camila rojas (1) | AGENCIA UNO
Mediante su liderazgo de esta instancia, la parlamentaria busca encaminar nuevas y viejas demandas de las comunidades educativas, como la educación no sexista, la seguridad escolar o el endeudamiento universitario. En conversación con El Desconcierto, Rojas profundizó en su agenda legislativa y en sus diferencias con el Mineduc.
A inicios de abril la diputada Camila Rojas (Comunes) asumió la presidencia de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, luego de cumplir un año como parlamentaria. Como representante de la bancada frenteamplista, la legisladora se ha hecho parte activa de los diversos debates educativos que han matizado la agenda durante su periodo.
Bajo este nuevo rol, hace sólo unos días anunció una gira por cuatro regiones del país, en donde emulará lo realizado por la ministra de Educación Marcela Cubillos en su viaje por el país difundiendo el proyecto Admisión Justa. Por su parte, Rojas espera «informar lo que el Mineduc no está diciendo» sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE). Al mismo tiempo, la diputada espera recopilar el sentir de las comunidades educativas respecto de las reformas.
—Anunciaste una “avanzada” en respuesta a lo realizado por la ministra en su gira, ¿qué cosas omite Cubillos y qué puntos relevarás tú?
—Primero, el contrapunto tiene que ver con que nosotros vemos de manera crítica el rol que ha tenido la ministra, con una clara preocupación y obstinación por ciertos proyectos. A la par ha habido una despreocupación importante por la educación pública y otros temas han aparecido en la agenda y donde hay actores que quisieran aportar en los cambios que es necesario hacer. La ministra no sólo tiene una gran responsabilidad encabezando el ministerio de Educación, sino que además es la que tiene la mejor posición para impulsar transformaciones y lo que vemos en lugar de eso, es que está obstinada con ciertos proyectos que hasta ahora no han sido útiles para solucionar los problemas educacionales que siguen existiendo en Chile. En esta “avanzada por la educación pública”, como la llamamos, nos parece muy importante poder dialogar con distintos actores del sistema educativo. Nos queremos poner a disposición de las comunidades y ver también cómo podemos aportar desde el rol que hoy estamos jugando en hacer las mejoras al sistema. Nosotros sabemos que el sistema y las reformas que se han impulsado tienen deficiencias y, por lo tanto, no nos negamos a hacer cambios, pero nos parece importante abrir un diálogo sustantivo que entregue información también. Hasta ahora la ministra no ha entregado toda la información necesaria sobre el sistema de admisión y en el fondo pone por delante su agenda personal con Aula Segura y Admisión Justa.
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La semana pasada distintos parlamentarios de oposición cuestionaron el retraso por parte del Mineduc en la implementación de la Ley de Nueva Educación Pública, aprobada a fines del gobierno de Michelle Bachelet. Entre otros cambios, la normativa apunta a la desmunicipalización, mediante la creación la Dirección de Educación Pública e implementando Servicios Locales de Educación que se encarguen de la administración de los establecimientos.
En relación a esta demora, en la prensa se difundió la posibilidad de una acusación constitucional contra la ministra Cubillos por abandono de deberes. Sin embargo, la diputada indica que esta información sería solo un «trascendido». «Particularmente, yo no he evaluado esa posibilidad. Tampoco lo hemos visto en alguna coordinación con los diputados y diputadas de la comisión. No lo descarto eso sí, porque se puede evaluar en su momento», señala.
—Desde el gobierno justifican dicho atraso por las complejidades del proyecto, ¿qué te parece este escenario?
—Efectivamente hay un punto en que es un proceso complejo, porque la educación pública en Chile por mucho tiempo estuvo abandonada. Quedó en las manos de los municipios y en muchas comunas había grandes problemas con la educación. No sólo por los resultados en las pruebas estandarizadas, sino que también en detalles como el no pago de deudas previsionales a profesores. Sí, estamos frente a un proceso que es bien complejo, pero pretendemos seguir profundizándolo en esta avanzada que vamos a hacer en los Servicios Locales de Puerto Cordillera, en la Región Metropolitana y también en Costa Araucanía. Porque acá hay distintas fases del problema: una es que hasta ahora no hay director de educación pública titular, hay una persona subrogante. También hasta hace poco tampoco había directores oficiales en los Servicios Locales existentes. Otra arista es que los profesores y profesoras han expresado un sinfín de problemas que viven en el día a día, que –entre otras cosas- tienen que ver con el mantenimiento de los establecimientos.
«El gran cambio que se realizó es que ya no podemos hacer responsables a las municipalidades respecto a lo que está pasando en cada colegio. El responsable hoy es el ministerio. Por lo tanto, este Mineduc es mucho más responsable de la educación pública de lo que lo han sido todos los ministerios desde la vuelta a la democracia. Es nuestro deber exigir que efectivamente se haga responsable», agrega la ex dirigenta estudiantil.
—La ley Aula Segura ya ha mostrado sus primeras consecuencias y al mismo tiempo ha avivado las críticas a sus tintes criminalizadores, ¿cuál sería la forma correcta de enfrentar las situaciones de violencia en los establecimientos?
