Ahora se está implementando la consulta indígena para modificar la Ley Indígena y cumplir con el Convenio Nº 169 de la OIT. El proceso está siendo rechazado en un número creciente de comunidades, porque gran parte de las medidas propuestas buscan relajar la protección que otorga la ley indígena a las tierras, especialmente aquellas compradas a través de los fondos de CONADI para su subdivisión, enajenación y arriendo.

El Gobierno mira perplejo cómo se multiplican las manifestaciones de rechazo –un Catrillanca 2 dice Ossandon-, y hay ejemplos de vulneración de los estándares normativos que debiera observar la consulta: falta de información, firma de actas por no participantes, validación de reuniones inexistentes, movilización de adherentes al gobierno para materializar reuniones, presencia de fuerza policial e incluso militar – como sucedió en Valdivia -, represión de protestas, etc. Esto ha motivado recursos de protección y reclamaciones en Contraloría.

El Gobierno ha culpado del rechazo a grupos de “extrema izquierda”, partidos de oposición y organizaciones radicalizadas indígenas que perturbarían lo que, según sus estudios, los indígenas quisieran masivamente.

¿Es esto verosímil?, es decir, que los hechos ocurridos en San Pedro de Atacama, Osorno, Cunco, Freire, Padre Las Casas, Arica, Putre, San Bernardo, Concepción, San Juan de la Costa y tantos otros lugares, se obedezcan a una suerte de boicot político y no a manifestaciones espontáneas. Sin duda que los grupos políticos inculpados se sorprenden por la capacidad de movilización coordinada que se les atribuye.

Lo que sucede es que el gobierno ya ha cometido dos errores gruesos e irremediables: primero, ha demostrado que no considera a la consulta indígena un ejercicio de la libre determinación, sino más bien un trámite de validación de políticas ya decididas. Segundo, ha dejado en claro que no comprende el significado del territorio para la libre determinación de pueblos indígenas, al decidir la agenda que ha sometido a consulta para la modificación de la ley indígena.

El gobierno ha señalado que continuará con el proceso de consulta, incluso tomando medidas de fuerza – despliegue policial -, y que es indiferente a los rechazos a las medidas consultadas, en cuanto considera que la consulta es, a lo sumo, un método de conversación o negociación para hacer viable una propuesta del Ejecutivo. En esta visión, el rechazo viene a ser un boicot, porque detiene la conversación o negociación. Precisamente, es la posibilidad del rechazo la que da sentido a la consulta como manifestación de un derecho a decidir.  Este proceso democrático no es un mero trámite, sino un derecho de los pueblos indígenas, de naturaleza colectiva y política. Su contenido esencial consiste en que la opinión de los pueblos indígenas es requerida de buena fe por el Estado, cuando se trata de medidas que los afectan directamente.

La opinión requerida no es un simple parecer, sino la manifestación colectiva de la voluntad indígena, razón por la cual ninguna encuesta o estudio de opinión califica como una consulta, tal como lo ha señalado la jurisprudencia internacional. Adicionalmente, la buena fe exige al Estado requerir la voluntad de los pueblos indígenas de forma libre, abierta y sin imposiciones.

La voluntad de los pueblos indígenas debe manifestarse conforme a sus propios procedimientos de deliberación y decisión, precisamente porque la consulta obedece a la libre determinación que el derecho internacional de derechos humanos le confiere a los pueblos indígenas para la decisión de sus propias formas de desarrollo político, socioeconómico y cultural.

El rechazo indica una voluntad de los pueblos indígenas, que consideran que las medidas no incluyen mejoras sustantivas. También pone de manifiesto que los consultados no confían en que el gobierno esté dispuesto a contribuir a su desarrollo. Si el rechazo a los contenidos de la consulta no es posible, ella sería solo un falseamiento de la libre determinación o su simulación.

¿Por qué los pueblos indígenas rechazan la consulta? Sencillamente porque las medidas propuestas no son consideradas una mejoría en la situación de los indígenas sino, muy por el contrario, son para las comunidades una muestra de la intención gubernamental de destruir las formas de vida de los pueblos indígenas, mediante la habilitación de mecanismos que debiliten su identidad y vínculos con la tierra, privándoles así de la base de su historia colectiva, esto es, su territorio.

El gobierno se queja de que las comunidades y organizaciones no quieren entrar a mayores negociaciones y acuerdos, sin entender que ellas ya decidieron su rechazo a estas reformas a la ley indígena, que son consideradas como un ejemplo más de colonialismo interno, del despojo tradicional por las élites sobre los territorios indígenas.

En todo sentido, es más razonable escuchar a los pueblos indígenas y desistir de un conjunto de medidas ya repudiadas por ellos.


Instituto Igualdad