El autoritarismo como adjetivo identitario de nuestro gobierno vuelve a expresarse cuando, a costo de vulnerar los derechos de las personas más jóvenes de este país, la intendenta de Santiago es capaz de acusar falsamente al presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional (CEIN) de incitar a la violencia con efecto de muerte contra el alcalde de Santiago.

El relato formal empleado es simple: mediante su cuenta en Twitter, expone una foto del estudiante en la cual -señala ella- se estaría amenazando de muerte (nótese el grueso calibre de lo imputado) al alcalde Alessandri. Sus mismos seguidores en Twitter le dieron cuenta de su error: el representante estudiantil mediante su cuenta en Instagram (privada y de no libre acceso al público) compartió una pregunta a sus seguidores, formato de interacción muy común en dicha red social. Dicha pregunta pedía “panoramas antes de volver a la guerra (clases)”, donde una persona respondió: “Matar a Alessandri”, en torno -por supuesto- burlesco u enrabiado frente a la reciente amenaza del alcalde de cerrar el Instituto Nacional. Entonces, más simple aún: jamás el presidente del CEIN hizo un llamado a matar a nadie, aquello que compartió privadamente fue la respuesta que le dieron a una pregunta que ejecutó en su red social.

Lo que no tiene de ético el actuar de Rubilar, lo tiene de ‘astuto’ políticamente: el comentario en cuestión pone en órbita -otra vez- la violencia política como centro del conflicto, en el cual se esgrime un recurrente y válido “no todo es admisible”, invirtiendo el rol de victimario de Alessandri (el mismo que obtuvo un amplio y transversal rechazo tras amenazar con cerrar hace unos días el Instituto Nacional) a víctima. Por supuesto, lo expresado en torno a que “denunciará” lo expuesto no es más que una anécdota: lo relevante es la exposición del acto (falso acto) para instalar políticamente la criminalización, otra vez, del movimiento estudiantil y particularmente del Instituto Nacional.

Desde el Derecho, lo realizado por la Intendenta no sólo vulnera una serie de derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución por medio de la exposición y mentira expuesta (el derecho a la integridad física y psíquica o del derecho a la honra, por dar ejemplos), sino también lo expuesto en la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes. A su vez, genera una abierta contraposición a la Ley de Datos Personales, al exponer información privada (fotografía, cuenta, relato) de un menor de edad. Para peor, al señalar falsamente que el estudiante amenazaba de muerte a la autoridad pública, comete el delito de acción penal privada consistente en emitir calumnia.

No hay posibilidad alguna de imaginar una legitimidad legal en su accionar, algo que debe saber ella y su equipo. Y es que, en verdad, poco les importa. La abierta infracción que comete renuncia al Estado de Derecho por fines eminentemente políticos. Y bajo ese tenor debemos encararlo: la misma derecha que reclamó al Comando Jungla arguyendo la infracción al Estado de Derecho lo quebranta; la misma derecha que deposita toda su maniobra política en un menor de edad después nos dice y dirá que “los niños van primero”; la misma derecha que hace gárgaras con la violencia política usa la posición dominante de la Intendencia de Santiago para violentar psicológica y simbólicamente a un menor de edad. ¿Qué es todo eso sino violencia? ¿Qué es eso sino renunciar al marco legal al cual intentan referenciar siempre para amedrentar a quienes luchan por sus derechos?

Pero dicho actuar no es de extrañar, puesto que sigue la misma línea de lo que este gobierno ha ejecutado: una política autoritaria (sólo es preciso recordar los emplazamientos de la Ministra Cubillos al gremio de profesores y profesoras) y populista, que crea un enemigo al cual combatir, legitimando, con su propia existencia, los métodos para hacerle frente (el falso terrorismo en la Araucanía para legitimar políticas represivas, o la aprobación de Aula Segura para combatir a “los delincuentes políticos” en el plano estudiantil). Y es en esa legitimidad del método que, a virtud de ambos motores de la política gubernamental, las expresiones de Rubilar dan un nuevo paso: “funar” públicamente desde la autoridad metropolitana a un menor de edad que ocupa una posición dirigencial en un público conflicto con el símil político de la actora, el alcalde Alessandri.

Lo sorprendente, digámoslo, es que lo haga una figura como Rubilar: la misma que ha alzado su voz para defender los derechos de las mujeres con la interrupción legal del embarazo, o abrazado causas progresistas en defensa de la diversidad sexual. Esa cara “amable” y de una derecha light que choca con la expresión más concreta de un actuar verdaderamente fascista, que por medio de la mentira insta a la persecución social. O quizá lo correcto es que no hay nada de que sorprenderse: por más que se ponga otros ropajes, aquella es la misma derecha de antes, es la misma derecha de siempre. No hay otra.

Por último, argüir desde el eslabón de la crítica moral, pero ya no para la emisora del acto (de la cual, siguiendo la línea expresada acá, no debiese sorprendernos), sino para los sujetos pasivos de dicho acto comunicativo: ¿Cuándo permitimos que fuese tan sencillo hoy para una autoridad pública exponer a un menor de edad a esas jaurías virtuales que denigran, amenazan y ahuyentan? Su actuar tiene como condición de posibilidad nuestra propia displicencia.

Si lo político no nos rebosa desde nuestro contexto, que lo sea desde lo más privado: hablamos de nuestros hermanos, hijos, primos y sobrinos difamados públicamente por una alta autoridad de gobierno. Hablemos de aquella insidia que se ejecuta por sobre quienes más queremos, en cómo se usa al otro para imponer mi deseo. Por eso, diría que sus actos demuestran que han perdido la moral, pero con un gobierno que miente, avasalla e impone, sinceramente, ¿cuándo la han tenido? Probablemente, y con más autocrítica, habrá que aventurarnos a dar más trabajo para volver a construir una ética altiva en nuestro pueblo.

Así, la oposición debe dejar de cada ciertos “momentos progresistas” de la derecha, que se reviste de las justas demandas en orden de las libertades individuales, celebrar sus expresiones. Porque, en la práctica, las posiciones más duras de aquellos siguen inagotables: la supremacía del mercado y del poder empresarial por sobre los derechos de las y los chilenos, precarizando nuestras vidas, es su sello. Ceder un poco más o menos en dichas libertades no les cambia el grueso, o su grueso relevante, el económico. Y hoy dejaron claro que, cuando quieran volver a imponerse, ni siquiera esos niños y adolescentes de los cuales tanto se jactan serán impedimento. O lo recordamos nosotros o nos lo impondrán ellos.