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Opinión

Esta vez habrá respuesta: La contraofensiva social contra la Reforma de Salud de Piñera

Por: César Salazar Schneider / Publicado: 03.05.2019
salud / Foto: Agencia Uno
La movilización logró poner bajo un proyecto común a diversas organizaciones sindicales, agrupaciones de usuarios y estudiantiles que en conjunto cargaban con años de una tupida fragmentación. Y que el programa de ese movimiento se base en denunciar la discriminación y malos tratos que sufren los sectores más humildes y al mismo tiempo, imaginar juntos un nuevo modelo de Salud para Chile, constituye en sí un avance determinante en las posibilidades de transformación del sector y por ende, del país.

El Proyecto de reformas de Isapres y Fonasa presentado por el gobierno ha despertado un amplio rechazo desde el mundo social y académico puesto que, más que abordar integralmente los problemas nacionales en salud, resguarda una institucionalidad ajustada a los intereses de las Isapres y refuerza el traspaso de recursos públicos a prestadores privados.

Aquí han sido notorias las presiones ejercidas por la Asociación de Isapres, resultando un proyecto de Ley con propuestas muy semejantes (algunas textualmente idénticas) a las planteadas públicamente por las aseguradoras privadas. Ahora, si bien la reforma señala que eliminará todas las discriminaciones en salud, únicamente se avanzaría en corregir aquella que aumenta los costos por criterios de género a mujeres. Sin embargo, se sigue discriminando en el acceso a personas enfermas (preexistencias), adultos mayores, y por sobre todo a quienes tienen menor capacidad de pago.

Respecto a las modificaciones en Fonasa, el texto se caracteriza por plantear facilidades en el traspaso de recursos públicos a particulares, fundamentalmente a través de una flexibilización de los convenios entre el fondo fiscal y prestadores privados. Asimismo, se propone ampliar la subvención fiscal por concepto de modalidad de libre elección.

El resultado de esto no es otro que mayores utilidades para Isapres y clínicas y en contraste, menores recursos a la red pública. Sobre esta última, no hay en toda la reforma ninguna propuesta de fortalecimiento o aumento de su capacidad de atención, lo que es sintomático del desprecio que han mantenido los últimos gobiernos por las instituciones públicas de salud.

Dadas estas críticas y por sobre todo la precariedad a la que se relega a la mayoría de la población cabe preguntarse ¿Es imaginable una contraofensiva de una fuerza social en salud? ¿Es posible que estalle una movilización que se oponga al negocio de la Isapres y ponga por delante la preocupación con la que vive la mayor parte de la población? ¿Es posible superar el actual consenso de privatización en salud que han sostenido los últimos gobiernos?

Sobre estas preguntas surgen algunas luces desde la articulación que supuso la marcha familiar por el Derecho a la Salud del pasado 06 de abril, resultando promisorio la capacidad de respuesta del mundo social por el carácter histórico que reviste.

La movilización logró poner bajo un proyecto común a diversas organizaciones sindicales, agrupaciones de usuarios y estudiantiles que en conjunto cargaban con años de una tupida fragmentación. Y que el programa de ese movimiento se base en denunciar la discriminación y malos tratos que sufren los sectores más humildes y al mismo tiempo, imaginar juntos un nuevo modelo de Salud para Chile, constituye en sí un avance determinante en las posibilidades de transformación del sector y por ende, del país.

Más allá de la suma aritmética de las organizaciones, cada una de las instituciones participantes se ha propuesto desafíos mucho más allá de sus objetivos originales. Si hace algunos años, por ejemplo, las demandas de los grandes sindicatos trataban fundamentalmente sobre remuneraciones y estabilidad laboral, ahora se plantea un discurso íntegro contra la mercantilización en salud y la necesidad de un nuevo modelo sanitario para el país.

Otro buen ejemplo son las agrupaciones de pacientes las que, si bien surgieron inicialmente como espacios específicos de ayuda mutua entre sus miembros, han tomado como desafío propio la defensa de la salud como derecho social transversal.

Ambos casos dan cuenta tanto de un avance cualitativo como de una maduración discursiva, y abren una potencialidad trascendental para reformar la salud en Chile.

Es por eso que la constitución de la Mesa Social como espacio de confluencia de los sindicatos, pacientes, organizaciones sociales y estudiantiles, es una gran oportunidad para levantar una contraofensiva social a la privatización.

El recorrido en este sentido es prometedor: sólo en algunos meses de existencia ya se ha logrado una articulación con voluntad nacional, proyectándose, en lo próximo, avances en territorialización que permitan integrar a todos los trabajadores y trabajadoras de las instituciones de salud.

La posibilidad de lograr un movimiento social amplio pasa por convocar a los millones de personas que sufren en carne propia el miedo a enfermar y las inclemencias de un modelo gravemente desigual. Es en esto donde se juega la posibilidad de que estalle una gran movilización en salud que sea proporcional al drama que vive la población.

Y dado que el gobierno renuncia a las discusiones de fondo en salud, y se niega a aumentar la capacidad pública, son las organizaciones sociales quienes a través de propuestas deben instalar los desafíos de mediano y largo plazo, esto es: creación de un Sistema Nacional de Salud, fin al lucro en salud y generación de un Seguro único universal en base a principios de solidaridad.

Sabemos, por último, que la construcción de una nueva salud es de largo aliento, y que nuestra tarea en este momento es identificar cuál es la dirección hacia un nuevo modelo en el corto y mediano plazo. Este trayecto debe, inequívocamente, ampliar crecientemente la capacidad de atención del sistema público a la vez que se desactivan progresivamente todos los mecanismos de lucro del sistema privado.

Es este el único camino que aceptaremos los movimientos sociales en una lucha de carácter vital contra un modelo en donde, al mismo tiempo que el gobierno protege las abultadas utilidades de Isapres y clínicas, los más pobres del país mueren esperando una atención de salud.

César Salazar Schneider
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