en contra de la ministra Lusic por el uso de vehículos que solicitó de manera verbal a la Policía de Investigaciones (PDI).

La investigación administrativa era más amplia de acuerdo a los antecedentes que entonces solicitó el ministro Milton Juica a la PDI. Según constató El Desconcierto, la petición comprendía el uso de vehículos y personal, entre 2004 y 2005, por los ministros de las Cortes de Apelaciones, fiscales judiciales y jueces del país detallando las fechas, tiempo de uso, lugares que se dispusieron y objetivo de los requerimientos.

Con ese documento en mano, Juica se concentró en tres casos particulares, de quienes solicitó ampliar la información: la jueza del Segundo Juzgado del Crimen de Los Andes, Mónica Monsalve Vázquez, aunque no había documentos que respaldaran su petición verbal de ser trasladada una vez al mes desde el tribunal a otros lugares en calidad de jueza visitadora; el juez del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, Juan Carlos Urrutia, quien solicitó vehículos fiscales para traslados desde su domicilio a la universidad y otros lugares; y, por último, de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic, a quien se le asignó en calidad de préstamo un BMW azul y se le pusieron a disposición dos conductores.

En un informe confidencial que envió Lusic en abril de ese mismo año a la Suprema, indicó que el préstamo se realizó mientras era ministra en visita extraordinaria del caso de Rodrigo Anfruns –el niño de seis años secuestrado y encontrado muerto en 1979–, entre otras causas.

“La buena disposición y gentileza (no puede calificarse de otro modo) demostrada por el Mando de la Policía de Investigaciones ha contribuido a hacer más ágil, oportuna y eficaz la labor de esta jueza (como una más dentro de todos los magistrados que han podido contar con idéntica disposición profesional) (…)”, señaló Lusic a la Corte.

Según detalló, se le había informado que los vehículos no estaban operativos y que se encontraban en los corrales institucionales a la espera de que les dieran de baja para su subasta. También, agregó que desde la Jefatura Nacional de la PDI se le reemplazó el BMW por uno marca Huyndai.

Al mes, la Suprema resolvió sancionar a los dos jueces de menor grado que Lusic, mientras que ella se libró de manchar su hoja de vida. El acuerdo de los ministros fue solicitar mayor información a la PDI en relación a sus “préstamos”.

Sin embargo, la decisión tuvo un voto en contra, el del ministro Milton Juica, lo que quedó constatado en el libro de acuerdos del sumario.

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