Desde agosto del año pasado, el lonko Alberto Curamil Millanao (41) pasa sus días en la cárcel de Temuco. Desde ahí toma contacto con nuestro diario, en llamadas interrumpidas cada diez minutos como lo dispone Gendarmería. A pesar de las restricciones, dice que, como autoridad ancestral de la comunidad Pancho Curamil, es importante que se conozca el motivo de su resistencia.

Este año Alberto es el activista mapuche merecedor del Premio Goldman 2019 para América Latina, el mismo que años atrás obtuvo la líder indígena de Honduras Berta Cáceres, asesinada en 2016, y la campesina peruana Máxima Acuña. El galardón es considerado el “Nobel” en materia medioambiental.

Para Alberto, en tanto, es la manera de mostrar un conflicto que el Estado chileno siempre ha buscado silenciar. Es una vitrina para que se develen las injusticias.

—Curacautín es un territorio amenazado por muchos megaproyectos hidroeléctricos de empresas trasnacionales y estamos en pie de lucha para defenderlo, pero nuestra movilización ha sido castigada con cárcel y con la muerte de muchos de mis hermanos—, se le escucha expresar con seguridad al teléfono.

Es al interior de la Araucanía, en las comunidades Pancho Curamil, Benancio Huenchupan, Kilape López, Liempe Kolipi, a unos diez kilómetros de Curacautín, donde se elevan los bosques milenarios de araucarias y cruza el río Cautín. Un territorio que, a la vez, ha estado en el ojo de los empresarios.

Desde antes de 2013 las organizaciones ambientales y las comunidades mapuche advertían sobre la concentración de más de diez proyectos hidroeléctricos que eran analizados en la cuenca del río Cautín. Dentro de ellos, estaban las dos mega centrales Alto Cautín, del grupo Agrisol, y Doña Alicia S.A, de capitales españoles, que amenazaban con desviar más de 500 millones de galones de agua diarios para la generación de energía. De ser aprobadas, la reducción del caudal sería inminente en un contexto de sostenida sequía y posiblemente se les abriría la puerta a los otros proyectos planificados.

Como integrante de la Alianza Territorial Mapuche, Alberto movilizó a las comunidades e hizo de puente para que se asumieran distintas estrategias con tal de evitar a toda costa la instalación de estas centrales que intervendrían algo para ellos sagrado.

El descontento se expresó a través de protestas callejeras, marchas y bloqueos de carreteras, además de contar con asesoramientos de ONG sobre los impactos medioambientales y culturales que traerían aparejadas las obras. También, recibieron respuestas: detenciones violentas, allanamientos en las comunidades y vigilancia policial día y noche.

En paralelo, el gobierno –integrado por un Comité de Ministros durante el trámite ambiental– les daba el visto bueno a los proyectos, a pesar de los cuestionados procesos de consulta indígena que no permitían abordar de manera transversal las consecuencias.

Todo se resolvió en tribunales. En el caso de Doña Alicia, la Corte Suprema rechazó su construcción, en 2018; mientras que en Alto Cautín fueron los propios representantes legales los que desistieron de iniciar las obras, en 2016.  Con esto, se demostraba la inexistencia de un proceso que contara con el consentimiento libre, previo e informado como lo debe garantizar la ley antes de avanzar en cualquier proyecto de desarrollo energético.

Alberto recalca que fue la fuerza de las comunidades la que logró torcerle la mano a estos dos foráneos que de manera implacable se interpondrían en el curso natural de los ríos. Más aún, expresa, de la vida.

Cuenta, además, que su lucha es por la tierra y por la dignidad de quienes la habitan; que no es algo individual porque, en sus creencias, los protagonismos no existen.

Registro de Radio Kurruf

Espiritualidad en riesgo

Hoy, desde la cárcel de Temuco, Alberto asume la prisión política. Así lo manifiesta.

Recuerda que desde antes de que fuera detenido por policías del “Comando Jungla”, el plan antiterrorista impulsado por el presidente Sebastián Piñera, presentía que algo se avecinaba.

En la comunidad Pancho Curamil era constantemente vigilado con drones, la presencia policial era cosa de cada día -y se acrecentaba-, y los amedrentamientos para que no siguiera con los procesos de recuperación de las tierras, junto con otros dirigentes, se hacían sentir.

