Niñez, toque de queda y derecho a la ciudad. Una mirada feminista

Este domingo se realizó la consulta ciudadana en 7 comunas del país -a partir del proyecto presentado por la bancada Acción Republicana- sobre la definición de un “horario protegido” (eufemismo de un toque de queda) para niños, niñas y adolescentes. Este proyecto surge en un contexto nacional de aumento de las prácticas represivas y de criminalización hacia la niñez y adolescencia por parte del Estado, en cuyo marco se llevan a cabo políticas educativas como Aula Segura y la insistencia del mismo sector político en disminuir la edad de responsabilidad penal. La consulta misma fue un fracaso (una participación de apenas el 8,9%), pero cabe preguntarse por el sentido profundo que tienen este tipo de propuestas.

La propuesta de toque de queda da cuenta de que en Chile hay un sector que vuelve a levantar una visión política profundamente antidemocrática con una clara reminisencia a las medidas de control dictatorial. Ahora, igual que en dictadura, se trata de una política donde algunas personas tienen menos derechos que otras, puesto que niñas, niños y adolescentes son definidas como “menores” y, por lo tanto, como sujetos pasivos con respecto a su propio despliegue en la ciudad. De este modo, se plantea que la forma de ofrecer seguridad a quienes habitan el espacio público no es mediante la transformación de la ciudad y sociedad en un espacio donde sea posible el pleno desarrollo y el encuentro, sino por el contrario, mediante el control y la restricción de su uso. La sugerencia de un horario protegido para menores de 16 años presenta la idea de que la forma de cuidar su seguridad frente a las amenazas de la ciudad es restringiéndoles su presencia fuera de sus casas bajo la noción de que este confinamiento en los hogares es condición de seguridad. Como feministas, sabemos que los hogares han sido y son uno de los principales espacios de vulneración y violencia para mujeres, niñas y niños. ¿Qué es lo que pretende esta medida entonces? ¿A quiénes busca proteger? ¿Qué enfoque es el que promueve? Una política de toque de queda para “menores” hace de las políticas de seguridad una excusa para reforzar la vigilancia y control policial y civil sobre un sector de la población que al menos desde el 2006 ha demostrado una alta capacidad de crítica a lo establecido y de movilización colectiva. Se trata entonces, de una política que está muy lejos de asegurar el pleno ejercicio de derechos de los niños y niñas.

Un aspecto que llama la atención del enfoque antidemocrático del proyecto y, por tanto, de las visiones y consecuencias de la consulta ciudadana, es que no concibe la ciudad como un espacio público pues su uso está limitado solo para algunas personas. Por una parte, esto implica el incumplimiento del principio de Igualdad y No Discriminación a los Niños, Niñas y Adolescentes, aceptado por Chile al ratificar la Convención de los Derechos del Niño en 1990. Pero el problema principal es la idea que hay respecto de la niñez y adolescencia, como personas sin autonomía ni capacidad o interés por vivir y organizarse con independencia de adultos. De este modo, volvemos a una comprensión de los niños, niñas y adolescentes como “menores”, es decir, personas en una situación jerárquicamente inferior que los adultos. Esto queda en evidencia cuando se plantea en el proyecto de ley que las únicas situaciones ante las cuales un niño, niña o adolescente puede encontrarse en la vía pública durante el así llamado “horario protegido” de toque de queda son aquellas en las que se encuentra realizando un traslado/encargo autorizado por un adulto sin desvíos, en el caso de encontrarse emancipado legalmente, estar involucrado en una emergencia y/o estar realizando una actividad estudiantil, educativa, religiosa o recreativa supervisada por adultos.

Asimismo, aísla y deja en un lugar de responsabilidad individual la protección de los niños, niñas y adolescentes. Aunque las familias son la primera línea de protección directa, es el Estado el agente responsable de asegurar espacios libres de violencia, garantizando de este modo al total de la población la posibilidad de habitar la ciudad sin miedos. En sentido contrario a esta responsabilidad pública, la definición del toque de queda limita el ejercicio de las libertades de las personas y comunidades. Una perspectiva transformadora y que asuma un enfoque de derechos parte del principio del derecho a la ciudad de personas de todas las edades, géneros y nacionalidades. La pregunta ha de ser ¿Cómo hacemos de la ciudad un lugar libre de violencia?.

Cabe señalar que cuando hablamos del derecho a la ciudad, lo hacemos de la ciudad en su conjunto y no en la compartimentación municipal. No es posible abstraer estas políticas de control desde los municipios de la división presupuestaria municipal donde comunas como Recoleta tienen como presupuesto total anual para toda la comuna, el equivalente al recibido recientemente por la comuna de Providencia para mejorar sus vías.

Por último, para pensar la protección de los niños, niñas y adolescentes, así como sus necesidades acorde a la edad se requiere una mayor comprensión respecto de la realidad actual de éste grupo. Limitar sus posibilidades de salir en estos horarios no considera que la mayor parte de sus experiencias de vulneración ocurren al interior de sus casas y que, por lo tanto, estar en la vía pública en dicho horario en muchas ocasiones se configura como una estrategia para resguardar su integridad. De este modo, que un niño, niña o adolescente se encuentre con un adulto responsable no asegura -aunque idealmente debiese- su protección.

La propuesta de un toque de queda para niños, niñas y adolescentes es altamente preocupante y regresiva con respecto a la defensa de su integridad y desarrollo. Es una medida que trae al presente prácticas dictatoriales de control y vigilancia mediante la represión de la población, en especial de aquella en situación de pobreza. En la propuesta de toque de queda no existe ni la más mínima preocupación por los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, quienes que no tienen un hogar o en muchos casos adultos que puedan asumir su cuidado. De todos modos, la principal preocupación refiere a la limitación del ejercicio del derecho a la ciudad de los niños, niñas y adolescentes; faltando también al principio de participación en la construcción misma de los espacios que habitan. ¿Dónde queda la voz de quienes se verán directamente afectades por esta política? Si realmente se estuviera construyendo una política social con enfoque de derechos para asegurar la protección de los niños, niñas y adolescentes, partiríamos por preguntarles directamente qué necesitan para sentirse seguros en la ciudad y qué creen que debe transformarse en ésta para habitarla sin miedos. Como dijera la poeta y profesora lesbiana Gabriela Mistral: “el futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde”; ese hoy no puede sino construirse con su participación.

Esta fracasada consulta y el proyecto que le subyace no es más que una nueva estrategia de la derecha para negar el derecho a la ciudad de niños, niñas y adolescentes. Aquellas personas de las que afirman con orgullo que son “el futuro de Chile” terminan siendo vistos como sujetos en los que no se puede confiar y a los que solo el encierro puede proteger. Viniendo de autoridades que se han opuesto históricamente a promover políticas de seguridad social, garantizar derechos sociales universales y resolver de manera efectiva las causas de la desigualdad y la precariedad cotidiana de sus vidas, no podría haber hipocresía más grande.