Conflicto en Rapa Nui: Se acumulan denuncias contra la administración del Parque Nacional

En la publicación  se mostró como en un año y ocho meses, unos 360 millones de pesos ($US 566 347 – al cambio de junio 2018) fueron a parar a manos de las empresas y familiares directos de Camilo Rapu, el presidente del directorio de Ma’U Henua, la comunidad indígena encargada de administrar el Parque.

Desde el 2016,  los habitantes de la isla, todos Rapa Nui, venían denunciando serios problemas en la administración de la comunidad y no solo financieros, sino también vinculados al acaparamiento del poder por parte de Rapu y su equipo. En abril de este año miembros de Honui interpusieron una demanda formal ante la fiscalía por fraude al fisco, valiéndose de los antecedentes aportados por la investigación de este medio. Actualmente la Unidad Regional Anticorrupción de la fiscalía, en la ciudad de Valparaíso, se encuentra investigando el caso y asegura que la pena «depende del monto de dinero sustraído y puede ir en abstracto desde 541 días a cinco años de presidio”.

Paralelamente a la investigación en curso, Camilo Rapu fue destituido de su cargo por votación popular de Ma’U Henua, lo que fue ratificado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), el organismo estatal chileno encargado de asuntos indígenas. El lugar de Rapu es ocupado ahora por Nancy Rivera, pero el entramado político en Rapa Nui está lejos de desenredarse. Rapu se niega a entregar el poder y acusa al Estado de intervencionista, mientras tanto la asunción al cargo de la nueva directiva aún está por verse.

¿Quién dirige el Parque?

El 30 de diciembre de 2018, Honui —un grupo conformado por los representante de las familias Rapa Nui quienes, según la tradición, son los encargados de comunicar, ante los gobernantes, la voluntad de la familia a la que pertenecen— convocó a todos los miembros de la comunidad Ma’U Henua a una asamblea para votar la censura de Camilo Rapu como director. Según los estatutos de la comunidad, Honui, como ente fiscalizador de las funciones del directorio de Ma’U Henua, está autorizado a llamar a dicha asamblea y por eso, el 30 de diciembre, se aprobó la censura en una votación. Según un documento del Tribunal Electoral, ese día votaron 533 socios de Ma’U Henua de un total de 1960.

El 12 de marzo, poco más de dos meses después, Nancy Rivera fue elegida como nueva directora. A los días, la Conadi validó la elección y, en respuesta, Camilo Rapu interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso aludiendo intervención por parte de funcionarios del Estado.

Para Rapu se trataría de un intento del Gobierno por “quedarse con la administración del parque Rapa Nui”, cosa que fue desmentida por la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua (CODEIPA), entidad estatal que depende de la CONADI y que tiene a su cargo la fiscalización de la administración del Parque. La CODEIPA aseguró a través de un comunicado que “es absolutamente falso que con esto los Rapa Nui pierden su derecho legítimo a su territorio y menos que se esté vulnerando su derecho legítimo a la autonomía”. Así mismo llamó a la calma asegurando que «el pueblo Rapa Nui es titular de derechos colectivos que una vez reconocidos no se pueden retrotraer”.

El pasado lunes 22 de abril, sin embargo, el destituido directorio volvió a la carga. Esta vez se valió de que el Tribunal Electoral dictaminó que el proceso de censura no había cumplido con las normas establecidas en los estatutos, por lo que la votación de una directiva no tendría que haberse podido llevar a cabo. Nancy Rivera, sin embargo, cuestionó la decisión tomada por el tribunal electoral: “ha hecho una mala interpretación de los estatutos”. Por eso adelantó que interpondrán un recurso de reposición para que corrija lo que considera una equivocación.

Se acumulan las denuncias

Desde la fiscalía señalaron a Mongabay Latam que, desde que empezó el conflicto entre las dos directivas, se han interpuesto cinco nuevas denuncias en contra de la administración de Rapu por promover el desorden público, por apropiación indebida, amenazas y usurpación, todos ellos delitos que están siendo investigados hoy por la fiscalía de Isla de Pascua.

Según dos denuncias interpuestas por Nancy Rivera en Fiscalía, luego de que fuera ratificada la elección del nuevo directorio, la administración de Rapu se mantuvo ejerciendo sus funciones sin permitir que los nuevos directores asumieran sus cargos.

