Un fuerte giro en el caso de Aldo Motta Camp se vivió este lunes. La segunda sala penal de la Corte Suprema, encabezada por el ministro Hugo Dolmestch, dictó que deberá repetirse el juicio que determinó que Motta Camp era culpable de dos operaciones de manipulación del mercado bursátil y de un cargo de abuso de posición dominante en el mercado.

Motta Camp fue condenado en enero de este año por estos cargos a cuatro años de libertad vigilada. A esta, se suman sanciones legales accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y, por un plazo de cuatro años, para ejercer cargos y oficios públicos. Además, una inhabilitación de cinco años para desempeñarse como gerente, director, liquidador o administrador a cualquier título de una sociedad o entidad sometida a fiscalización.

Pero todo esto quedó en la nada, ya que por orden de la Corte Suprema, el juicio deberá rehacerse.

Esto luego de que el pasado 23 de enero, la defensa de Motta Camp recurriera al máximo órgano jurisdiccional chileno.

La vulneración de las garantías al debido proceso, la incompetencia del tribunal que dicta la sanción y la aplicación errada del derecho”, fueron algunos de los argumentos que la defensa de Motta Camp,  encabezada por Marcelo Sanfeliú y Samuel Donoso, esgrimió en un escrito ante el máximo tribunal.

Samuel Donoso, uno de los abogados defensores, comentó que “valoramos la sentencia de la Corte Suprema. Creemos que se impuso el Estado de Derecho. Hoy que se anuló la condena contra Aldo Motta no debiera ser excepción, sin embargo obviamente estamos satisfechos que haya primado el respeto a las garantías procesales de todos los ciudadanos”.

Y el retroceso podría ir más allá, ya que podría implicar un mal antecedente para la persecución de otros de los involucrados en el caso Cascadas.

“Obtener un resultado positivo (condena a Motta) va a generar un escenario favorable para poder seguir en el proceso penal en contra de quienes estuvieron a cargo de este esquema fraudulento”, sostuvo Mauricio Daza, abogado querellante del caso en marzo del 2018, cuando aún no se condenaba a Motta Camp.

Y en enero de este año la condena contra el ex gerente de las sociedades con que Julio Ponce Lerou controlaba la minera no metálica SQM, finalmente llegó. Pero, dada la resolución de hoy por parte de la Corte Suprema, es difícil que tenga el efecto esperado por Daza en el 2018.