Fue la fama la que le pasó por encima en las últimas elecciones parlamentarias: Katherine Martorell Awad, actual titular de la Subsecretaría de Prevención del Delito, exconcejala de Quinta Normal (2012 – 2016), militante de Renovación Nacional, perdió el escaño correspondiente al distrito nueve. De su sector, Chile Vamos, se le adelantaron el exvelocista Sebastián Keitel y la exmaratonista Érika Olivera.

El 20 de noviembre de ese año, Martorell escribió en su cuenta en Facebook (con control de privacidad categoría “público”) un agradecimiento que, hacia el final, tenía una promesa: “Amigos, perdí una elección, pero gané mucho más. Gracias a todos por las muestras de cariño, estoy con el corazón llenito y orgullosa de haberlo intentado […] Cada persona que ayer se levantó, buscó mi nombre entre 40 y lo marcó, es una alegría infinita, que demuestra que fuimos capaces de generar confianza y de mostrar que la política se puede hacer de otra manera, una transparente y cercana, gracias a cada uno de ellos, siguen contando conmigo con el mismo compromiso que antes de la elección”.

Un poco más abajo del post escribió una lista de usuarios de la red social a los que “etiquetó”. Eran familiares, amigos, compañeros del trabajo que la subsecretaria tuvo durante el tiempo que estuvo fuera del aparato Estatal, en la empresa Entel, en ese espacio que hubo entre ambos periodos del gobierno del Presidente Sebastián Piñera en La Moneda.

En marzo de 2018 asumió la subsecretaría de Prevención del Delito. Su experiencia como servidora pública a nivel central la obtuvo en la Unidad de Gestión Territorial de la subsecretaría de Telecomunicaciones, en el anterior gobierno de Piñera.

En agosto, cinco meses después de asumir, Chilevisión reveló en un reportaje que la subsecretaría que encabeza Martorell le sirvió al gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet como una caja para pagar favores políticos: se cuestionaban las competencias de algunas personas en respectivos cargos, además de los sueldos elevados que tenían por ello y, por cierto, las militancias partidistas de cada uno.

Su participación en el reportaje –la de Martorell- fue una promesa, como en el estado que había publicado en Facebook: “Estamos haciendo una reestructuración de la subsecretaría, estamos haciendo modificaciones respecto a los departamentos, y buscando la mayor eficiencia con menores servidores públicos, con mayor gestión. Nosotros ya modificamos el organigrama interno y hoy estamos revisando uno a uno cada departamento de la subsecretaría”, señaló.

La declaración la entregaba luego de haberse llevado a trabajar con ella a parte de las personas a las que les agradeció en su intento fallido de entrar al Congreso.

Competentes

Hay una imagen que los trabajadores del departamento de Gestión Territorial de la subsecretaría no van a olvidar. El día en que Gisella Constanza Benvenuto Rodríguez llegó al mando, les dijo: “Mi nombre es Gisella Benvenuto, soy la jefa del departamento; los currículum no le interesan a nadie, así que no vamos a hablar de eso”.

Era mayo de 2018 y según la página de transparencia activa de la subsecretaría, hasta febrero de este año Benvenuto era licenciada en trabajo social. Su profesión a Trabajadora Social cambió en marzo pasado.

Según la red social LinkedIn, Gisella (aunque prefiere que se refieran a ella como Constanza, de acuerdo a lo que señalaron distintos trabajadores de la subsecretaría) realizó sus estudios en esa área de las ciencias sociales entre 2007 y 2012; un año antes que se decretara el cierre de la casa de estudios en la que se formó (y por ende, que la institución perdiera el reconocimiento estatal): la Universidad del Mar. A ese grado académico suman dos diplomados: uno en violencia de género y otro en adultos mayores y organizaciones comunitarias, según se lee en la misma página web.

Su cargo, el de jefa de departamento, es un puesto técnico, no político: la gestión territorial se encarga ejecutar los planes y estrategias preventivos (incluso reactivos) que desarrolla la subsecretaría, pero a un nivel territorial; es decir, son el puente entre el ministerio y la gente. Las condiciones para optar al cargo están determinadas en el Decreto con Fuerza de Ley número 3 de la ley 20.502, que creo la subsecretaría.

Según el documento (firmado por el Presidente Piñera), el personal directivo es considerado “de exclusiva confianza” y tiene como exigencias un “título profesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente y acreditar una experiencia profesional mínima de cinco años en el sector público o privado. Los años de experiencia requeridos serán cuatro de poseer un grado académico de Magíster y de tres en el caso de poseer el de Doctor”. La remuneración mensual bruta que recibe Benvenuto por su la jefatura es de $4.471.436.

Al ser consultada por su contratación, desde la subsecretaría señalaron que ”de acuerdo a lo establecido en el DFL N°3 de la Ley 20.502, que regula los requisitos para el ingreso a la Subsecretaría de Prevención del Delito, doña Gisella Benvenuto cumple con todas las exigencias y competencias profesionales para dirigir el departamento de gestión territorial”. Sobre la validez del título, mencionaron que la del Mar era una universidad reconocida por el Estado “en el momento en que ella egresó”.