Fue a mediados de agosto del año pasado cuando lo detuvieron vinculándolo a un asalto en Galvarino a partir de una denuncia anónima. Desde esa fecha, está en prisión preventiva junto Álvaro Millalen, también dirigente territorial. Mientras que, por ahora, Alberto está a la espera de que se inicie la preparación del juicio.

Su abogado, Rodrigo Román, asegura que no existen pruebas sólidas para inculparlo y que, de acuerdo al levantamiento de muestras, no hay coincidencias con el perfil genético de Alberto en el lugar donde ocurrieron estos hechos.

—Esa mañana él estaba viendo las noticias y vio el asalto (…) Esta es una persecución penal infundada—, enfatiza el integrante de la Defensoría Popular.

Antes de su detención, Alberto comenta que tuvo sueños, señales, dice, de su espiritualidad y varias veces se los comentó a su familia. Sentados todos en la mesa, le dijo a su compañera Isabel Cañio (35) y a sus tres hijos que fueran fuertes y que siguieran defendiendo los conocimientos mapuches, respetando la sabiduría de sus antepasados, en todos los espacios del Wallmapu.

Isabel es profesora intercultural y recuerda que cuando se llevaron a Alberto los niños estaban en la escuela.

—Una vecina de cerca de mi casa me dijo después que habían llegado hasta helicópteros. Aquí en la casa es harto el espacio donde vivimos. Al Alberto lo amenazaron con escopeta, lo encontraron a la entrada de Curacautín. Yo no estaba con mis hijos y menos mal porque sería un trauma muy grande para ellos, como para todos los niños que viven acá—, se le escucha decir con aflicción al recordar el episodio.

Inevitablemente esto los hacía volver a las marcas del pasado. Cinco años atrás, Alberto fue arrestado y acusado por disturbios públicos, en medio de las protestas que lideró junto a otros comuneros para evitar la instalación de los megaproyectos hidroeléctricos. Ahí se encontraba Isabel, entonces, embarazada.

Él recuerda que lo golpearon y que quedó con graves heridas en su rostro. Aun así, no sucumbieron y la convicción por proteger el río sagrado se mantuvo inalterable.

—La espiritualidad está en riesgo y eso el Estado no lo respeta—, expresa el lonko de Pancho Curamil.

Registro de Leonardo Toro Hernández

“A unos los asesinan y, a otros, nos encarcelan”

A los meses de la detención de Alberto se conoció un registro policial que daba cuenta de las investigaciones que se le hacían por integrar la Alianza Territorial Mapuche y ser parte de procesos reivindicatorios de predios en manos de latifundistas y forestales, además de liderar la oposición a los amenazantes proyectos energéticos.

En el mismo registro aparecía el nombre de Camilo Catrillanca, el comunero de Temucuicui asesinado por carabineros en noviembre del año pasado, el werken Mijael Carbone y el lonko Jorge Calfuqueo, entre otros activos dirigentes.

Alberto reflexiona sobre esto:

—A Camilo lo asesinaron y a mí me tienen aquí encarcelado. He sido torturado por la fuerza policial por defender a los hermanos procesados judicialmente, por hacer visible esto—, sostiene.

El lonko dice que este es el costo de reunirse en un frente unido y crítico ante proyectos destructivos.

Desde fines del año pasado, ha solicitado permiso para salir de la cárcel: en dos oportunidades por la licenciatura de sus hijos y la última, en marzo pasado, para asistir a la ceremonia espiritual que este año él debía encabezar como lonko. Las tres les fueron negadas. Tampoco ha podido realizar ceremonias al interior del centro de reclusión en el que está.

—Por mantener un pensamiento distinto al poder-capital estamos aquí, pero tenemos que aguantar y demostrar nuestra inocencia—, se le escucha decir a Alberto, antes de que terminen los últimos minutos de su llamada.

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El Premio Ambiental Goldman es el mayor reconocimiento a nivel mundial  que honra a los activistas ambientales comunitarios. Fue creado en 1989 por los líderes cívicos y filántropos Richard y Rhoda Goldman. Los ganadores del Premio son seleccionados por un jurado internacional de nominaciones confidenciales presentadas por una red mundial de organizaciones ambientales e individuos.