El fenómeno de la delincuencia es histórico, ha traspasado cualquier temporalidad, real o imaginada, y se imprime en las percepciones cotidianas mediante imaginarios de estereotipos, prejuicios y subvaloraciones asociadas a clases y contextos de vulnerabilidad, que hasta ahora han logrado instituirse prácticamente como una mitología. Por otro lado, la función práctica del discurso contra la delincuencia constituye un mecanismo constituyente de la sociedad, por ejemplo, a través del miedo colectivo (shock), desde una política coactiva con un seductor tintado de seguridad y compromiso social, y una racionalidad que implica esfuerzos científicos y económicos en función de, supuestamente, acabar con un problema indeseado para muchos, pero, paradójicamente, muy apreciado y beneficioso para otros pocos. Digo esto último por el multimillonario negocio de la seguridad privada. No obstante, el problema del control social que deriva del fenómeno de la delincuencia va más allá de aquellas superficiales sensaciones de seguridad pública, se trata de la libertad de las personas que se ven sublimadas (por usar un término freudiano) por un constructo ideológico que fundamenta su práctica en el individualismo, en la capacidad y esfuerzo del sí mismo; hablamos del neoliberalismo actual.

El problema de la libertad, y su búsqueda, ha sido extensamente tratado desde la historia del pensamiento social, donde el ejercicio del poder en la historia del capitalismo ha engendrado formas, sistemas instituyentes, que oprimen a las personas por medio del trabajo, lo jurídico, lo político y lo moral, entre otros, y donde la noción de autonomía se ve reducida a elecciones individuales bajo subterfugios de democratización, por ejemplo a través de la libertad religiosa, la posibilidad adquisitiva o la pluralización político-discursiva, y no se comprende, o no se tiene consciencia, que la autonomía siempre es—o debe ser—una cuestión social. Sin embargo, en lo que al individuo refiere, la noción de libertad se ha visto reducida a la idea de quererpoder-tener, es decir, la búsqueda de la libertad ha desembocado en la posibilidad de tener capacidad adquisitiva—y aspiracional—en un mundo en el que se ha enraizado una demoniaca competencia por la acumulación,  y ello ha conducido inevitablemente a una dominación disfrazada de bienestar bajo un discurso de búsqueda de plenitud, pero no es más que una forma estilizada de decadencia que se expresa bajo estimulantes imágenes de consumo, una falsa creencia de superación basada en estatus simbólicos y segregación social y cultural.

Es por ello que la delincuencia no sólo debe pensarse como inherencia a ciertos grupos sociales, los ya estigmatizados como vulnerables, satanizando espontáneamente a una parte importante de la sociedad, sino la más elemental en el sistema político-económico contemporáneo. Sino que debe pensarse como un contrapunto propio de una sociedad que ha asumido un significado sesgado de felicidad a través de la materialidad, y esto corre para todos los sectores socioeconómicos, o clases, que, en tanto juego de roles, siempre están luchando por imbricarse bajo eufemismos como autosuperación o autorrealización, aunque algunos cuenten con bastante ventaja.

El control social se expresa en las diversas formas en que el Estado ejerce su dominio sobre lo público, y, en lo posible, lo privado (o íntimo), impulsando esa tan necesaria autocoacción a la cual aspira todo orden social ideal como cúspide civilizatoria, planificado por unos pocos privilegiados que tienen el coraje de hablar de mérito en la educación, o que categorizan de barbárico aquello que ha producido su propio pensamiento de bienestar social y su propia política del desarraigo cultural e identitario mediante la colosal desigualdad que expresa Chile.

Por lo que la delincuencia y su constante ir y venir, anunciado desde las prolijas mediciones estadísticas que erradamente se asumen como hechos de percepción, genera todo un mecanismo productivo y político que involucra un fenómeno racional; la delincuencia como una posibilidad de crecimiento económico para el país y, al mismo tiempo, la posibilidad de controlar la conducta social mediante la hipervigilancia y el control público.  Entonces, ¿están las personas dispuestas a sacrificar su histórica búsqueda de libertad por un contrato social que le adjudica tácitamente a sí mismos la responsabilidad del problema?

Lo que no queremos ver es que la tecnología política ha usado la delincuencia como fuerza de producción desde una doble función; controlar a la sociedad mediante la una vigilancia que bordea los límites éticos y potenciar la industria de la seguridad que tanto bien le hace a algunos, pues, los enriquece. Así que no es de extrañar que algunos noticieros televisados sólo dediquen su tiempo a comentar situaciones de delincuencia, y no es casualidad que se enfoquen en aquellos que llaman clase media como los principales afectados, puesto que aquel sector social es el mejor ejemplo de un aspiracionismo que ha logrado petrificarse como una mentalidad de superación, es decir, ha logrado configurarse como parte de la necesidad de realización de todo individuo.

De todo esto, queda la importancia de analizar críticamente en qué creemos debe centrarse la discusión sobre el problema de la delincuencia, más allá de su obvia prevención, y cómo el actuar del Gobierno no hace más que reafirmar la idea de un control cuasiabsoluto de las libertades sociales, por ejemplo, a través de su entusiasta y recientemente anunciado “Plan Calle Segura”, que no hace más de seguir la línea del exacerbado financiamiento de las policías (a lo que le denominan modernización) y la “inversión” en televigilancia, ambos muy buenos negocios una sociedad riesgosa y caótica, ¿no creen?

No podemos simplemente asumir una realidad tan paradójica en la que en los gobiernos compiten por bajar los indicadores de delincuencia, y asumen resultados favorables, al mismo tiempo en que la industria de la seguridad, la violencia pública o el estigma social, crecen enormemente.