Este jueves 25 de abril se conocieron los alegatos de los 12 recursos de protección presentados por la agudización de la crisis sanitaria y ambiental que sufrieron las comunidades de Quintero y Puchuncaví, cuando más de 1700 personas acabaron intoxicadas por gases tóxicos.

Las y los abogados que representan a las comunidades afectadas enfatizaron ante la corte que estos envenenamientos masivos que tuvieron lugar entre el 21 de agosto y mediados de octubre del año 2018, no fueron hechos aislados. La Bahía de Quintero y Puchuncaví lleva medio siglo siendo contaminada indiscriminadamente por las empresas que operan instalaciones industriales en el territorio, dentro de un Estado que no regula muchas sustancias tóxicas y que no ha ejercido poderes que tiene para resguardar los derechos y las vidas de las personas.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó en febrero el recurso de protección hacia el Estado porque considera que sí tomó medidas para frenar el daño socioambiental. Según esta lógica, que dichas medidas hayan resultado o no, es tema aparte. “Nosotras apelamos a la sentencia porque no se puede considerar que el Estado haya tomado medidas si estas fueron tan ineficaces que ni siquiera lograron parar los episodios de crisis”, explica Cristina Lux, abogada de la Defensoría Ambiental.

Alejandra Donoso, abogada de la Defensoría Ambiental, alega en favor de los pescadores artesanales y de las mujeres de aquella Zona de Sacrificio. También presentan sus alegatos el Instituto de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, FIMA (representando a varias organizaciones no gubernamentales ambientales), además de otras personas naturales.

Cabe recordar que hasta el día de hoy, nadie se ha hecho cargo en serio de la vulneración de los derechos fundamentales de los y las habitantes de la bahía de Quintero y Puchuncaví. Al respecto, Donoso afirma que “el Estado, teniendo competencias para prevenirlas y abordarlas cuando ocurrieron, no lo hizo de manera suficiente”. Recuerda que tampoco tenemos garantía de que una crisis sanitaria como la de agosto no vuelva a pasar, pues ocurrieron nuevas intoxicaciones de niños y adolescentes a inicios de abril.

En efecto, las respuestas de las autoridades estatales y de los gremios industriales fueron y siguen siendo insuficientes, tal como lo explica Katta Alonso, directora de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia. “No es normal que los niños estén con purificadores de aire en el colegio y tampoco se refiere al problema de fondo, pues descontaminar sólo el aire es insuficiente. Necesitamos un plan de descontaminación global de acuerdo a las normas de la Organización Mundial de la Salud”, afirma.

La audiencia empezó hoy y se cerrará el próximo jueves, 2 de mayo a las 12:30.