Opinión

El peronismo volverá al gobierno

Por: Roberto Pizarro H / Publicado: 24.05.2019
La clase política chilena, de izquierda y derecha, nunca ha entendido el peronismo. Le incomoda. O, más bien, le molesta ese peronismo, que intentó el proyecto nacional de impulsar un desarrollo económico fundado en un entendimiento de clases, entre el empresariado ligado al mercado interno y la clase obrera, y distante de los bloques ideológicos y de poder internacionales de la época: los Estados Unidos y la URSS.

La vecindad entre Chile y Argentina ha sido compleja. En tiempos de dictaduras, se vivieron diferencias traumáticas en torno a una casi guerra en 1978 y coincidencias perversas sobre la Operación Cóndor. En los años noventa hubo afinidades económicas y políticas entre el presidente Menem y los gobiernos de la Concertación, pero divergencias manifiestas cuando Néstor Kirchner asumió el gobierno. Incluso el canciller chileno, Ignacio Walker, debió ofrecer incómodas disculpas por haber asociado peronismo con fascismo.

El peronismo nunca fue la versión latinoamericana del fascismo. Su no alineamiento durante la 2ª. Guerra Mundial y el asilo que le dio a criminales nazis son insuficientes para configurar su contenido ideológico. El movimiento nació encabezado por un caudillo que sintetizaba un bloque de distintos sectores sociales que aspiraba a impulsar un proyecto capitalista nacional con un firme control del aparato estatal, que por lo demás era coincidente con el nuevo pensamiento económico latinoamericano de la época y con el rechazo a la imposición hegemónica norteamericana en nuestros países.

En ese movimiento convivían la clase obrera y vastos sectores de la burguesía industrial nacional que, con inteligencia política, logró arbitrar el general Perón. El peronismo podría calificarse, entonces, de nacionalismo popular o de bonapartismo, pero es una mala interpretación asociar peronismo a fascismo.

Gracias a ese proyecto, durante la primera presidencia de Perón la Argentina manejó con autonomía sus recursos naturales, llevó a cabo una vigorosa industrialización y un notable mejoramiento en la distribución del ingreso. Pero, lo más importante, fue el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, las que desempeñarán durante largas décadas un papel relevante en la defensa de los derechos sociales de los trabajadores.

La derecha, la iglesia, los militares y Estados Unidos expulsaron a Perón del poder en 1955, con un violento golpe de Estado. Las fuerzas armadas gobernaron durante 17 años en Argentina, con breves interregnos civiles, y el peronismo proscrito. Así las cosas, la confrontación social y políticas se hizo insostenible y el retorno de Perón inevitable. Su gobierno, desde octubre de 1973 hasta su muerte el 1º julio de 1974, fue un fugaz intento de retomar el proyecto nacional, cuestionado desde un comienzo por la oligarquía y los Estados Unidos, pero también, soterradamente por la derecha peronista y los militares.

A la muerte de Perón se instaló el gobierno vergonzante y represivo, de su vicepresidenta y esposa, Isabel Martínez, que provocó un gran descalabro económico y agudizó los enfrentamientos sociales y políticos. Así las cosas, con el golpe militar de marzo de 1976 se impuso una represión genocida y no sólo contra las formaciones guerrilleras, que habían nacido a fines de los años sesenta, sino contra sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales, propias de la democracia.

La clase política chilena, de izquierda y derecha, nunca ha entendido el peronismo. Le incomoda. O, más bien, le molesta ese peronismo, que intentó el proyecto nacional de impulsar un desarrollo económico fundado en un entendimiento de clases, entre el empresariado ligado al mercado interno y la clase obrera, y distante de los bloques ideológicos y de poder internacionales de la época: los Estados Unidos y la URSS.

Sin embargo, el empresariado y el establishment político chileno fue muy entusiasta con el peronismo de Menem, que gobernó Argentina en los años noventa, y que implementó radicales políticas neoliberales, muy alejadas del peronismo histórico. Menem, y su ministro de Economía Cavallo, privatizaron casi todas las empresas públicas, liberalizaron al extremo el mercado interno, favorecieron la apertura financiera al capital transnacional y redujeron fuertemente el gasto público. Se trataba de medidas muy coincidentes con el modelo económico chileno.

El neoliberalismo de Menem terminó mal y, a comienzos de la década del 2000, culminó en una aguda disminución de la actividad productiva, inmanejable endeudamiento externo, fuga masiva de capitales y una pobreza vergonzante. Su reemplazante, el presidente radical Duhalde, realizó denodados esfuerzos para salir de la crisis con resultados infructuosos.

Fue el presidente, Néstor Kirchner, con un proyecto de izquierda peronista, el que consiguió la recuperación económica y social del país. Sin embargo, después de la muerte de Néstor, y durante el segundo gobierno de su esposa, Cristina, el país viviría duros enfrentamientos políticos. En el marco de una dura crisis económica, se producirán fuertes enfrentamientos con la oligarquía agroexportadora y especialmente con los medios de comunicación. Ello permitió la emergencia de la derecha, encabezada por el presidente Macri.

 Los chilenos admiran las callecitas de Buenos Aires, pero observan con desdén la política argentina. Al igual que Jorge Luis Borges, admiran a Sarmiento, rechazan a Rosas y desconfían del peronismo. Quizás por ello, el exministro chileno, Jorge Burgos, ha calificado al peronismo de “populismo ramplón” (o sea populismo vulgar, que carece de elegancia), refiriéndose al posible retorno de Cristina Kirchner al gobierno.

 El peronismo, y Cristina en particular, han recibido en meses recientes un contundente apoyo ciudadano, como consecuencia del desastroso gobierno del presidente Macri. Sus políticas, con el manifiesto apoyo de Trump y del FMI, se han traducido en una profunda caída del producto, elevada inflación y agudo deterioro del peso. Argentina se encuentra hoy día con una deuda impagable, pérdida de derechos laborales y sociales, y una pobreza inédita.

 Así las cosas, el retorno del peronismo parece inevitable. Pero resulta sorprendente que Cristina haya propuesto una fórmula para las elecciones presidenciales de octubre que la encabece Alberto Fernández y ella como vice.

Alberto Fernández, quien había sido jefe de gabinete de Néstor Kirchner, se separa políticamente de Cristina Kirchner en el 2010 y se une a Sergio Massa, quien encabeza el Frente Renovador, ubicado en el centro peronista. Sus diferencias fueron manifiestas en diversos temas: sobre Venezuela, el cepo cambiario, la ley de medios, y, finalmente y sobre la democratización de la justicia.

Cristina pareciera haber entendido que el apoyo de la ciudadanía, aunque considerable, resulta insuficiente para impulsar un gobierno de mayoría nacional. Por ello, con la candidatura presidencial de Alberto Fernández, busca conquistar al peronismo de centro, aglutinado en la formación de Massa y en algunos sectores del federalismo, que encabeza el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

Con esta decisión, Cristina hace una suerte de autocrítica respecto de su gestión pasada, cuando dice “Le pedí a Alberto Fernández que encabece la fórmula”, porque tiene capacidad de “decidir, organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud posible del gobierno”. Además, ella misma le habría manifestado a Fernández: “tu unes, yo divido.”

En la actual coyuntura argentina la voluntad de Cristina por ampliarse hacia el centro peronista es de suma relevancia para enfrentar los serios problemas económicos y sociales que vive el país. De seguro, solo una amplia mayoría nacional podrá superar la debacle a que conducido el macrismo. Por otra parte, el probable triunfo del peronismo de izquierda es de suma trascendencia para la región en un periodo que se han extendido las derechas y, además, con un preocupante gobierno de Bolsonaro en Brasil.

Sin embargo, el peronismo, y Cristina en particular, tienen que ser capaces de resolver un problema mayor: el flagelo de la corrupción que recorre Argentina. Es cierto que ha existido desde hace décadas en el país, pero ha sido destacado con mayor fuerza durante su gobierno. Varios ministros, autoridades y asesores del gobierno kirchnerista, y ella misma, se encuentran investigados por actos de cohecho, así como por enriquecimiento ilícito.

En Argentina la propia justicia no ofrece muchas garantías de imparcialidad, también cuestionada por actos de corrupción y, además, con varios jueces identificados políticamente con Macri. Pero, más allá de esto, la sociedad demanda transparencia y condena a los corruptos.

Los ciudadanos argentinos, al igual que los chilenos hoy día, exigen el término de la corrupción y el funcionamiento transparente de las instituciones. Es un requisito indispensable para la recuperación económica y el progreso social de Argentina. Todas las instituciones deben ser controladas por la ciudadanía y auditadas por organismos independientes. De otro modo no habrá transparencia y no se terminará con la corrupción.

No basta que el peronismo vuelva al gobierno, sino se necesita al mismo tiempo que ese peronismo cierre las puertas a todo acto de corrupción en el país y a sus instituciones.

Roberto Pizarro H
Economista
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