Quizá nada tendrá mayor repercusión en la decisión del votante que concurrirá a la próxima elección presidencial, que la exhibición de la privacidad real o inventada de los círculos de poder. Ofender el pudor por el puro afán de desacreditar al adversario, será la herramienta al uso de la estrategia política y electoral, si acaso ya no está en marcha el desenlace que debería ocurrir en 2022.

Chile será más transparente, pero no en el sentido de una progresión virtuosa, sino más bien de una trayectoria opuesta: la de una regresión libertina, de un descenso al infierno de la transparencia exhibicionista y voyerista, donde perece toda singularidad, misterio, reserva, ocultamiento y privacidad, que son los límites todavía apreciados y cuidados como garantías de nuestra integridad y dignidad personal, y como condiciones de una práctica política ajustada a principios éticos.

Familias y comunidades al desnudo

«Pornografía es el contacto inmediato entre la imagen y el ojo», escribe el filósofo surcoreano Byung-Chul Han en La sociedad de la transparencia. Y nosotros vemos revelarse esta inmediatez en acontecimientos de la vida cotidiana, como el de la joven que se suicida agobiada por la presión del bullying, hasta el incidente que frustra la elección de Gabriel Silber como presidente de la Cámara de Diputados.

En la cruda y, por ello, violenta imputación que se le hizo a Silber, la desnudez de la privacidad familiar torna vanos el relato, el argumento y la racionalidad de la controversia, sea en defensa o en recriminación del censurado. El daño está hecho, suele decirse, lo cual crucialmente significa que han desaparecido las mediaciones, que no cabe interponer otra cosa, que ha bastado la sola exhibición. Y si los autores y sus cómplices han sido crueles y perversos, lo han sido por esta praxis post privacidad donde las víctimas todavía no saben cómo oponerle barreras protectoras que despierten el respeto que concitaban los viejos cánones morales.

Pero, si en el caso del diputado Silber lo que se despoja de privacidad es la familia, en otros episodios lo que se da vuelta hacia fuera es un vínculo comunitario que admite ciertas reticencias o sigue protocolos de reserva. Así se puede comprobar en la imagen difundida por Radio Biobío donde aparece el senador Juan Pablo Letelier en un almuerzo de camaradería junto a ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, tres de ellos investigados por tráfico de influencias y pagos indebidos. La fotografía satisface por sí misma el propósito de mostrar un nexo entre los comensales. Y por eso, la réplica del parlamentario, cuyo mandato se renueva en 2022, es rápida y aguda. «Pretender involucrarme en las malas prácticas de los ministros hoy acusados es miserable y responde a una campaña orquestada», protesta indignado.

Pero, no obstante el desmentido, queda abierta una rendija por donde se sigue filtrando la luz que, desde lo ignorado u omitido, amenaza arrancar la desnudez, verdadera o falsa, del lazo comunitario que une a los socialistas. Al Tribunal Supremo del Partido Socialista ha llegado la solicitud del exconcejal de Rengo Sergio Roldán en la que pide abrir una causa disciplinaria contra el poderoso congresista. En la petición se lee que «el senador ejercía su influencia para incorporar personas de su confianza, personas en las ternas que debían conformarse para la designación de notarios, jueces y otros funcionarios del Poder Judicial».

En seguida los diputados socialistas Jaime Naranjo y Manuel Monsalve, este último jefe de bancada, exhortaron al órgano de justicia a resolver la admisibilidad del recurso. Monsalve es consciente del bien personal y colectivo que se pone en juego al descorrer el velo. Así lo ha confirmado al sostener que «no me gusta asesinar comunicacionalmente a la gente, pero ya que un militante hizo un requerimiento al TS, soy partidario de que se investigue y aclare».

Los controles que practica el poder

Una trama que muestra con elocuencia el advenimiento de la sociedad de la transparencia y sus obscenos efectos en la actividad política contemporánea, es la que afecta a Podemos, formación española de izquierdas fundada en marzo de 2014 y al frente de la cual se encuentra el cientista político Pablo Iglesias.

