El pasado 4 de abril se creó en Chile una nueva instancia que agrupa organizaciones de migrantes, la Federación Nacional de Migrantes y Refugiados (Fenamir). La flamante entidad se presentó como un colectivo que promueve la migración “legal, ordenada y sustentable” y expresó públicamente su “total rechazo” a las acciones y pronunciamientos de la Coordinadora Nacional de Migrantes, a la que acusaron de “reducir el debate migratorio a una discusión ideológica”.

Promovida desde la subsecretaría de Interior –según fuentes de la propia división–, la Federación comparte la misma línea que promueve el gobierno de Sebastián Piñera en materia migratoria. Su discurso insiste en rechazar “las vías de hecho”, es decir, aquellas que se dan al margen del procedimiento establecido, y da continuidad a la retórica del Ejecutivo y a su conocido lema de “ordenar la casa”.

Por ahora, Fenamir no cuenta con portal web ni redes sociales propias, por lo que ha trascendido poco sobre sus objetivos y propósitos concretos. Sin embargo, sí se han conocido algunos de los nombres que encabezan el proyecto, como su presidente, el abogado colombiano Carlos Urresty Benavides.

Urresty llegó a Chile hace tres años y su situación migratoria está sujeta a una visa temporaria de refugiado. En Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, en la costa oeste colombiana, fue concejal por distintos partidos de tendencia conservadora y precisamente su cargo de concejal lo llevó a presidir la Confederación Nacional de Concejos y Concejales de Colombia (Confenacol).

Pero el expediente de Urresty en Colombia tiene algunas manchas que, tras su llegada a Chile, no se han podido dilucidar y que lo mantienen investigado en su país de origen hasta el día de hoy.

En marzo de 2017, una vez ya en Chile, la Fiscalía lo acusó junto a su hijo, hija y sobrino, por apropiación de dinero derivada de la administración de un hotel de Cali que fue incautado al narco y quedó a manos de la hoy desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Se trata del hotel Plaza Versalles, ubicado en el norte de Cali, que pasó a manos del Estado luego de haber tenido nexos con la mafia del cartel de Cali y el narco mexicano, según publicó la prensa local.

Una vez bajo la gestión estatal, en 2009 la DNE entregó su administración a un “depositario provisional” y designó para ello a Carlos Andrés Urresty Isaza, hijo de Urresty Benavides. A raíz de las supuestas irregularidades que se cometieron durante ese período, la entidad lo removió en septiembre de 2012.

La investigación del Ministerio Público imputó varios cargos en contra de distintos miembros de la familia Urresty por la presunta apropiación de más de 1.100 millones de pesos colombianos  (unos 350.000 dólares) pertenecientes a la DNE, derivados de la administración del Hotel Plaza Versalles entre los años 2009 y 2011. Según peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), dos contadores del hotel –también vinculados al caso– habrían alterado y ocultado la información sobre el sistema financiero presentando informes falsos para favorecer al depositario y demás responsables de la administración del inmueble.

A Carlos Urresty Benavides y a su sobrino, Carlos Arturo Cuéllar Isaza, se les acusa de peculado (malversación) por apropiación continuada y enriquecimiento ilícito de particulares; a su hijo, Carlos Andrés Urresty Isaza, lo acusan de peculado por apropiación continuada, enriquecimiento de servidor público y abuso de funciones públicas; y a su hija, Adriana Fernanda Urresty Isaza, detenida en junio de 2016 luego de que ella se presentara ante la justicia voluntariamente, la procesaron por peculado, por apropiación y enriquecimiento ilícito de particulares. Según informó la Fiscalía de Cali a El Desconcierto, Adriana Fernanda Urresty enfrentará el juicio los próximos 27 y 28 de mayo. Luego de pasar varios meses en prisión preventiva, actualmente la mujer está en situación de arresto domiciliario.

carlos urresty

Carlos Urresty Benavides / Twitter

Según la Fiscalía de Cali, padre e hijo están procesados y declarados “en contumacia”, es decir, que han rehusado asistir a una diligencia judicial, y “personas ausentes” por lo que se les abrió una orden de captura en su contra. El proceso sigue abierto hasta hoy.

El caso del Hotel Plaza Versalles se destapó en 2016 y reveló un escándalo en el que, presuntamente, estuvieron implicados congresistas, depositarios y funcionarios, y que llevó al entonces director de la DNE, Carlos Albornoz, a la cárcel desde 2012 hasta 2017. Finalmente, la justicia lo absolvió el año pasado.

Pendiente del refugio migratorio

Urresty Benavides aterrizó a Chile con la intención de solicitar asilo. Lo hizo presentando ante el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) la documentación requerida para demostrar la condición de refugio. Además, el solicitante tiene que someterse a una entrevista que junto con toda la documentación es evaluada por un comité encargado de admitir o rechazar el refugio. La decisión se puede apelar, pero difícilmente es revocable. Según según cifras del DEM, en 2018 Chile aprobó 171 de esas solicitudes y rechazó otras 2.449, la cifra más alta en años.

La Ley de Refugio chilena no hace referencia explícita al refugiado como perseguido político. En el artículo 2º se establece que tendrán derecho a que se les reconozca la condición de refugiado quienes, “por fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no puedan o no quieran
acogerse a la protección de aquél debido a dichos temores”. Asimismo, el texto dice que podrán solicitarlo “los que hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en dicho país.

Fuentes conocedoras de la situación de Urresty Benavides explicaron a este medio que su intención sería sostener su solicitud de refugio bajo el amparo de la Confenacol que, según las fuentes, fue reconocida como víctima ante el Estado colombiano porque varios de sus integrantes fueron asesinados durante el conflicto colombiano.

Sin embargo, el artículo 16º, referido a la “Exclusión de la Condición de Refugiado”, indica que la condición de refugiado puede denegarse cuando existan “fundados motivos de haber cometido un grave delito común, fuera del territorio nacional y antes de ser admitido como refugiado”. Este artículo legal, la condición de imputado en un caso que se investiga desde mucho antes de llegar a Chile, y el juicio que se  iniciará próximamente, en el que Urresty aparece como “persona ausente” y que juzgará a su hija Ariadna Fernanda, podrían frenar el refugio del flamante presidente de la Federación de migrantes afín al gobierno.

* Nota del Editor: Carlos Urresty Benavides, implicado en este artículo, solicitó derecho a réplica a El Desconcierto. Revisa aquí la respuesta de Carlos Urresty Benavides.