Rodrigo Anfruns |
Pese a que las diligencias que se han realizado en este caso descartaron la participación de agentes del Estado, la familia siempre ha apuntado a que el único aparato de inteligencia especializado en secuestros y torturas fue la policía represiva de la dictadura. Actualmente caso se encuentra en etapa de sobreseimiento temporal de la investigación.
Rodrigo Anfruns Papi tenía 6 años cuando fue secuestrado desde su casa, el 3 de junio de 1979, y apareció sin vida 11 días después en un sitio eriazo, cubierto de ramas y basura, en la comuna de Ñuñoa.
A horas de este hallazgo, la Policía de Investigaciones aseguró que un adolescente, de 16 años, había reconocido la autoría de los hechos y, respecto de su aparición en un sitio que había sido revisado decenas de veces, señalaron que el fuerte olor de un arbusto había ahuyentado a los perros de búsqueda.
El caso se investigó, pero, en 1982, el entonces ministro en visita, Ricardo Gálvez Blanco decidió cerrarlo asegurando que no se había logrado el probar el discernimiento de la persona sindicada como autor del crimen.
Tras 25 años sin que se aclararan los hechos que lo llevaron a la muerte, finalmente se acogió la querella que presentó su madre, Paola Papi, por secuestro, tortura y homicidio calificado contra los agentes del Estado que resultaran responsables de este crimen. Sin embargo, la investigación no estuvo exenta de dificultades y uno de los principales obstáculos fue la pérdida del expediente, que permanecía bajo custodia en el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago.
En 2009, el ministro en visita de la Corte Suprema, Manuel Valderrama, puso término a la indagación por la muerte de Anfruns, dado que ninguna diligencia arrojó resultados positivos sobre la presunta participación de agentes del Estado.
En medio de esta investigación, se conoció el testimonio del oficial en retiro Jorge Rodríguez Márquez, quien aseguró que vio a agentes de la CNI sacando el cuerpo de Rodrigo de un automóvil, para luego trasladarlo al sitio eriazo donde finalmente lo encontraron.
Esto motivó a que el abogado de la familia, Roberto Celedón, solicitara la reapertura del caso y, en 2011, se realizó una exhumación del cuerpo para realizar nuevos peritajes toxicológicos. Los resultados de estas diligencias descartaron torturas.
Actualmente el caso se encuentra en etapa de sobreseimiento temporal de la investigación. Sin embargo, desde la familia siempre han apuntado a que el único aparato de inteligencia especializado en secuestros y torturas fueron los agentes de la dictadura de Augusto Pinochet.