—Creo que, tal como en otros proyectos e iniciativas, hay un diagnóstico que es común con la ministra Cubillos y es que efectivamente hay un problema de convivencia escolar y violencia en los establecimientos. Esas situaciones siguen ocurriendo y nuestro problema con la ley que se aprobó -y que fue parte de la discusión del año pasado- es que nosotros dijimos que esta ley no va a solucionar el problema. Hoy la normativa no solo no solucionó el problema, sino que lo empeoró. Una de las advertencias que pusimos fue que estos casos podrían terminar en los tribunales, a raíz de que no se cumpliera el debido proceso y eso es lo que está pasando. En los establecimientos se toman determinaciones que terminan en el sistema judicial y ahí se determina “no innovar”. Entonces estamos en foja cero. Por otra parte, hay que diferenciar los problemas de convivencia escolar de aquellos conflictos que hoy constituyen una complejidad importante para el desarrollo normal de las actividades educativas y que por tanto, imposibilitan el derecho a la educación de los estudiantes. De eso último efectivamente hay que hacerse cargo, pero Aula Segura no sirvió para eso.
—Una iniciativa por la que el Frente Amplio se ha abanderado en su quehacer parlamentario ha sido la condonación del CAE y el fin del endeudamiento educativo, ¿en qué está este proyecto?
—Para nosotros como sector ese es un tema muy importante, por eso el año pasado levantamos una comisión investigadora del CAE. Actualmente hay un proyecto que está en discusión en el Senado que es el “Chao Dicom”, que lo presentamos junto a Deuda Educativa, el senador (Juan Ignacio) Latorrre (RD) y otros parlamentarios de oposición. Es una arista abierta, para nosotros no es para nada un tema cerrado. Nos sigue preocupando y nos parece que uno de los problemas fundamentales en Chile es el endeudamiento.
En relación a las problemáticas generadas por la ley de Gratuidad, la parlamentaria explica que «el año pasado los rectores y parlamentarios de oposición trabajaron en la posibilidad de ocupar los remanentes del Fondo Solidario en los déficit que estaba generando la gratuidad en las universidades. Sin embargo, el Tribunal Constitucional falló en contra de esa determinación y eso sigue siendo un problema abierto. Hay harta preocupación en relación a cómo quedó la ley. Esperamos poder darles solución y que el gobierno esté disponible para ello. También que esas soluciones sean conversadas con los actores que hoy quieren incidir, que son los rectores y los estudiantes».
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Mayo de 2018 fue un mes marcado por las movilizaciones feministas que se tomaron las instituciones de educación superior en el país y que elevaron la demanda por una educación no sexista. Sin embargo, son distintas las problemáticas que aún persisten en los establecimientos y que no permiten dar cierre a los petitorios.
—Las demandas del movimiento feminista en las universidades fueron numerosas, ¿cuáles crees que son los puntos más urgentes?
—A mí me parece que lo más urgente -y que se instaló en primera instancia en la movilización- es la necesidad de tener espacios seguros, que no sean hostiles para el desempeño de las estudiantes. En ese sentido, a mí me ha tocado ver también cuáles son los avances que existen en las instituciones y lo que he visto es que si bien existe una disposición y compromiso en la elaboración protocolos, luego siguen existiendo hechos donde se da el encubrimiento o protección a quienes han abusado o acosado, donde además no se aplican medidas cautelares. A mí me parece que el compromiso por la erradicación de la violencia machista en la educación hoy debe ser algo concreto y no sólo deben ser grandes anuncios. Sin perjuicio de que eso ya me parece un gran avance, porque antes no se hablaba de estos temas. Cuando haya casos tiene que tomarse todas las medidas necesarias para que no sean las afectadas quienes se terminen yendo de las instituciones. En ese sentido, es importante que se entienda que la posibilidad de erradicar estas prácticas no sólo tiene que ver con las sanciones, sino también con la prevención.
Según la diputada, precisamente a eso apunta la demanda de las feministas por educación sexual y reproductiva en los currículos. “Es un tópico que me parece fundamental, porque nos va a permitir prevenir situaciones de abuso, acoso, infecciones de transmisión sexual, entre otras situaciones. Hay una serie de asuntos para los que la educación sexual es vital y hoy queda al arbitrio de cada colegio su desarrollo y ahí efectivamente no se está cumpliendo el objetivo”, comenta Rojas.
—¿Cómo ves el movimiento estudiantil en la actualidad?
—Me parece que en general los movimientos sociales tienen momentos de reflujo. El año pasado una movilización importante partió en los espacios educativos. Entonces me cuesta hacer una evaluación tajante habiendo visto la movilización feminista o ahora los reclamos por las condiciones de estudio. O sea, no hay un peak de movilización, pero se siguen poniendo temas sobre la mesa y se sigue cuestionando un orden social.
—En última semana se evidenciaron problemáticas por la sobrecarga académica en las carreras universitarias y se ha ligado el tema con la salud mental, ¿qué te parece la visibilización de esta realidad?
—Me parece importante lo que se ha develado y creo que se dado un debate muy interesante. Lo que se pone en cuestión es que muchas veces el sacrificio o el martirio se confunden con ser buen estudiante, con rigurosidad, con disciplina y eso no es correcto. Me parece que el tema que se pone sobre la mesa es bastante relevante y hasta ahora no había sido abordado. También creo que las críticas que han surgido hacia estos reclamos dejan de lado que los estudiantes son sujetos complejos. Muchos no sólo son estudiantes, también tienen familia, están endeudados, muchos trabajan, entonces más allá del privilegio que significa acceder a la educación superior en Chile, efectivamente hay un problema social del que es necesario hacerse cargo. Hay que revisar la duración de las carreras, las jornadas laborales extensas, el ritmo de vida, porque es un problema que trasciende. No hay que ser obtusos en eso.