Otro de los puntos denunciados por Rivera, probablemente uno de los más serios, es que todo el dinero que ingresa a la comunidad, por la venta de entradas, no está siendo depositado en la cuenta corriente bancaria de Ma’U Henua. “Actualmente, a diferencia de lo que ha ocurrido siempre, los cobros se realizan solo en dinero en efectivo o con cheques abiertos, sin permitir utilizar tarjetas bancarias ni cheques nominativos”, precisa la denuncia. Y agrega también que la administración de Rapu se dirigió a distintas agencias de turismo “solicitando que los cheques que se encuentran a nombre de la comunidad indígena sean cambiados por cheques abiertos, con el objeto de cobrarlos directamente por dinero en efectivo en el banco y no ser depositados en la cuenta corriente”.

Todo ello a pesar de que la directiva electa decidió, el 14 de abril último, “liberar de todo cobro la entrada al Parque».

Por otra parte, Iovani Rano, presidente del sindicato de trabajadores de Ma’U Henua, señala que han interpuesto denuncias por acoso laboral ante la Inspección del Trabajo, organismo en Chile encargado de velar por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Según Rano, Camilo Rapu estaría amedrentando a los trabajadores del Parque que no están alineados con él y que los ha acusado de ser “mentirosos» y de querer «hundirle el barco”.

“No nos sentimos seguros en nuestro lugar de trabajo”, dice Rano, quien explica que existiría “un pequeño grupo de matones”, conformado por un grupo de 30 a 40 personas, a las que “Camilo les pasa vehículos, radio y todo lo que necesitan”.  “Los trabajadores tienen miedo a que les peguen porque son violentos”, señala.

Desde la gobernación aseguran que no es posible desalojar a las personas que se encuentran ocupando las dependencias de la administración del Parque mientras la Corte de Apelaciones no se pronuncie respecto al recurso de protección presentado por Rapu.

Las observaciones de Bienes Nacionales

En julio de 2018, la comunidad indígena Ma’U Henua, mediante su cuestionado presidente Camilo Rapu, comprometió la realización de un nuevo plan de manejo acorde a la nueva administración del Parque. Sin embargo, el Ministerio de Bienes Nacionales, con quien la comunidad Ma’U Henua tiene firmado el contrato de concesión del Parque, asegura que a la fecha no se ha informado ningún avance sobre la realización del mismo y que “es perentorio contar con el nuevo instrumento a la brevedad”.

Más de 20 observaciones realizó el Ministerio de Bienes Nacionales a la última rendición de cuentas entregada por Ma’U Heuna. Entre ellas destaca que «no se indica un saldo inicial» en la cuenta bancaria de Mau Henua, por lo que “no es posible saber cuál es el estado financiero actual del Parque”, precisa Nancy Rivera.

Según Bienes Nacionales, 217 millones de pesos ($US 321 440) corresponden a gastos rendidos en el ítem “otros”, sin que se cuente con el detalle sobre el uso de ese dinero. Por otra parte indica que “hay una gran cantidad de variaciones mensuales en los gastos que no tienen una explicación lógica”, que no existe información que permita justificar los gastos declarados, incluso los correspondientes a remuneraciones puesto que no se presentaron contratos ni recibos por honorarios. Esto último, según indica el Ministerio, es de especial importancia considerando que más de 1000 millones de pesos ($US 1 481 353)  fueron gastados en salarios entre diciembre 2017 y junio 2018.

Por todo ello, el Ministerio de Bienes Nacionales señaló que considerando la responsabilidad que le cabe al Estado en la preservación de las áreas protegidas y los deberes contractuales contraídos por la comunidad Ma’U Henua, “parece pertinente analizar una eventual modificación del contrato de concesión. Ello, en orden a establecer normas que garanticen un mayor control de la gestión del Parque Nacional, y asegurar así un mayor grado de transparencia lo que pueda redundar en una adecuada administración del área protegida, que cumpla con los estándares de conservación y preservación”.

Mongabay Latam se contactó con Camilo Rapu para tener sus impresiones acerca de las observaciones de Bienes Nacionales. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota, no entregó respuesta a nuestras preguntas.