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Comandante en jefe del Ejército por malversación de fondos: “Debemos respetar la presunción de inocencia”

Por: El Desconcierto / Publicado: 06.07.2019
Ricardo Martínez / Fotografía de Agencia Uno
El general y comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, se refirió a las acusaciones en contra de sus antecesores, en una videoconferencia que sostuvo con todos los miembros de la institución militar. En ella señaló que era responsabilidad de Fuente-Alba y Oviedo lo que pasara con esos fondos.

El comandante en jefe del Ejército realizó una videoconferencia para todos los miembros de la organización militar, en la que habló sobre las acusaciones por malversación de los fondos reservados de la institución, por parte de sus antecesores, los generales en retiro Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo.

El general y actual comandante del Ejército, Ricardo Martínez, asegura según El Mercurio, que “el uso de los gastos reservados es de responsabilidad principal de los comandantes en jefe, como es mi caso, y de las autoridades que tienen asignados estos recursos, quienes deben dar un valor explicativo, cuando corresponda, al uso de los mismos”.

“Todos debemos respetar la presunción de inocencia porque así lo establece el Estado de Derecho”, explica el general Martínez a sus subalternos . Además, llamó a tener “prudencia hasta que los tribunales hablen con su verdad en el futuro”.

Esto se da en un momento en el que, según Martínez, el Ejército atraviesa por una fuerte crisis en el “ámbito de la probidad, que nos ha afectado fuertemente”. 

Actualmente, el general Juan Fuente-Alba está acusado por desviación mal intencionada de los fondos reservados del la institución castrense, por un monto de 3.500 millones de pesos. Por su parte, el general Oviedo fue sometido a procesamiento por parte de la jueza Romy Rutherford, debido a pruebas en su contra que acreditarían una malversación de más de 4.500 millones de la moneda nacional.

Sin embargo, esta investigación fue suspendida por el TC debido a que, ya antes en enero, el mismo Tribunal Constitucional había ordenado la suspensión del caso. Fallo que la ministra Rutherford interpretó que solo aplicaba para el cuaderno referido a las “empresas de turismo”, y no para una presunta investigación por malversación de fondos fiscales.

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