¿Ley de Patrimonio o modernización de monumentos del Estado colonial del siglo XXI?

¿Qué esconde el Gobierno al ocultar el texto reforma a la Ley de Monumentos Nacionales? ¿Qué expectativas pretende cumplir? ¿Pretende esta reforma reconocer mecanismos efectivos y autónomos para que las comunidades y pueblos originarios puedan defender su cultura y territorios sagrados de mineras, inmobiliarias, forestales o salmoneras, principales conflictos patrimoniales y ambientales en nuestro territorio? ¿Eliminará las divisiones naturales/cultural material/inmaterial que no comprenden la complejidad y naturaleza de nuestra memoria? ¿Pretende revertir la ausencia en nuestra memoria pública de la cultura y de las luchas de pueblos originarios, mujeres, obrerxs, campesinxs y pobladorxs, frente al nacionalismo que por años se ha mantenido al erigir monumentos públicos de próceres hombres republicanos y coloniales, convenciéndonos de que no tenemos más memoria que las glorias militares de asesinatos contra nuestro propio pueblo y el expolio de la colonia?

Hasta hoy la Ley Nº 17.288 sobre Monumentos Nacionales ha sido cómplice del despojo cultural y ambiental de comunidades y pueblos originarios. Ha sido estéril frente a las insistentes demandas de cientos de comunidades que han solicitado que se proteja de forma efectiva su territorio y patrimonio cultural, frente a los intereses extractivistas de las empresas privadas y del propio Estado. Deliberada es la fragilidad de nuestro sistema patrimonial en conocidos casos de muerte anunciada como el Dakar, Ralco, Rapa Nui o el Mauro frente a la voracidad del capital.

Ante las insubordinadas memorias de la resistencia de las organizaciones de derechos humanos y en contra de todas las recomendaciones internacionales, el Estado ha sido parte del silencio cómplice respecto de la memoria del terrorismo de Estado cometido en dictadura en casi completa inacción e impunidad frente a la desaparición de personas primero y luego de los sitios de detención y exterminio como lugares de memoria o resistencia, así como de archivos de las fuerzas armadas y de orden, entre otros documentos relevantes para garantizar el derecho a la verdad y la memoria. Más aún, las pocas acciones estatales en este sentido, se han constituido en acciones para encapsular el conflicto en el pasado, en un memorial aislado o en una vitrina, neutralizando las aún pendientes demandas de verdad y justicia acorde a un discurso vacío de reconciliación.

La memoria es política, y la ley de Monumentos Nacionales, es uno de los instrumentos de imperialismo cultural: se construye desde el fetiche y el folclore de la élite, con el argumento de preservar/acumular una riqueza cultural academicista, colonial y europeísta, referente de valores con los que es deseable educar/domesticar al distante e ignorante pueblo. Se constituye como una construcción cultural impuesta y lejana muy distinta a la construcción de memoria de las vidas de las comunidades. No obstante, algunas apropiaciones modernizadoras de la memoria del pueblo se pueden acoger, siempre y cuando no impidan la acumulación del capital. Hoy, la reforma a la Ley de Monumentos será un instrumento conveniente: por una parte, es lo suficientemente inofensiva -tanto ética como legalmente hablando- como para que su transgresión pueda incluirse en la planificación financiera, y lo suficientemente filantrópica y ahora modernizada, como para que su observancia sea aplaudida y neutralice los conflictos del sistema capitalista con todos los aspectos de nuestras vidas.

Cual acuerdo alegre, democrático y popular, siempre con connotación de urgente, los últimos tres gobiernos han anunciado la reforma a la actual Ley de Monumentos Nacionales, con decepcionantes desenlaces. Este Gobierno es el que más lejos ha llevado la empresa: se ha elaborado una Reforma a Ley de Patrimonio, cuyo texto nadie conoce salvo la misma élite de siempre que fuera convocada a su redacción y validación.

El día 1º de marzo de 2019, el Subsecretario de Patrimonio, Emilio de la Cerda destacó a través de su cuenta de Twitter que «tras + de 80 instancias de participación, ingresaremos el proyecto Ley de Patrimonio que actualizará legislación del 70”. No obstante, al solicitar a la misma institución las copias de las actas de los encuentros ciudadanos que se han hecho para discutir el proyecto de ley o de consulta a pueblos originarios la respuesta fue la siguiente: «(…) nos abstendremos, por ahora, de entregar la información solicitada a la espera de su ingreso al Congreso Nacional, lo que se verificará en los próximos días, momento desde el cual esta información será de acceso público».

Con esta respuesta, el Subsecretario de Patrimonio sutilmente nos señala algo que nos hace arder la herida colonial: la obligatoriedad de la consulta a los pueblos originarios, previa e informada, respecto de todo acto administrativo que les incumba, aun es, para la clase política, parte del discurso, pero ausente en la realidad. Las comunidades sólo son consideradas cuando se presentan despolitizadas, despojadas de su capacidad de agencia, sutilmente domesticadas, pero son silenciadas cuando evidencian un potencial desestabilizador frente al ejercicio unitario del poder.

Un Estado cuyas estructuras fundamentales se sustentan en pilares profundamente antidemocráticos nunca alcanzará la envergadura de los requerimientos ciudadanos en la materia; no podemos sino dudar de las supuestas buenas intenciones, porque sabemos que en su médula, carecen de legitimidad.

