El Tribunal Constitucional falló en favor de Raúl Schüler, el empresario acusado por la Fiscalía Regional de O’Higgins como autor de los delitos de receptación, infracción a la Ley de Monumentos Nacionales y a la Ley de Control de Armas.

La acusación surgió tras el hallazgo de cerca de 20 piezas de interés histórico reportadas como robadas en su fundo de San Francisco de Mostazal.

El empresario recurrió al organismo para presentar un recurso de inaplicabilidad que dejara sin efecto la Ley de Armas, que no permite las penas sustitutivas para sus condenados. Es decir, que facilita el cumplimiento de una eventual pena en libertad.

De este modo, tras la formalización, el abogado Carlos Cortés acudió al TC para que declare inaplicable el artículo, argumentando sobre la irreprochable conducta y la edad del empresario.

Al respecto, el TC sentenció que “en consideración a diversos principios constitucionales, entre ellos el principio general de humanidad basado en el valor de la dignidad humana, y al hecho que la pena es, básicamente, privación o restricción de derechos personales o de bienes protegidos por la norma jurídica, la acción punitiva del Estado no debe propender a infligir el mal por sí mismo o el mero sufrimiento de aquel miembro de la sociedad que infringió la ley”.

Además, el tribunal añade que “la disposición que restringe la aplicación de las penas sustitutivas de privación de libertad resulta desproporcionada e inequitativa respecto de personas condenadas e incluso por delitos de mayor gravedad; además es inidónea para cumplir los fines de reinserción social y protección de la víctima que tiene la pena”.