Un privado desea infringir la protección de las dunas de Concón

Según Wikipedia, el campo dunar de Concón tiene su origen geológico en el Período Cuaternario y se  ubica en una terraza marina a más de 30 msnm entre Reñaca y Concón, V región de Valparaíso. Posee dunas estables, producidas tras vastos procesos de modelamiento eólico, transversalmente en dirección sur-oeste.

Ahora bien, por tratarse de un ecosistema frágil con flora y fauna nativas y endémicas propias de un sistema geomorfológico muy especial, en el año 1993 fueron protegidas por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) como Santuario de la Naturaleza, pero a raíz de las acciones de conocidos lobbystas y de ministros del primer gobierno posterior a la dictadura, esa condición, en el año 1994, fue reducida a pesar de las infructuosas declaraciones formales del abogado Pedro Pierry, entonces representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en dicho CMN.

En razón a que los chilenos tenemos muy mala memoria, en pocas palabras diremos como ese privado se hizo dueño de las referidas dunas y para ello sucintamente hacemos un poco de historia.

Cuando se estaba preparando la legislación que creó en el año 1981 el sistema privado de las lucrativas AFP, se desmantelaron todas las cajas de previsión existentes en el país, menos Capredena y Dipreca, y Pinochet ordenó a su ministro del Trabajo que se le vendiera en trato directo y con dadivosas condiciones de pago unas cuantas centenas de hectáreas que formaban parte del patrimonio de la Caja de Empleados Particulares (Empart).

Las beneficiadas por la decisión del jefe fáctico de la nación eran 2 empresas constructoras, una del empresario Francisco Soza Cousiño, quien en el año 1975 era ministro vicepresidente ejecutivo de la Corfo, entidad que bajo su dirección privatizó innumerables empresas estatales; y la otra, del político DC y empresario, Edmundo Pérez Yoma. En estos vastos territorios rurales se localizan las dunas de Concón.

El acreedor de la compraventa era en Instituto de Normalización Previsional (INP), hoy Instituto de Previsión Social (IPS), y después de nuestras investigaciones concluimos que tales empresas tuvieron un pésimo comportamiento en sus obligaciones monetarias y finalmente el IPS, por prescripción, no pudo cobrar la totalidad de la deuda morosa. Si algún lector desea conocer información más completa de esta operación, en cualquier buscador se escribe mi nombre, dunas de Concón y Ciper.

Un pajarito examinador de Viña del Mar nos hizo llegar la resolución de aprobación del anteproyecto de edificación Nº 83 del 22 de marzo de 2019, otorgado por el Director de Obras Municipales (DOM) de Concón a la empresa Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón S.A. (RECONSA), cuyo dueño es Juan Ignacio Soza Donoso, hijo de don Francisco Soza Cousiño, creador de tal sociedad y favorecido durante la dictadura con la venta de terrenos que hemos aludido anteriormente.

En ese acto administrativo preliminar, que no genera derechos, pues para su titular se trata solo de una mera expectativa, se contempla un mega negocio inmobiliario consistente en un hotel de unas cuantas estrellas, de 23 torres habitacionales en altura con 3.803 departamentos y de 6.952 estacionamientos a ejecutarse en un terreno de 41 hectáreas, una fracción del mismo localizado en el Santuario de la Naturaleza “Campo Dunar de la Punta de Concón” y la otra fracción es un área verde, clasificada como tal, en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Concón publicado en el Diario Oficial del 11 de mayo de 2017.

Este columnista no comprende la razón por la cual la correcta decisión inicial del DOM de Concón, en orden a rechazar el 28 de agosto de 2017 la solicitud del mencionado anteproyecto, ello cuando ya estaba vigente el respectivo PRC, posteriormente la invalidó el 23 de julio de 2018, un año después, por una presión indebida del Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V región de Valparaíso. Por los períodos transcurridos, entre una y otra acción, se vulneraron los artículos 1.4.9 y 1.4.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y posiblemente el privado interesado en la inversión apremió con demandas de indemnización de perjuicios al municipio y éste, como un ingenuo escolar de básica, “pisó el palito”.

En resumen, las fuerzas vivas de la sociedad civil y todos los parlamentarios de la zona tendrán que exigir el cumplimiento de la ley, si fuese necesario recurriendo ante los tribunales y si, por parsimonia inexcusable no lo hacen, una vez más un privado influyente obtendrá un desmedido lucro injustificado, más encima sobre un terreno que le fue asignado discrecionalmente por el régimen de Pinochet.