Nuevos engaños del gobierno en el ámbito ambiental

El miércoles 3 de julio, Rafael Bergoeing, reconocido hombre de derecha, quien firma en representación de la Universidad Diego Portales y de la Comisión Nacional de Productividad, publicó la columna “Burocracia”, en el diario El Mercurio, criticando la tramitación de los diferentes tipos de actos administrativos, lo que en cierta medida compartimos, pero mintiendo descaradamente al afirmar muy suelto de cuerpo que “la baja certeza, por su parte, alude a la falta de previsibilidad de los criterios para la aprobación de los permisos, la poca claridad respecto de las vías para impugnarlos y el que pueden ser revocados una vez implementado, incluso cuando se han tramitado en apego a la norma” (sic).

Se nota que esa persona desconoce la Ley Nº 19.880 del Procedimiento Administrativo y fue irreflexivo, empleando una palabra suave, cuando aseguró que en Chile se revocan los permisos apegados a las normas, lo que bajo ninguna circunstancia puede suceder. Lo que le molesta a dicho columnista, quien, por lo visto, es un promotor de las aprobaciones express para acelerar las inversiones, es que en el último tiempo la Contraloría y el Poder Judicial están resolviendo, conforme a derecho, casos de corrupción inmobiliaria que cuentan con permisos municipales de edificación, creyendo él que, por existir un permiso cursado, su titular tendría un derecho adquirido. No es así Bergoeing, ahora se están atacando las malas prácticas en los diferentes mercados, lo que debe ser valorado por todos aquellos que propiciamos la vigencia plena del Estado democrático de derecho.

Ahora bien, a continuación, damos cuenta de una situación asaz tramposa que él debe conocer pero que no la alude en su publicación, a saber :

En marzo de 1994 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 19300 de Bases Generales del Medio Ambiente, instrumento que ha tenido varios cambios de distintos tipos, unos favorables y otros perjudiciales para la ciudadanía. En su artículo 10º se listaban los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que debían someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y en la letra h) se decía que los Planes Regionales de Desarrollo Urbano, Planes Intercomunales, Planes Reguladores Comunales, Planes Seccionales, proyectos industriales o inmobiliarios que los modifiquen o que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas tenían que ingresar al SEIA.

En agosto de 1996 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Nº 131 que declaró a la región metropolitana de Santiago como zona saturada por ozono, material particulado respirable, partículas en suspensión y monóxido de carbono y zona latente por dióxido de nitrógeno. Un año y medio después se publicó en el Diario Oficial el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, conocido también con las siglas PPDA, siendo su objetivo proteger la salud de la población bajando la exposición de ella a concentraciones dañinas para el bienestar físico y de la calidad de vida. Todas sus medidas estaban orientadas a controlar las actividades y fuentes contaminantes vinculadas primordialmente al transporte, la industria y la construcción.

Por lo tanto, después de esta fecha los proyectos inmobiliarios que se ejecutaban en esta megalópolis debían ser evaluados ambientalmente para que sus impactos negativos tuvieran mitigaciones y compensaciones a favor de la población. Como en la administración no existía un acuerdo para establecer qué se entendía por un proyecto inmobiliario, la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) instruyó al Ministerio Secretaría General de la Presidencia que tenían esa condición solo los proyectos que se emplazan en una superficie de 7 hectáreas, que tuvieran 300 viviendas y que contemplaran 1.000 estacionamientos y así quedó reflejado en la regulación pertinente.

Después del último cambio la ley Nº 19300, hasta el día de hoy, señala en la letra h) de su artículo 10º que deben someterse al SEIA los proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas, lo que se ha cumplido irregularmente pues muchos actores inmobiliarios, los más ingeniosos y frescos, fraccionan sus proyectos para que no alcancen las 300 viviendas, ardid que, de una u otra forma, los agentes públicos sectoriales aceptan para no contrariar a los dueños de esas inversiones.

Pero, ¡era que no!, el 19 de junio de 2019 el gobierno de Piñera, a través del Mensaje Nº 097-367, introdujo una nueva modificación en la institucionalidad ambiental, específicamente en el SEIA, en donde se lee lo siguiente en su página 7 respecto del artículo 10º : “b) en el literal h), a continuación de la frase zonas declaradas latentes o saturadas la frase que no cuenten con un plan de descontaminación o prevención vigente, según corresponda». Esta inocente frasecita introducida de contrabando significa simplemente que en la Región Metropolitana de Santiago los proyectos inmobiliarios que generan impactos no ingresarán al SEIA, pues estamos regidos por un PPDA.

A los lectores que tienen mala memoria les recordamos que este mismo engaño se hizo al final del primer gobierno de Piñera, pero como hubo un rechazo generalizado por parte de la ciudadanía informada, el gobierno de Bachelet impidió que se plasmara el timo. Ahora esperamos que los parlamentarios asuman en plenitud su roles para que esta nueva e injustificada ayuda al influyente sector inmobiliario no se produzca y para ello los diputados y senadores podrán ser asesorados por arquitectos y urbanistas serios, que sí los hay, pues si no exigen la eliminación de esa frase, sería sumamente indecoroso desvirtuar la ley ambiental.

Por último, no podemos perder de vista que la industria de la construcción cuenta con los mejores lobbystas de la plaza y es más, su propia asociación gremial empresarial también ejerce el lobby, como quedó reflejado hace unos pocos meses atrás en el vespertino La Segunda.