Desde hace tres años Podemos ha venido denunciando operaciones policiales de espionaje destinadas a vincular a la organización y a sus dirigentes con redes ilegales de financiamiento. La entidad responsabiliza al Ministerio del Interior —bajo gestión de la derecha como de la izquierda— de intensificar tales prácticas en coyunturas políticas convenientes, como son los periodos de elecciones, cuando la población queda expuesta a la propaganda de candidatos y partidos.

La actual es una de aquellas ocasiones ventajosas. La próxima semana se celebrarán elecciones generales en España y el favorito es el Partido Socialista, que, para formar gobierno, debería contar con el apoyo de Podemos, perfilado por los sondeos de opinión como la tercera o cuarta fuerza parlamentaria con 41 escaños probables.

Las denuncias de Podemos apuntan al anterior titular de la cartera, el PP Jorge Fernández Díaz, de quien dependía la denominada Brigada Patriótica, unidad policial estrenada en 2012 en Cataluña con la tarea de vincular a los líderes independentistas con millonarias cuentas bancarias suizas y andorranas, propósito que resultó un completo fracaso, pero que les originó a las víctimas fuertes pérdidas de credibilidad y de electores.

A Fernández Díaz se le atribuye haber enviado a Nueva York, en abril de 2016, un inspector jefe de la policía con la misión expresa de obtener de un ex ministro venezolano testimonios que acreditaran que la fundación CEPS, ligada a Podemos, había recibido más de 5 mil millones de pesos del gobierno de Venezuela. El enviado operó para todos los efectos con recursos públicos, pero no consiguió el objetivo.

Las operaciones de inteligencia se iniciaron poco antes de los comicios parlamentarios de diciembre de 2014, cuando el recién constituido Podemos obtuvo 42 de los 350 diputados y se posicionó como la tercera fuerza política de la península, después de la derecha representada por el Partido Popular, y de la centroizquierda, simbolizada por el Partido Socialista.

Objetos del deseo y del castigo

La estrategia de contención contra Podemos partió con la difusión de un informe que implicaba a la colectividad en la recepción de recursos procedentes del gobierno de Irán. Siguió con otro dossier que imputaba a Iglesias haber aceptado de Nicolás Maduro 178 millones de pesos depositados en una cuenta bancaria de Granadinas. La confesión pertenecía a un ciudadano venezolano que, a cambio, gozaba de residencia extraordinaria en España otorgada por Interior. Por cierto, ninguna de estas maniobras prosperó ante la Justicia.

Luego, a una colaboradora de Iglesias le fue sustraído un teléfono celular en cuya memoria había grabadas conversaciones privadas sostenidas con el líder del partido. Podemos culpó al excomisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión preventiva, de haberse apropiado de la memoria, de haberla entregado a la Brigada Patriótica, y de haber proporcionado a la prensa información almacenada en ella. Por todo descargo el agente encubierto declaró que había recibido el registro de un periodista, lo cual ha hecho evidente la participación de los medios de comunicación en las operaciones tejidas contra Podemos.

Otras aristas de la trama son los casos Kitchen y Tándem. El primero, sobre información valiosa de líderes del Partido Popular en manos de Luis Bárcenas. El segundo, sobre millonarias actividades empresariales —se calcula un capital ascendente a los 12 mil millones de pesos— realizadas por Manuel Villarejo, y que, según los fiscales, son incompatibles con las funciones asignadas al Cuerpo Nacional de Policía.

En la sociedad de la transparencia, todo lo misterioso despierta la obsesión patológica de ser revelado, y todo lo que se revela hasta el hartazgo se torna espectáculo, precisamente por ser un elemento porno.

Pablo Iglesias hizo noticia cuando se difundió la compra de una casa de 448 millones de pesos en el barrio de Galapagar en Madrid. Sus críticos no lo consideraban un nivel de consumo digno de comunistas, estándar que, de cualquier modo, contrasta con los 500 mil pesos mensuales de arriendo que paga Pablo Echenique, el rosarino secretario de la organización.

El líder de Podemos siguió siendo noticia cuando una cámara de seguridad policial instalada frente a su domicilio fue hackeada y comenzó a transmitir a todo el mundo imágenes de las rutinas seguidas en la residencia. «Ya conocíamos este episodio —espetó Echenique—, que es de enorme gravedad y que evidencia que queda mucho por hacer en la limpieza de las cloacas del Estado».


Politólogo y Economista