marcela cubillos estudio uc | /Agencia Uno
Tanto desde el Consejo para la Transparencia como desde la Fundación Datos Protegidos, expresaron su preocupación ante los mails que la Ministra Marcela Cubillos envió a padres y apoderados días antes de la votación de Admisión Justa. Esto tanto por usar la base de datos del Ministerio de Educación con ese fin –hecho que en sí mismo iría en contra de la Ley de Datos Protegidos- como por haber entregado la base de datos a una empresa privada, contraviniendo una vez más la ley y los reglamentos internos del Mineduc.
Por una eventual infracción en el uso de datos personales, el Consejo para la Transparencia (CPLT), estableció este miércoles un plazo de 10 días para que la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, presente sus explicaciones, luego del envío masivo de mails a apoderados defendiendo Admisión Justa, argumentando un “bloqueo legislativo” de la oposición, y poniendo énfasis en las fallas del actual sistema.
“El Mineduc tiene un plazo de 10 días hábiles para hacer llegar los antecedentes y teniendo a la vista los elementos descritos, se emitirá un informe que dé cuenta de cumplimientos o incumplimientos normativos, según sea el caso”, informó el consejo.
Y aparentemente el caso es que sí se infringió la ley, y los reglamentos internos del Mineduc. Al menos así lo plantean desde la Fundación Datos Protegidos, donde antes de que se rechazara la idea de legislar del proyecto en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, publicaron un artículo titulado “Admisión Justa y Tratamiento indebido de datos personales”.
En dicha publicación, la fundación realizó un acabado análisis de las posibles infracciones que estaría cometiendo la autoridad con su accionar.
“La ministra reconoció en medios de prensa la utilización de la base de datos del Ministerio de Educación, en particular la que almacena la información de las personas que postularon al sistema de admisión escolar para el envío de correos masivos en favor del proyecto Admisión Justa” dicen desde la fundación, estableciendo un primer hecho, de clave importancia para entender por qué el actuar de la ministra sería constitutivo de una infracción.
“En este caso, conforme al Protocolo de Manejo de Datos del Sistema de Admisión, los datos personales ingresados por l@s apoderad@s a la “Plataforma Web de Postulación” serían utilizados exclusivamente para fines asociados a la postulación y resultados», explica el artículo.
Pero no fue así. “La utilización de la base de datos para fines de campaña política o legislativa en favor de un proyecto de ley, por parte del Ministerio de Educación, está lejos de cumplir con una de las finalidades informadas a quienes (titulares de datos) postularon al sistema de admisión escolar”, destacó la fundación.
“Es más, tampoco se les informó o solicitó autorización expresa para que sus datos fueran transferidos a una empresa externa del Estado, lo que hace que esta situación sea aún más grave”, agregaron desde Datos Protegidos.
Con esto, la fundación se refiere al hecho de que, para enviar los correos masivos, el Ministerio de Educación acudió a la empresa emBlue, a quienes entregaron la base de datos contraviniendo el Protocolo antes mencionado. Respecto a esta empresa, la fundación destacó además que cargan con una serie de denuncias por sus malas prácticas, y por sus vulnerabilidades de seguridad informática, lo que aumenta los riesgos sobre el uso de la base de datos por parte de terceros.
“Esto no sólo es grave porque se están utilizando ilícitamente las bases de datos del Estado para fines distintos a los autorizados por los titulares de datos, sino además se realiza un acto de proselitismo político”, fue otro de los puntos destacados por la fundación.
“Existe una conducta ilegal que vulnera la protección de datos de las personas por parte del Estado, conducta que pareciera ser normalizada según las declaraciones de la titular del Ministerio de Educación, quien señaló que cada mes se enviaban correos masivos.”, concluye el artículo de la fundación dedicada a la protección de los datos de los ciudadanos.
Por su parte, la ministra Cubillos ha defendido el envío de las misivas, argumentando que “los docentes, apoderados y directivos no son bases de datos, sino que son el corazón de la gestión”.
