En defensa de la historia

Y en cuanto a la historia, testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, heraldo del pasado, ¿con qué otra voz sino es la del orador se la encomienda a la inmortalidad?

Cicerón, De Oratore, 2.36 55 a.C.

Para las civilizaciones del mundo clásico, la historia era maestra de la vida, orientadora de la política.[1] Desde entonces, lo que distingue a la historia de otras disciplinas es su búsqueda incansable por la verdad, no como objetividad absoluta sino como camino para la libertad.[2]

¿Quién pudiera ir en contra de la ella sino el tirano?

En la década de 1830, Claudio Gay escribió lo que puede ser considerada la primera historia moderna de nuestra naciente república.[3] Con la fundación de la Universidad de Chile, en 1842, se estableció institucionalmente la labor de escribir de forma sistemática la historia de nuestra sociedad. El 22 de septiembre de 1844, José Victorino Lastarria presentó la primera tesis de grado, en ella propuso que la historia debía escribirse de forma profesional en base a una crítica radical al pasado colonial. La historiografía debía poner en cuestión el poder de la oligarquía en la sociedad y de la iglesia en el Estado. Así, al igual que los historiadores antiguos, le asignó una función política fundamental: informar a las generaciones del presente (republicanas, democráticas) sobre los aciertos y errores del pasado (colonial, monárquico)[4] para orientar su actuar político. Vale decir, en el origen de la historia como disciplina se encuentra su vocación política y emancipadora.

¿Quién pudiera ir en contra de la ella sino el tirano? 

La Ley de Instrucción Primaria (1860) y la creación del Instituto Pedagógico (1889) dieron un gran impulso a la escuela pública, y, a partir de ella, a la enseñanza profesional de la historia en la sociedad. No habrían sido posibles los procesos de democratización económica y política que vivió Chile en el siglo pasado, sin esta masificación de la escuela y enseñanza de la historia.

Fue la dictadura de Pinochet (1973-1989) la que interrumpió violentamente dicho proceso republicano y democrático, quemó libros (de historia) en las calles, intervino universidades y escuelas, persiguió a investigadores y profesores, negó la verdad y luchó contra la memoria.

Luego de una prolongada transición a la democracia, pudimos volver a recordar y encontrar en parte la verdad, es decir, recrear con dificultad la Historia en la sociedad.[5] Estábamos en ese noble sueño[6], cuando El Mercurio (quien otro) nos despertó: Historia dejaría de ser una asignatura obligatoria en la formación de los estudiantes de tercero y cuarto medio, esto es, de aquellos jóvenes que se incorporan a la ciudadanía como votantes o miembros de movimientos sociales o políticos.

En su lugar, se anuncia, se ubicará un curso nuevo cuyo objetivo es enseñar las responsabilidades cívicas a los futuros ciudadanos, algo así como la educación cívica de dictadura. Preocupación transversal de la elite política luego del ciclo de movilizaciones sociales iniciado en 2006/2011.

De esta forma, ahora será posible que estudiantes de los dos últimos años de educación media no cursen Historia. Sí, Historia, aquella disciplina creada por griegos y romanos para orientar la acción política, la misma que cumple 175 años en nuestro país como disciplina profesional.

¿Quién decidió esto? ¿cómo lo decidió? ¿para qué lo decidió?

Lo decidió un grupo de ocho personas designadas o propuestas por el gobierno de Piñera. No fueron electos por la ciudadanía, de hecho, nadie sabía (mucho) de ellos hasta ahora. Como no cuentan con facultades legislativas, aprobaron una resolución que el Ejecutivo debe transformar en Decreto Supremo (y no en ley).

El proceso de decisión fue oscuro, las actas de sesiones del consejo nacional de educación no clarifican, y se limitó a consultar a algunos actores sociales. Obviamente, en dicha consulta nunca se planteó la posibilidad de eliminar Historia de III y IV Medio. Se aplicó el pobre modelo de participación consultiva en donde la sociedad se limita a aceptar o rechazar, de forma no vinculante, propuestas elaboradas y zanjadas por elites profesionales y políticas.

No queremos pensar que lo hicieron para hacer retroceder los procesos de memoria y verdad que había alcanzado la sociedad a través de la enseñanza de la historia estos últimos años, no lo queremos pensar, pero lo pensamos porque tenemos memoria. Este gobierno representa a la oligarquía (modernizada) contra la que luchó Lastarria (siglo XIX) y Allende (siglo XX), es continuadora de la obra de Pinochet, se opone a la politización de la sociedad, se incomoda con la memoria y sus museos, promueve el olvido, en una frase: se opone a la Historia.

Una sociedad sin memoria histórica está condenada a naturalizar la desigualdad económica y política.

La historia es nuestra y la hacen los pueblos.

Adelante, con todas las fuerzas de la historia.

[1] Moses Finley, Historia antigua: problemas metodológicos, Barcelona, ediciones Crítica, 1986.

[2] George Igger, Historiografía del siglo XX. Desde la objetividad científica al desafío posmoderno. Fondo de Cultura Económica, 2012.

[3] Claudio Gay, Historia física y política de Chile. Ver también: Cristián Gazmuri, La historiografía chilena, 1842-1870, Tomo I, Taurus, DIBAM, 2006, 58.

[4] José Victorino Lastarria, “Sobre la influencia social de la conquista i del sistema colonial de los españoles en Chile”, memoria presentada el 22 de septiembre de 1844, Universidad de Chile.

[5] Gabriel Salazar y Segio Grez, “Manifiesto de historiadores”, 1999; Jorge Pinto, et al, “Cuarta declaración de historiadores respecto de la cuestión nacional mapuche”, 2013.

[6] Peter Novick, Ese noble sueño. La objetividad y la historia profesional norteamericana. Instituto Mora, 1997.