En 2018, el Estado gastó cerca de 28 millones de dólares en publicidad y difusión a través de medios de comunicación, según un artículo de El Mostrador, que recoje las cifras rastreables en esta materia.
Para este objetivo, se revisó cuatro fuentes: el Congreso, la Contraloría General de la República, la Dirección de Presupuesto y Chilecompra.
Del monto total destinado a los fines mencionados, se desprende que seis empresas de medios de comunicación concentraron la mayor parte del dinero. Unos 13 millones de dólares.
Estos son: El Mercurio con 9 millones de dólares, Copesa con casi 2 millones de dólares, la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) con un millón de dólares, Radio Bío Bío con 400 mil dólares, Radio Cooperativa con 370 mil dólares y el Diario Oficial (perteneciente al Estado y que solo se limita a publicar mensajes legales).
Según el desglose de las cifras, el organismo público que lidera el mayor aporte publicitario a El Mercurio y Copesa es la Universidad de Chile, con $314 millones y $169 millones, respectivamente.
En El Mercurio, le siguen a la U. de Chile la Dirección Nacional del Servicio Civil, con 269 millones; seguida de la Universidad de La Frontera, con 183 millones de pesos; la Tesorería General de la República, con 163 millones; el Ministerio Público, con 108 millones; el Ministerio de Bienes Nacionales, con 106 millones; la Universidad de Los Lagos, con 103 millones; la Dirección de Vialidad el MOP, con 97 millones; la Universidad de Antofagasta, con 81 millones, y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, con 79 millones.
En el caso del grupo Copesa, a la universidad pública le sigue la Tesorería General de la República, con 46 millones; la Subsecretaría de Pesca, con 36 millones; el Serviu Metropolitano, con 34 millones; la Fuerza Área de Chile, con 30 millones; la Universidad de Santiago, con 29 millones; el Servicio de Impuestos Internos y el Instituto Nacional de Deportes, con 23 millones cada uno; el Servicio de Evaluación Ambiental, con 21 millones; el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con 20 millones, y la Universidad de La Frontera, con otros 19 millones de pesos.