Grave es el escenario de nuestra democracia, donde se vulneran de forma permanente tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Como lo han señalado jueces del Tribunal Constitucional «El desconocer reiteradamente el derecho de los pueblos originarios a incidir en la adopción de medidas que pueden afectar sensiblemente y de manera perdurable sus propios modos de vida y subsistencia, da lugar a una infracción constitucional de un tipo de garantía que, en una democracia moderna y crecientemente participativa, no puede ser ignorada, so riesgo de convertir en letra muerta los compromisos que el Estado de Chile ha contraído en esta materia ante su propio pueblo y la comunidad internacional” (rol 1988-11).

Han pasado muchos siglos y seguimos siendo colonia y nuestra memoria oficial lo refleja. Este Gobierno esconde el texto de esa ley porque a través de la incorporación conceptual de otras formas de nombrar los monumentos o patrimonios, a través de una especie de enjuague teórico, se busca adornar el persistente despojo de los derechos culturales de las comunidades y levantar un “corpus técnico de la eficiencia” que permita, con mayor agilidad, aprobar iniciativas extractivistas de nuestras vidas, cultura y medio ambiente. Dejando, como siempre, a los bienes materiales como expresiones inocuas y mercantilizadas, a los museos y archivos como dispositivos del poder de turno, y a las personas, como evidencias vivas de un neo folklor, sin territorio, sin proyecto y despolitizados.

Esta reforma se funda bajo el mandato velado de erradicar eficientemente todos los posibles obstáculos al aparente desarrollo que promete el capitalismo globalizado. Algunas veces con medidas legislativas, otras veces con represión y violencia, otras veces con corrupción. He ahí algunas claves para interpretar el fugaz despido del Director del Museo de Puerto Williams, por hacer su trabajo y defender la cultura yagana frente al extractivismo de las empresas salmoneras noruegas, invitadas por el mismísimo Presidente de la República a depredar nuestros recursos naturales, contaminar nuestras aguas y terminar con una cultura ancestral vinculada al mar. No fue sutil el gesto.

Y es que no hay que engañarse. El Estado asesinó a Camilo Catrillanca en noviembre de 2018. Cinco meses después, en abril de 2019, se anuncia un proceso de consulta indígena para modificar la Ley Indígena, con el objetivo de permitir la venta y arriendo de tierras. En medio de conflictos por el antidemocrático también TPP 11 y los conflictos por el agua, en mayo el Gobierno anuncia, en el mes del Patrimonio, la promoción de un proyecto de ley sin participación. Es cada vez más desolador enfrentar en términos razonables la distancia ideológica con la clase política en la disputa por la cultura y el territorio.

¿Si la reforma planteada es un avance modernizador en protección de nuestro patrimonio? Devastadora es la respuesta ante la curiosa similitud entre cualquiera de las formas de normalización del patrimonio con el Concilio de Lima, documento evangelizador de indios en América. Un documento que estaba traducido al quechua y al aymara, y ordenaba erigir cruces e iglesias en los sitios sagrados, apropiándose de los símbolos para colonizar y apaciguar a los indios. Ahora es el Estado el que pone sus logos de Gobierno y sus políticas sobre lo que es sagrado, imponiendo una hegemonía discursiva, y despolitizando cualquier gesto de resistencia, respondiendo al lobby de entidades como la Cámara Chilena de la Construcción, mineras y transnacionales, cimentando la devastación cultural del Estado nación neoliberal chileno.

La impotencia ante la nula participación en la conducción del país y de nuestras vidas, no solamente evidencia la existencia de una clase y sistema dominante, sino que, más profundamente, nos revela el carácter eminentemente antidemocrático de nuestro sistema político que lo permite. A partir de la vulneración del ejercicio democrático de participación, el destino de cualquier otro bien público que este proyecto debiera proteger, es implacablemente fatal.

FIRMAN:

– Comunidad Indígena Yaghan de Bahía Mejillones

– Centros de Estudios e Investigación Mapuche – Comunidad de Historia Mapuche

– Alianza Willi Mapu Kiñe Rakizuam

– Coordinadora Nacional Indianistas, CONACIN

– Consejo de Comunidades Williches de Chiloé

– Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ANFUCAP

– Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Patrimonio, ANATRAP

– Londres 38, Espacio de Memorias

– Corporación La Serena 16 de Octubre

– Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta

– Centro de Estudios Sociales de Chiloé, CESCH

– Somos Cerro Blanco

– Bloque Andino por el Agua y los Territorios

– Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente, MODATIMA

– Mesa por el Agua Chiloé

–  Coordinadora Feminista 8M RM

– Federación de Pescadores Artesanales de Corral

– Comité Socioambiental Feminista

– Movimento de Endeudados por la Educación, Deuda Educativa

– Daniela Morales Fredes, abogada

– Macarena Silva Bustón, arquitecta

– Ivette Quezada Vásquez, licenciada en historia

– Pilar Baquedano Juliá, arquitecta

– Nury Luz Hermosilla Osorio, Vicepresidenta del Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas de Chile

– Rocio Barrientos Romero, Presidenta Asociación de Trabajadores por el Patrimonio, Consejo de Monumentos Nacionales

– Laura González, Corporación Memorial Cerro Chena

– Javier Iriarte Muñoz, Agrupación por la Memoria Histórica Providencia

– Juan Espina, Ex nido 20

– Teresa Monardes Valdivia, Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta

– Asociación de Memoria y Derechos Humanos Venda Sexy

– Asociación de Derechos Humanos de Parral

– ONG Red Solidaria Casa Miguel

– Corporación Memoria Borgoño

– Agrupación sociocultural Aitué

– Colectivo Bugambilia

– Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional

– Agrupación Memorial Aeródromo de Tobalaba, AMAT