Democracia, feminismo, descentralización y territorios

En una región como la nuestra, con una diversidad de problemáticas y una heterogeneidad de conflictos que se suscitan en toda su extensión, hablar de descentralización y profundización de la democracia se hace imprescindible. Así, hoy es urgente  que  las comunidades, actores socio comunitarios  y expresiones locales formen parte de  las decisiones en la esfera pública, las políticas sociales y la gestión local, con el horizonte  de desconcentrar las estructuras de poder y revertir las condiciones y relaciones asimétricas que se mantienen en el espacio político en desmedro de la ciudadanía, todo ello de la mano con un profunda percepción feminista de las cosas, la que viene a develar todas las falencias de las formas de relación tanto en las instituciones como en la sociedad.

Ahora bien, es importante reconocer que a pesar de los esfuerzos por modernizar al Estado y de descentralización en nuestro país, la Descentralización no significó mayor democracia. Tras la consolidación de un Estado Subsidiario y Asistencial, se generó una reducción progresiva de los derechos sociales fundamentales y el predominio no sólo a nivel de Estado sino que además de toda la institucionalidad pública y las municipalidades, como organismos descentralizados, de un estilo de gestión tecnocrático-vertical, orientado a la eficiencia técnica de la gestión, enfocado principalmente a procesos consultivos y diagnósticos como ejes centrales, excluyendo la posibilidad de una participación ciudadana protagónica y la inclusión de las comunidades en la gestión pública y gobiernos locales.

Considerando lo anterior, es que en nuestra región -una de las más grandes del país-  actualmente albergamos las mayores tasas de conflictividad socioambiental por megaproyectos energéticos y mineros, la existencia de una crisis humanitaria por la escasez hídrica, la existencia de las denominadas zonas de sacrificio, la especulación inmobiliaria indiscriminada que viene e a modificar sustancialmente la configuración de cada comuna como también serios problemas de conectividad y transporte entre lo que sucede en la costa y el interior.

Todas estas problemáticas son en esencia problemas generados por la estructura política y la concentración del poder. Puesto que, no solamente dichos problemas están relacionados con la ausencia de democracia en la definición y toma de decisiones, sino que además, en la exclusión completa de las comunidades y actoras y actores importantes de los territorios en el desarrollo integral de la región.

Entonces, ¿cómo revertir las condiciones anteriores? En primera instancia, debemos reconocer el profundo sentido político que hoy tiene “el territorio” y lo territorial, en ese sentido, el territorio corresponde a una construcción social donde un conjunto de relaciones sociales da origen, sentido y memoria a un espacio físico y geográfico. Son esas relaciones las que vinculan a los habitantes de un lugar determinado y que también los vincula a través de ciertas identidades que se van creando a raíz de diversas coyunturas derivadas de problemas estructurales, como la profunda desigualdad social del país, la centralización del Estado, la profunda asimetría entre las relaciones que se generan al interior de unidades orgánicas y políticas de tinte patriarcal,  además de  un sistema económico de profundo carácter extractivista que representa una de las principales contradicciones en la actualidad y que viene a precarizar todos los aspectos de nuestra existencia: la del capital y la vida.

Así, las respuestas posibles están puesta en la capacidad de articulación social y comunitaria de las organizaciones de base como un elemento importante para la redistribución del poder y la inclusión de las demandas y reivindicaciones territoriales en la agenda de las instituciones y autoridades.  Sin embargo, no solamente desde la dialéctica clásica tener “voz y voto” sino más bien, situar a las comunidades como protagonistas y como actores -actrices imprescindibles en todos los niveles de la gestión pública y local, y a crear -desde el feminismo- nuevas fórmulas de relaciones comunitarias hacia las otras esferas de decisión y poder.

Al mismo tiempo, es fundamental contar con una institucionalidad -democrática , participativa y que no  reproduzca estructuras de poder de carácter autoritario, patriarcal y vertical- dotada de instrumentos orgánicos y políticos – como debiese ser el futuro Partido- que pongan a disposición de las comunidades y la ciudadanía, herramientas que no solamente logren canalizar  las necesidades propias de cada contexto y lugar, sino para que sean posibilidades reales de transformación social, en post de su bienestar colectivo e individual.

Por ello, se vuelve urgente que en nuestra región, se levanten espacios orgánicos con sintonía respecto a las realidades locales para asegurar su representatividad y terminar con la monopolización de la zona costa de Valparaíso en desmedro del resto de las provincias que componen esta unidad geopolítica. Los desastres de Quintero y Puchuncaví; la crisis de Petorca, los problemas de la cuenca del Aconcagua; la zona de saturación de Concón y Quillota; la inminencia de que Marga Marga se convierta en una nueva zona de sacrificio no son coyunturas aisladas, sino que atienden a políticas estructurales donde prácticamente no interesa lo que pase con las personas que ahí habitan.

En conclusión,  la única vía plausible para poder subsanar en parte el total abandono con que resiste la región, es incidiendo en la toma de decisiones públicas, desde las expresiones más basales de la sociedad civil, pasando por el intermedio de espacios políticos y orgánicos como un Partido, el que debe albergar en sí y abogar por crear nuevas condiciones y fórmulas relacionales en su interior, hasta todos los escaños de la institucionalidad, asegurando una verdadera representatividad de estas incluyendo a  actores relevantes desde el territorio hacia afuera.