En la comuna de Estación Central, ubicada en el centro de Santiago, hay 74 espacios donde se arriendan, de manera informal, sin cumplir con las condiciones mínimas de salubridad y a montos que triplican el precio del mercado, habitaciones a inmigrantes en situación de vulnerabilidad.

Una investigación periodística elaborada por Fundación Carrere y la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago, permitió identificar y describir este mercado irregular de habitaciones en cuatro unidades vecinales de la comuna. Tan sólo en esta zona, habría 1.502 personas afectadas, entre ellos niños, niñas y adolescentes. En total, se calcula cerca de 1.000 millones de pesos en ingresos anuales, a propietarios de inmuebles o intermediarios, por habitaciones sin acceso a agua caliente, sin aislamiento, sin calefacción y con instalaciones eléctricas irregulares.

Las condiciones físicas

Una investigación anterior de Fundación Carrere, ya había alertado sobre este mercado de habitaciones insalubres. En calle Santos Dumont, en Recoleta, otra de las comunas pericéntricas de la capital, un portón de más de dos metros de altura cubre una vivienda colectiva donde viven aproximadamente 200 personas al interior. A excepción de una veintena de peruanos, todos son provenientes de Haití.

Con tablas de cholguán y aglomerado, el galpón está dividido en dos pisos y éstos a su vez en decenas de habitáculos que en su mayoría no superan los dos metros cuadrados. En cada uno de éstos duermen, en promedio, tres personas sin calefacción ni luz natural y con instalaciones eléctricas improvisadas. En total, se contabilizan seis baños y cuatro espacios para ducharse, sin agua caliente. Los baños y hay filtraciones de agua, lo que acentúa el frío y la humedad. No hay suficientes contenedores de basura, hay cocinas en los pasillos y el lugar está infestado de ratas.

En Estación Central la situación no es muy diferente. En calle Padre Alberto Hurtado, dos galpones colindantes albergan, cada uno, al menos a 40 personas. Hacinados, los residentes comparten cuatro baños y cinco cocinas comunes en un espacio sin luz natural y que fue concebido como garage o bodega. Nunca tuvo ni tiene actualmente las condiciones mínimas de habitabilidad. En cada uno de estos galpones, al menos unos 20 cuartos fueron creados a partir de madera ligera, conexiones eléctricas hechizas y sin aislantes.

Estos edificios no cumplen con una serie de normativas, principalmente el Código Sanitario, el que establece, entre otras cosas, las condiciones sanitarias y de seguridad que deben cumplir una casa, edificio o local, para ser habitada u ofrecidos en arrendamiento y la determinación del número máximo de personas que pueden ocuparlos. Otra ley es el decreto supremo n°47, Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que también da especificaciones que deben ser respetadas. Por ejemplo, toda habitación debe tener, al menos, una ventana, y cumplir con ciertos parámetros en cuanto a trasmisión y resistencia térmica. Sin embargo, los galpones y otros inmuebles catastrados no parecen cumplir con ninguna de estas normas.

Las malas condiciones de estos espacios ya han cobrado la vida a numerosas personas inmigrantes en Chile. Si bien no hay cifras que permitan identificar la amplitud del problema, sí es recurrente ver, de vez en cuando, noticias sobre fallecidos por razones de habitabilidad, como hipotermia e incendios, principalmente.

Las cifras iniciales

Dieciocho es el promedio de personas por inmueble. En el caso más extremo se contabilizaron cuarenta y cinco personas, y en muchos otros casos más de treinta. Al interior de cada pieza, el promedio de personas es tres, con un caso extremo de seis. En el 70% de los inmuebles no hay acceso a agua caliente; y en 58%, las conexiones eléctricas son irregulares, un problema conocido por las autoridades, pues es causa conocida de incendios en la comuna. El acceso a los baños es también un problema. El promedio de personas por baño es 8, y en un caso extremo la cifra llega a 40. Por último, en el 78% de los inmuebles viven familias con niños y adolescentes.

% de inmuebles con familias

% de inmuebles sin agua caliente

 

% de inmuebles con conexiones eléctricas irregulares

 

La inmigración en Chile ha tenido en los últimos años un incremento importante. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la cifra de personas nacidas en el extranjero pasó de 187 mil en 2002, equivalente al 1,3% de la población, a 747 mil en 2017, es decir, 4,4% de la población.

