Los peligros que enfrenta la mayor distribuidora eléctrica de Chile

A fines del siglo XIX, poco tiempo después de la invención de la bombilla incandescente por el estadounidense Thomas Alva Edison, la energía eléctrica hacía su aparición en Chile. Una de las primeras empresas del rubro fue la Compañía General de Electricidad Industrial, actual CGE, fundada en 1905 por capitales chilenos. En un comienzo abastecía de San Bernardo a Temuco, y en los siguientes años comenzó a expandirse comprando pequeñas empresas que controlaban la electricidad en distintas localidades, hasta convertirse en la actualidad en la mayor compañía eléctrica del país, responsable de la distribución del 40% de esta energía vital y que solo en la Región Metropolitana opera en 19 comunas.

Se trata de la última empresa de distribución eléctrica que quedaba en manos de capitales chilenos, pero esto se acabó al ser adquirida el 2014 por Gas Natural Fenosa (hoy Naturgy). El grupo de capitales españoles que integra gas y electricidad, con más de 23 millones de clientes en una treintena de países, la adquirió en 6.000 millones de euros, constituyendo la mayor operación de compra internacional realizada en la historia de la multinacional. Los trabajadores afirman que Fenosa adquirió también la deuda consolidada de CGE como parte de esta inversión. Actualmente, la compañía en posesión de los españoles concentra casi toda su actividad en el sector eléctrico y de gas en Chile (con unos 2,9 millones de clientes desde Arica a Puerto Williams), y está presente en cuatro provincias de Argentina y en casi todo Colombia (26 de los 32 distritos con distribución de gas licuado).

Dividendos para la cúpula, pérdidas para los trabajadores

La política de adelgazamiento ha implicado reducir los costos en inversiones y en mantención del sistema eléctrico, con irreparables costos sociales y al medio ambiente. Es así como se dejaron de hacer las podas para despejar las líneas de alta tensión, negligencia que derivó en los incendios forestales de comienzos del 2017 que arrasaron con 500 mil hectáreas en las regiones de Maule, O´Higgins y Biobío. Posterior a los incendios, que solo en la localidad de Pumanque significó que ardieran 50 mil hectáreas, la compañía intentó borrar evidencia moviendo un poste eléctrico (Ver artículo de El Desconcierto). En la región de O´Higgins tres ejecutivos de CGE fueron formalizados por su responsabilidad en cinco incendios forestales, mientras que otros tres fueron formalizados por responsabilidades en incendios del Maule. Como suele suceder, todo se resolvió con dinero: los procesos se detuvieron a cambio que la empresa compensara monetariamente a las víctimas.

Tanto las municipalidades como los vecinos de las zonas afectadas habían enviado cartas a la compañía advirtiendo de los peligros que conllevaba el recorte de recursos y ahorros en que estaba incurriendo, al no mantener la franja de seis metros despejados de vegetación en las líneas del tendido eléctrico, como establece la ley.  Prácticamente no hay semana sin protestas en alguna de las oficinas del grupo empresarial en el país, por la responsabilidad que le cabe en los incendios. Como guinda de la torta, el mismo 2017 CGE dejó sin luz a sus clientes producto de la fuerte nevazón en la zona central, por lo que debió indemnizarlos.

A comienzos del 2018, Francisco Reynés, apodado “capitán recortes”, asume como presidente de Gas Natural Fenosa (hoy Naturgy). Su administración ha identificado 20 nuevas áreas de las que pueden prescindir o se pueden externalizar, mientras continúan las desvinculaciones que en Chile afectaron a 640 personas del 2017 al 2018. “No hablamos de despidos, porque todas las personas que han salido no es por el artículo 161, que es necesidades de la empresa, sino por mutuo acuerdo. Por lo tanto, tú vas a la Inspección del Trabajo y no existen esos despidos, porque como están pagando un 30% más para salir, la gente firma por mutuo acuerdo, que es prácticamente una renuncia”, explican los voceros de la Federación Nacional de Sindicatos Empresas CGE.

Los trabajadores temen que pase lo mismo que en Colombia, donde los terminaron expulsando por prestar un servicio deficiente con cortes constantes, pese a recibir un 87% del total de las subvenciones públicas destinadas a las empresas eléctricas. Las protestas de la comunidad no se hicieron esperar y el Estado tuvo que intervenir la empresa. El 14 de marzo de 2017 la Superintendencia de Colombia ordenó liquidar la filial de Gas Natural Fenosa, que estaba prácticamente en la quiebra. Por estos días se estudia si el gobierno colombiano encima de todo tendría que indemnizarlos, pues la multinacional energética los demandó ante la ONU y el Banco Mundial por 1.900 millones de dólares.

La misión de Reynés al asumir era dejar un mínimo de empleados, de los que ya se prejubilaron 890 el año pasado en España. Los sindicatos piensan que más puestos de trabajo estarán en peligro una vez que concluyan las desvinculaciones voluntarias. Los recortes que ponen en peligro el patrimonio de la compañía, no han dejado contentos a los accionistas –La Caixa, GIP y CVC Partners entre los principales de ellos– porque no se han traducido en un aumento de dividendos. Para compensarlo, Reynés habría invertido 200 millones de euros en incentivos para los principales ejecutivos. “No se invierte en el negocio, se invierte en el bonus de la cúpula”, señala el sitio electrónico español Merca2.

El proyecto Lean impulsado por Reynés contempla la externalización de servicios y un recorte de costos para llegar de unos 600 millones a 100 millones al año a partir del 2022. La idea es dar el mismo servicio con menos recursos. “Después del tema de los incendios, de prescindir de personal en cuanto a la parte más técnica y de operarios que trabajan directamente en terreno, a pesar de todo eso en el nuevo proyecto Lean la compañía identifica 20 nuevas áreas de las que pueden prescindir o externalizar. O sea, claramente esto va a afectar en el servicio final y afecta al consumidor”, resumen las mismas fuentes consultadas de la federación de sindicatos de la filial chilena.

Por eso la reducción de más de 2.000 empleos el 2018 tanto en España como en Latinoamérica, siendo Chile el país más importante para ellos. En cuatro años de la nueva administración, 5.659 trabajadores han dejado de ser parte del grupo CGE. El presidente de la multinacional dejó esperando a la ministra de Energía chilena, Susana Jímenez, quien lo esperaba en abril pasado en medio de la polémica por los “medidores inteligentes”. La excusa esgrimida fue un atraso del vuelo. Como señala El Mostrador, se especula que el CEO no habría venido pues el plan es vender CGE, dejándolo antes en los huesos.

“Solo quieren llevarse la plata, como en Colombia que dejaron a la empresa casi quebrada, al final pagamos todos los chilenos. Solamente están gastando en recuperar las líneas que se han perdido con los incendios y ese tipo de situaciones. Ahora, la gran preocupación que todos tenemos es qué va a pasar este invierno cuando empiecen las lluvias y los fuertes vientos y las líneas no tengan la mantención”, indican los representantes de los trabajadores de CGE.

La Federación Nacional de Sindicatos de trabajadores del grupo empresarial, ha realizado distintas gestiones tanto en el Ministerio de Energía como en la Dirección del Trabajo y con la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, exponiendo las dificultades que se vislumbran en el futuro para los clientes, y la incertidumbre y precarización que viven los trabajadores de CGE.