El sistema judicial en crisis

El objetivo de un sistema judicial es administrar justicia. Sé que esto suena tontamente obvio, pero es que como lo que ocurre con el sistema judicial parece muy lejos de su objetivo, quizás no esté demás recordarlo. Puede que haya alguien que se haya olvidado y crea que el sistema judicial tiene otras funciones.

Por ejemplo, hay un pequeño sector de la población que está bastante seguro de que el sistema judicial debe asegurar su propiedad. No estoy hablando del derecho a la propiedad que en teoría y en la Constitución todos tenemos, sino del derecho de propiedad que en concreto y en los deslindes territoriales corresponde a unos poquísimos. Para ese grupo, el sistema judicial debe proteger a los propietarios de todos aquellos pobres con espíritu menos sumiso que pretenden a veces obtener por la fuerza privada aquello que la fuerza institucionalizada les ha vedado. El sistema judicial debe entonces encerrar a los que ejecutan lanzazos, trepan paredes de casas ajenas para llevarse un balón de gas o abren un automóvil para sustraer un computador. Cárcel, prisión preventiva, menos garantías. Tolerancia cero.

En esa misma línea, por ejemplo, las forestales o los dueños de terrenos en La Araucanía entienden que hay que proceder con especial severidad en contra de los que intentan desconocer su derecho de propiedad, inventando cosas tan odiosas como eso del Wallmapu y tratando de convencer a todo el mundo de que los habitantes ancestrales de esas tierras alguna vez fueron dueños de ellas, reconocidos como nación y finalmente traicionados por un Estado que olvidó los acuerdos y asistió complaciente al despojo. Es decir, proteger la propiedad de ellos no es algo que el sistema judicial deba hacer; proteger la propiedad de nosotros, es la razón misma de la existencia de ese sistema. Y qué mejor que llamar terroristas a tanto aspirante a recuperar lo que le robaron y aplicar sistemas de persecución penal vergonzosamente contrarios al debido proceso para que el nombre adquiera fuerza de cosa juzgada.

Otros muchos, que no son ni propietarios y forman parte del enorme grupo de los maltratados en Chile – los que no tienen acceso a la salud, los que no sueñan con educación decente para sus hijos, los que juran que Chile es solidario gracias a la Teletón y que es un país de las oportunidades y la movilidad social, los que ganan menos de 400 mil pesos al mes, los que no tienen casa, los que viajan hacinados en el metro, los que no tienen vida propia, los que envejecen o envejecerán solos y enfermos, en fin – y que inexplicablemente votan a la derecha y parecen mirar a los privilegiados con un dejo arribista y aspiracional patético,  se manifiestan furiosos con la delincuencia. Son los que piden más cárceles y cárcel efectiva, además; son los que repondrían la pena de muerte, pensarían seriamente en restablecer la pena de azotes y alientan la indefinida rebaja de la edad para ser enjuiciado como adulto, porque ni la niñez les mueve a la compasión ni les hace pensar que quizás algo anda muy mal en toda la sociedad y no solo en esos niños. Son los que encantados asistirían, para participar activamente en la mayor parte de los casos, en ajusticiamientos callejeros (total, los juicios, el derecho a la defensa y las garantías son lujos que no podemos darnos). Seguramente, son seres violentos que sienten que pueden disfrutar de la violencia si tienen “permiso institucional” para ello.

Si el sistema de justicia se erige sobre la base de proteger a los poderosos en sus privilegios y mantener a los débiles a raya en sus reclamos, el sistema es un circo que no da risa. Chile es sinónimo de propiedad súper concentrada de todo lo que importe: forestales, peces, minería, electricidad, pensiones, medios de comunicación y, en definitiva, el capital; de personas que ven sus entornos destruidos por empresas que los convierten en zonas de sacrificio; de ladrones de CDs muertos en incendio de cárceles y de financistas irregulares de la política tomando apuntes sobre ética; de jueces y ministros que creen que son seres superiores y no servidores públicos, causantes de las desastrosas evaluaciones ciudadanas sobre la confiabilidad del sistema judicial.

Somos un país profundamente injusto. Y todos lo sabemos muy bien.

Si el sistema judicial no es capaz de actuar con justicia y mucho menos de corregir las injusticias, es todo el sistema social el que se horada y carcome, porque si el maltratado no puede acudir a un sistema de justicia, terminará por acudir a la fuerza. No es difícil de entender.

O construimos la justicia en serio o nos sentamos a esperar a que la injusticia colme la paciencia de tanto maltratado. Y el primer constructor de la justicia, y también el primer responsable de la injusticia en un sistema social, son los tribunales en todas sus versiones. Hasta aquí, no pasan el examen. Tres bolitas negras, decían en mis remotos tiempos.