En la edición de ayer sábado 13 de abril en una revista especializada en Arte y Vivienda de un medio de prensa de circulación nacional, el destacado arquitecto y académico Sebastián Gray publicó la columna de opinión “Certeza Jurídica”, aludiendo a la pretensión que tiene la influyente y, por lo tanto, la muy cercana al poder político, Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y todas las organizaciones empresariales que bailan a su compás, en orden a que, según las anteriores, es inaceptable que los permisos de edificación que otorgan las Direcciones de Obras Municipales (DOM) sean declarados contrarios a derecho por la Contraloría General de la República (en adelante la Contraloría). Por ello Gray mencionó el conocido ejemplo de los 49 permisos ilegales cursados por el DOM de Estación Central a unas cuantas inmobiliarias para que construyeran sus obscenos guetos verticales.

Lo que no manifestó dicho columnista, posiblemente por falta de espacio, es que la díscola Municipalidad de Estación Central, a la fecha, se encuentra en un burlesco desacato pues ni el ex funcionario ni la actual funcionaria de la DOM se han atrevido a invalidar ningún permiso y por ello las faenas de construcción continúan campantes como si el dictamen vinculante y por lo tanto obligatorio, de diciembre de 2018 de la Contraloría, fuera un vulgar inocuo papel de carácter meramente indicativo.

Si ello acontece es porque la industria de la construcción, a través de su nave insignia, la CChC, es la asociación empresarial que tiene los mayores pergaminos en la actividad del lobby, de tal forma que ella ha impedido en los hechos, posiblemente con el aval verbal del endeble Minvu, que la municipalidad de Estación Central cumpla con su deber legal, por lo menos paralizando las obras de esas invasivas torres habitacionales. En todo caso, este episodio está radicado en la Corte de Apelaciones de Santiago por acciones contrapuestas de las constructoras y de organizados grupos vecinales de esa comuna.

Si algún lector interesado se pregunta por qué en esa comuna los dictámenes de la Contraloría no se cumplen, le contestamos prestamente diciéndole que el ente fiscalizador no tiene las herramientas legales de apremio y por ello sus resoluciones, no solo en Estación Central sino en todas las comunas del país son letra muerta, vacío legal que da pábulo para que la lacra de la corrupción se mantenga perdurable hasta que la casta política, algún día, decida modificar su ley Nº 10.336 de carácter constitucionalpara adecuarla a los nuevos desafíos que tenemos en probidad y transparencia.

Respecto de la “certeza jurídica” que reclaman los inmobiliarios apitutados, incluyendo a los ostentosos Fondos de Inversión, tal seguridad se logra simplemente si sus permisos respetan los marcos regulatorios, teniéndose en cuenta que la mayoría de los inmobiliarios que se desenvuelven en el mercado del suelo urbano disponible son actores privados medianos y pequeños que acatan sin chistar la ley, su reglamento y las normas de los Planes Reguladores Comunales (PRC), entre otros motivos, porque con este tipo de solicitantes de permisos las DOM son en extremo exigentes.

Ahora bien, se justifica plenamente el título de esta columna, pues mañana lunes 15 de abril en el patrimonial y republicano edificio del ex Congreso Nacional en Santiago, con competentes diputados del Frente Amplio, se ha convocado a una Conferencia de Prensa para denunciar, entre otras cosas, el contenido de un jocoso proyecto de ley denominado “Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para dar certeza jurídica en materia de aprobación de planos reguladores comunales y de permisos de edificación”, boletín Nº 12.432-14.

El autor intelectual y material de ese libertino proyecto de ley es el diputado UDI Juan Manuel Fuenzalida, legislador coquimbano que al aludir a los instrumentos de planificación territorial confunde la expresión “planos” con “planes”, que es el vocablo exacto que se utiliza en materia de Vivienda y Urbanismo. Lo acompañan en esta aventura inmobiliaria sus colegas Sergio Bobadilla, Carlos Abel Jarpa, Raúl Leiva, Cristián Moreira (hermano del senador pinochetista), Erika Olivera, Pablo Prieto y Matías Walker, luego son 8 los legisladores que intentan establecer cambios en la ley para transformarla en un expedito vehículo para facilitar el negocio de sus avispados mandantes.


Presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad