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Si bien en las últimas décadas, el avance y acceso a la salud por parte de mujeres ha logrado superar los primeros obstáculos, no es menor que en Chile aún no se aborden los derechos sexuales y reproductivos con la urgencia y amplitud que requieren. Somos testigos de cómo desde la salud pública y los diferentes estados, las mujeres hemos sido sistemáticamente violentadas en Chile y Latinoamérica; situaciones como esterilizaciones forzadas a mujeres indígenas y migrantes, violencia obstétrica instaurada como tradición en el trato a las gestantes, cuestionamiento y revictimización ante abusos y violencia sexual por sobre la contención y atención inmediata, la penalización del aborto o limitado a causales y la profunda carencia de políticas públicas que permitan acceso a información y educación sexual.
Hace más de 30 años la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos declararon el 28 de mayo como el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Sin embargo, pese a ser décadas de pelea por conquistar derechos sexuales y reproductivos, aún nuestra salud reproductiva se aborda como una mera discusión moral. Queremos pasar del debate moral a uno de derechos.
La conmemoración de este día cobra relevancia cuando recordamos que la salud reproduce las desigualdades derivadas del género. Desde ámbitos tan básicos como asumir las diferencias entre el metabolismo de hombres y de mujeres, hasta la necesidad de abordar la salud sexual y reproductiva como un derecho humano, superando las definiciones masculinas y religiosas.
Si bien en las últimas décadas, el avance y acceso a la salud por parte de mujeres ha logrado superar los primeros obstáculos, no es menor que en Chile aún no se aborden los derechos sexuales y reproductivos con la urgencia y amplitud que requieren. Somos testigos de cómo desde la salud pública y los diferentes estados, las mujeres hemos sido sistemáticamente violentadas en Chile y Latinoamérica; situaciones como esterilizaciones forzadas a mujeres indígenas y migrantes, violencia obstétrica instaurada como tradición en el trato a las gestantes, cuestionamiento y revictimización ante abusos y violencia sexual por sobre la contención y atención inmediata, la penalización del aborto o limitado a causales y la profunda carencia de políticas públicas que permitan acceso a información y educación sexual.
Estas son expresiones que evidencian lo mucho que queda por avanzar en esta materia y que mientras no se aborden, mantendrán consecuencias como las cifras de embarazo adolescente, la explosión del número de contagio de VIH o el crecimiento de un mercado negro de venta de misoprostol de precios 100 a 500 veces más del valor original, sin garantías y seguridad para las usuarias.
En la misma línea, recién el año pasado nuestro país dejó de ser parte de los 5 únicos países donde se prohibía la interrupción del embarazo bajo cualquier causal, abriéndose la posibilidad en caso de violación, riesgo de vida de la madre o inviabilidad fetal, lo que en los hechos cubriría alrededor del 5% de los casos según datos de Amnistía internacional. Sin embargo, hasta la fecha se han mostrado diferentes limitantes en la implementación, que grupos anti derechos de las mujeres han utilizado para impedir nuestro derecho a decidir. Se establece dentro del gremio médico un grupo cada vez más conservador donde los objetores han encontrado un espacio de negar derechos, dañar -aún más- a mujeres que pretenden interrumpir su embarazo y tal como sabemos en experiencias de hospitales públicos, cuestionar o intimidar, a través de la culpa y violencia psicológica para castigar a pacientes que simplemente ejercen su derecho a la salud.
Los grupos de poder también hacen lo suyo. Luego que el Tribunal Constitucional cambió el espíritu de la ley, abriendo la puerta a la objeción institucional, el reglamento de la ley publicado hace algunos meses, permitió que redes completas de salud se declararan objetoras. Tal es el caso de la Red Salud Christus, asociada a la Universidad Católica y su clínica privada, la que incluso involucra a Centros de Salud Familiar (CESFAM) sin atención clínica de comunas vulnerables como La Pintana y Puente Alto, limitando activamente el derecho a acceso a la información para mujeres.
De esta manera, instituciones que mantienen convenios con el Estado podrán seguir recibiendo fondos públicos a pesar de objetar la aplicación de la ley. Lo que en palabras de Javier Macaya no tiene relación con el aborto, sino que en asegurar que instituciones privadas puedan recibir recursos sin ser “pauteadas” por el Estado. Pero cabe mencionar que no es casual que sea precisamente con esta ley, que la derecha y el tribunal constitucional, hayan decidido empujar tajantemente la objeción institucional. Tampoco es casual que sean estos grupos los que rechacen el objetivo y razón de ser de una política pública.
Y es que esta discusión sigue abordándose como un debate moral y no una discusión de derechos. Misma tónica con la que se trata la educación sexual y salud reproductiva y que mantienen a la población con altos grados de desinformación y prejuicios sociales que impiden prevenir enfermedades o embarazos no deseados. Pero hay más que religión y números, el derecho a decidir está siendo vulnerado y dependiente de los ingresos económicos de las mujeres. Tenemos derecho a tomar decisiones sin tener que cargar con los juicios y cruces de otros. Por los mismo niños que dicen querer proteger es que las maternidades deben ser elegidas y deseadas.
Por ello, las feministas de Comunes y parte del Frente Amplio, en este día internacional de acción por la salud de las mujeres, seguimos bregando por un sistema de educación sexual integral, anticoncepción y el derecho a decidir de todas las mujeres
