La humillación

El Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, debería actuar de oficio, es decir, tomar la iniciativa y no esperar la presentación de un recurso, frente al abuso de poder del que es víctima el diputado Raúl Soto. El máximo tribunal no lo ha hecho hasta ahora, pero debería hacerlo por dos motivos. El primero, porque el organismo constituye una instancia de justicia que debe proteger los derechos de los militantes eventualmente vulnerados por excesos de sus autoridades internas. El segundo, porque debe dar una señal clara de que sus facultades poseen competencia y eficacia en casos como este, así como en casos relativos al pronunciamiento de los afiliados sobre la reforma de los Estatutos, fallo cuyo cumplimiento sigue al debe.

¿Qué ha ocurrido con el diputado Soto? Pues que, por solicitud del diputado Gabriel Ascencio, jefe de la bancada democratacristiana, ha sido removido del cargo de presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. El argumento ofrecido por Ascencio para justificar la medida es que el parlamentario se habría apartado de la línea oficial del partido al votar en contra de la propuesta de reforma previsional del Ejecutivo, algo que ha sido corroborado por el presidente de la colectividad Fuad Chahin que ha felicitado al comité que conduce el diputado por Chiloé.

Todos podemos tener un juicio sobre el proyecto de Piñera, y todos podemos tener también una opinión acerca de cómo desempeñarnos en público, o de lo bien o mal que lo habría hecho el diputado Soto. No es este el punto crucial, aunque algunos, como el exsenador Ignacio Walker, sacando partido de su posición dominante en El Mercurio y La Tercera, lo conviertan en esencial y recriminen sin ninguna propiedad… ¡ninguna! lo obrado por Soto. Además, llamando a la prudencia.

¡Por favor! ¿En qué mundo estamos? Si son precisamente estas expresiones de Walker lo más violento que se ha escuchado en estos días, porque siendo miembro de la Comisión Organizadora del Congreso DC, toma partido a favor del gobierno de derechas, siempre interesado en dividir las aguas del falangismo, en lugar de hacer primar la justicia y la moderación en pro del agredido.

Pero, como digo, lo esencial es que tanto Ascencio, en calidad de jefe de bancada, como Chahin, en su condición de presidente de la DC, han juzgado y sancionado al parlamentario de la región de O’Higgins en función de lo que discrecionalmente consideran una contravención de las normas partidarias.

Si esta autoridad recae solo en el Tribunal Supremo del partido, entonces ambos se arrogan atribuciones que no tienen. Y si se adjudican facultades que no tienen para dañar la investidura de persona digna y respetable de Raúl Soto, la investidura de camarada de partido, y la investidura de parlamentario representativo de la comunidad y de quienes lo eligieron, la figura que entonces resulta es la de un abuso de poder.

Ante esto nadie puede mirar al cielo y hacerse el desentendido. Porque aquí, más que la libertad de expresión, de pensamiento y de acceso a la información, el bien menoscabado por el abuso de poder es el valor de la persona en una comunidad de hombres y mujeres libres. Porque si esto se puede hacer con un parlamentario, se puede hacer con mayor facilidad con cualquiera. No lo podemos permitir.