En relación a la denuncia por homicidio  calificado interpuesta por abogados antiderechos en contra de la ginecóloga Cecilia Ousset y el ginecólogo José Gigena, trabajadores de la salud de la provincia de Tucumán, Argentina, quienes practicaron microcesárea a Lucía, niña de 11 años embarazada producto de una violación, como Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir declaramos lo siguiente: Repudiamos de manera categórica todo gesto de amenaza, amedrentamiento y persecución social, policial y judicial a quienes responsablemente han actuado en pro de acabar con la tortura que vivía Lucía tras resultar embarazada producto de una violación y suplicar la interrupción de su embarazo en el Hospital Eva Perón, institución que obstaculizó indolentemente el acceso al aborto, en este caso configurativo de tercera causal bajo la ley argentina actual de Interrupción Legal del Embarazo.

Repudiamos la obstrucción de derechos que el Sistema Provincial de Salud de la provincia de Tucumán, por medio de los funcionarios del Hospital Eva Perón, ejerció en contra de Lucía al negarse a cumplir con el protocolo que concierne a la ley y dilatar así el procedimiento médico hasta las 24 semanas de gestación, atentando no sólo contra la salud mental de la niña, sino también poniendo en riesgo su integridad física y vital.

Como Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir advertimos que la denuncia por “homicidio calificado” llevada adelante por la fiscal Adriana Giannoni, es improcedente y se encuentra amparada por el abuso de poder ejercido desde sectores conservadores antiderechos, en un intento desmedido y despiadado de criminalizar la protección de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres y personas gestantes. Por esta razón, manifestamos total apoyo a los especialistas Cecilia Ousset y José Gigena, quienes procedieron según lo establecido por el artículo 86 del código Penal Argentino, velando por la integridad física y psíquica de Lucía y no constituyendo por tanto delito alguno.