‘M’ iba llegando a su casa en Talagante cuando los vio allí, de pie frente a su puerta. Se identificaron rápido: eran abogados de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) metropolitana de educación. Y si estaban ahí era para informarle que todo el procedimiento que ya habían comenzado estaba dentro de la legalidad y que mirara el escenario para determinar si valía la pena lucha. ‘M’ todavía recuerda la frase: “Yo que tu, lo evaluaría bien, y más en las condiciones en las que estás”.

‘M’ volvía de una jornada de tratamiento en el hospital cuando le dijeron que su puesto de trabajo, que había alcanzado después de 17 años en el ministerio de Educación (desde 2002), con el grado 10, que es al más alto al que puede aspirar un trabajador administrativo, estaba vacante.

“Mira, no eres la única –recuerda que agregaron los abogados-: tenemos una lista larga que va a ir corriendo. Tú fuiste la primera de esto”.

El denominador común en los nombres es una única razón: salud incompatible.

Todas esas ganas que tenía de volver a su puesto, de sentirse útil, se destruyeron en pocos minutos la tarde del 5 de junio pasado.

A ‘M’ le costó entenderlo. Sabía que la medida podía ser usada con quienes tenían licencias prolongadas e injustificadas, o que fuesen mentiras. Pero lo suyo era verdad: en 2015, mientras trabajaba en la subsecretaría de Educación, un día no pudo levantarse de la cama. Después vinieron los diagnósticos y los meses de hallar respuestas: le encontraron una hernia que ponía en peligro su médula espinal; sentía corriente en la cara; el globo ocular derecho se perdió hacia arriba; el lado derecho de la cara se le paralizó. Además, haciendo memoria y revisando exámenes, vio que tuvo cuatro microinfartos cerebrales.

En 2016 tuvo un diagnóstico que la dejó satisfecha: fibromialgia severa. Los análisis no encontraron el gen de las enfermedades de este tipo. Un doctor le explicó los otros factores: estrés, pena, autoexigencia, culpa.

Al año siguiente, en 2017, avanzó con las terapias para poder recuperarse. Y en octubre de 2018, durante una evaluación por parte de la Comisión Preventiva de Medicina e Invalidez (Compín), el doctor que revisó su caso encontró esta variedad de problemas, pero reconoció que todo era recuperable.

Pero eso no les importó a los abogados.

Fue entonces que contactó a la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime). Les contó lo de ese día de junio, lo de la lista. Ellos ya sabían de esta verdad.

Era la lista negra del Mineduc.

Forma y fondo

Cuando ‘M’ tomó contacto con el gremio, ellos ya habían avanzado en el cómo se gestó el documento.

“No es un procedimiento habitual. Por primera vez, desde que estoy en el ministerio, que veo que se hace esta acción desde la Seremi metropolitana de educación”, dice en la oficina de la agrupación, Egidio Barrera, presidente del gremio, en el piso 10 del mismo Mineduc.

De acuerdo a la información que lograron recabar, la recolección de antecedentes de funcionarios del ministerio con licencias prolongadas comenzó el segundo semestre de 2018. Las primeras medidas se vieron en 2019. Egidio agrega: “Llamaba la atención que estaban incluidos compañeros nuestros que se jubilaban a fines de año”.

Cuando los miembros de Andime en la Seremi comenzaron a informar de los nombres, se dieron cuenta que habían funcionarios con cáncer, otros con enfermedades degenerativas. En total, y sin acceder al documento, dieron cuenta de 16 personas.

“La lógica es la misma: gente con problemas fundamentalmente de salud, en estados grave. Y si lo piensas bien, tiene que ser un gallo muy fresco el que esté con licencia de ocho meses, un año, y que se les declare salud incompatible”, explica Barrera.

Como es habitual en los trabajos, para acceder al servicio público debe cumplirse la condición de tener salud compatible con el cargo. Así recuerda ‘M’ que fue su caso al entrar en esta área. El fallo está, al menos para su caso, en que sea crea a ciegas que en 17 años la salud seguirá igual.

A principios de este año, y con la situación confirmada, Andime pidió reunirse con la ministra Marcela Cubillos. Se encontraron con un rechazo, que es, según cuenta Barrera, el estilo de la ministra.

“Su sello es la dureza, el poco diálogo. Los primeros días que llegó se despidieron 57 funcionarios de todo el país. Hay reestructuraciones muy poco claras, muy poco transparentes, sin diálogos con el gremio. En noviembre enfrentamos otro gran garrotazo, donde fueron 227 funcionarios despedidos de todo el país”, relata.

El canal de comunicación entre los trabajadores ministeriales y las altas autoridades ha sido el subsecretario de Educación, Raul Figueroa Salas. Según cuenta Barrera, Figueroa fue informado de la medida que tomó la Seremi en verano pasado. “Dijo que no le parecía la forma que en la que se estaba haciendo –dice Barrera-, que iba a investigar por qué se estaba haciendo eso. Le dijimos que habían algunos que ya ni caminan”.

En medio de esta investigación periodística, desde el Mineduc informaron que ‘M’ iba a ser reincorporada al trabajo administrativo ministerial este jueves. Admitieron, además, que eventualmente podrían existir casos de desvinculación durante una licencia médica, pero desconocen la existencia de una lista.

Pero en Andime saben, por las mismas filtraciones, que ya está en análisis otra nómina (las imágenes que acompañan esta nota, donde los nombres han sido borrados).

“‘M’ quería volver a trabajar al nivel central del Mineduc -cuenta Barrera que le confesó la funcionaria-, pero la mandaron al sector de San Camilo, a modo de castigo. Además, su caso es sin solución de continuidad: si la contratan ahora de nuevo, partiría de cero y perdería todos los incentivos que tiene para el retiro”.

Los dirigentes de Andime están en diálogo con la Seremi metropolitana de Educación, pero los que llevan la reincorporación de los funcionarios despedidos en medio de sus licencias médicas es el comité central del gremio, no el zonal.

Antes de su reincorporación, la imagen de ‘M’ era una que se puede replicar a los otros casos: “Me cortan las manos, porque buscar trabajo en otra institución pública se me hace imposible al haber sido desvinculada por salud incompatible. Lo mío no es cáncer, pero duele como tal. Nadie está libre de enfermedades. Y si estoy donde estoy, es por mi esfuerzo”.