Pero los inmigrantes no se distribuyen en el territorio de manera homogénea, sino que se concentran en ciudades, comunas y hasta barrios específicos. Hoy viven en la comuna de Estación Central 23.673 inmigrantes, lo que representa el 17% del total de residentes, un valor muy superior al promedio nacional.

Las comunas céntricas de la capital son, de hecho, las que cuentan con la mayor tasa de población inmigrante en Chile, como Santiago, Independencia, Estación Central y Recoleta. La concentración de las oportunidades laborales y servicios en estos espacios de la ciudad es, probablemente, la principal causa de esta densidad poblacional. Sin embargo, esta situación es también propicia para la emergencia de este mercado irregular.

La usura y las ganancias

A pesar de las precarias condiciones en que se encuentran los inmuebles, los precios casi triplican el valor del mercado formal de arriendos. Normalmente, una persona paga $7.400 pesos chilenos por metro cuadro en la comuna de Estación Central. Pero en el mercado informal de arriendos, el promedio es $13.000, aunque puede llegar a ser $41.600. Las habitaciones insalubres del mercado informal son así, en promedio, 175% más caras que una habitación en el mercado formal.

A partir del estudio, se pudo calcular un total de $975 millones de pesos anuales en ingresos (1.5 millones de dólares), tan solo para los 74 inmuebles encuestados en las cuatro unidades vecinales de la comuna de Estación Central.

Un problema complejo

Arrendar un lugar para vivir en Chile, y sobre todo en la Región Metropolitana, no es tarea fácil. Para ello se solicita, en general, ingresos mensuales que tripliquen el monto del arriendo, un contrato de trabajo indefinido y un mes de garantía. Igualmente, es común oír testimonios en donde la cédula de identidad, o carnet, es un requerimiento del arrendador, a pesar de ser uno de los últimos documentos al que accede un extranjero, mucho después de haber obtenido un empleo. Sin más opciones, muchos deben entonces conformarse con habitaciones informales.

De acuerdo a la Red Chilena de Migración e Interculturalidad, un alto porcentaje de personas migrantes vive en condiciones precarias, sin contratos de arriendos y cancelando montos de dinero que no se condicen con el servicio ofertado, especialmente en comunas como Santiago, Independencia, Estación Central y Recoleta. Investigadores académicos de las universidades De Chile y Alberto Hurtado también han dado cuenta del problema, entre ellos Walter Imilan, Carolina Stefoni, Francisca Márquez y Yasna Contreras. Esta última, junto a otros dos investigadores, Veera Ala-Louko y Gricel Labbé, describe con particular claridad la situación de los inmigrantes que residen en estos espacios: Lo complejo es cómo cambian las condiciones de habitabilidad y subarriendo conforme pasa el tiempo. Los arrendadores, administradores o intermediarios no se hacen responsables de las condiciones de habitabilidad, del estado de la electricidad, la materialidad de los inmuebles, los riesgos de incendios, entre otros. Todo se externaliza al inmigrante subarrendatario o arrendatario. Existe, además, arbitrariedad en cuanto al valor del alquiler y sub-alquiler. Este mercado imperfecto es regulado sólo por el propietario, el administrador y en muchos casos, el intermediario aumenta los valores en función de las condiciones materiales y poder de negociación con cada inmigrante.

El mercado informal de habitaciones para inmigrantes es un problema conocido y estudiado. Se conocen las causas, las consecuencias y los riesgos para la salud. En este reportaje se indaga, además, sobre las ganancias de quienes están detrás del negocio, y el posible fraude fiscal que se entrevé. Sin embargo, no existen políticas públicas que busquen hacerse cargo del problema, y las fiscalizaciones también son escasas.

Según declaraciones de Isabel Vargas, encargada de la oficina de inmigrantes de la Municipalidad de Estación Central, hay dos razones principales que dificultan la aplicación de las leyes. Primero, por razones presupuestarias: fiscalizar requiere de muchas horas de trabajo, y el municipio declara no tener la disponibilidad para cubrir todas estas necesidades. Segundo, porque no se sabe qué hacer con los residentes. Clausurar y desalojar estos espacios podría, simplemente, empeorar las cosas, dejando a familias enteras en situación de calle.

La solución al problema no parece estar, entonces, en fiscalizar estos inmuebles -aunque sí sea necesario en segunda instancia-,sino en mejorar el acceso a inmigrantes al mercado habitación formal y, de manera general, mejorar la integración social de la población inmigrante en Chile.