Lo que no consideró la subsecretaria Martorell al momento de integrar a Gisella a la subsecretaría fue el “Manual de Cargos”, elaborado en 2017 (es decir, un año antes que asumiera la actual administración) por Anguita Consultores, a pedido de la subsecretaría de ese entonces.

El trabajo se trató de una “asesoría en gestión por competencias, con el objeto de generar instrumento que cree, implemente y colabore en la implementación de buenas prácticas y mejore la gestión de las personas”. El objetivo del manual “apunta directamente a definir y documentar de forma específica la estructura organizacional base, las especificidades de cada una de las áreas, en coherencia con los objetivos de mayor nivel, sus procesos internos y los respectivos procedimientos documentados”. El requisito del documento era “su adecuada difusión y aplicación en el contexto organizacional, así como, debe ser entendido como el único instrumento que define el alcance y ámbito de acción y decisión de cada área organizacional”. Es decir, no era vinculante, mas sí era una hoja de ruta que debían seguir.

Benvenuto cumple con los requisitos que el Manual plantea para el pregrado: título profesional de ciencias sociales, de preferencia trabajador social. Sobre la formación complementaria, el documento señala un “deseable estudios o conocimientos de gestión pública, seguridad pública, prevención del delito, gestión municipal, gestión de proyectos, manejo de equipos de alto rendimiento”. En cuanto a la experiencia, sugieren 10 años de ejercicio profesional; 5 años en cargos de jefatura.

Considerando esta información y la entregada por la subsecretaría, Benvenuto cumple con las exigencias que por ley exige el cargo, pero no con las sugeridas por quienes analizaron el cargo en el que se desempeña, pues carece de los años de experiencia en jefatura. 

Nombre por nombre

La subsecretaria Katherine Martorell fue consultada, vía correo electrónico, por los agradecimientos en su Facebook hechos cuatro meses antes del cambio de mando, particularmente por aquellos que hoy se encuentran trabajando en la subsecretaría. Señaló que Carlos Valencia, Angeli Awad, Marcelo Brunet, Rodrigo Barco, Rodrigo Flores, Fabiana Rifo y Nancy Arredondo “son amigos y familiares de la subsecretaria y no trabajan en la subsecretaría ni trabajaron en la campaña a diputada”, pese a ser mencionados por la entonces derrotada candidata. En marzo pasado, El Mostrador ya había dado las primeras señales del posicionamiento del equipo de campaña de la otrora candidata.

Sobre María Paz Delpino Latrach, la subsecretaría informó que es “abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez y tiene un magister en Derecho en la Universidad Católica. Trabajó desde 2012 en la subsecretaría de Telecomunicaciones”, fecha que coincide con la de Martorell en la oficina referida. Allí se desempeñó como abogada en la división de concesiones. Hoy forma parte de la lista de personas naturales contratadas a honorarios por su trabajo de coordinadora en la unidad de gestión y apoyo a víctimas, con un sueldo bruto de $2.898.000.

Manuel Peña Caballero es ingeniero industrial de la Universidad del Desarrollo, sin experiencia previa en el servicio público. Antes de entrar a la subsecretaría, trabajó por nueve años en Entel, empresa en la que Martorell se desempeñó entre los gobiernos del Presidente Piñera. Hoy es asesor de gabinete de la subsecretaría. Como personal a contrata, recibe un sueldo de $2.959.709.

Paulina Rodríguez es trabajadora social y cientista política. Hoy dirige el programa de apoyo a víctimas de la subsecretaría, con un sueldo bruto de $3.700.000. Eso, en paralelo a su trabajo como concejala por Conchalí.

Fernando Salamé es administrador público de la Universidad Central y tiene un MBA por la universidad Adolfo Ibáñez. Ha trabajado en las municipalidades de Lo Barnechea, Huechuraba, Recoleta, Lampa y Puente Alto. Para el cargo que ejecuta (coordinador nacional), tuvo las mismas exigencias legales del decreto que rigieron para Benvenuto. Recibe, como sueldo bruto, $6.870.807.

Hilda Landeros y Priscilla Saavedra cumplen labores administrativas dentro de las oficinas de Martorell: secretaria y telefonista, respectivamente.

Sobre Christopher Bitting, desde la subsecretaría señalaron que es ingeniero civil industrial de la Universidad del Desarrollo. Antes del servicio público, trabajó por cuatro años en Entel. Estuvo a cargo de los programas de reciclajes de celulares, medición de huella de carbono, gestión y control de presupuesto, entre otros. Con esa experiencia, en julio pasado empezó en la subsecretaría como encargado del Sistema Táctico de Operaciones Policiales, conocido y promovido por el Ejecutivo como el programa STOP. Según la página de transparencia activa de la subsecretaría, el trabajo de Bitting consiste en coordinar el “soporte en la supervisión de los equipos de profesionales que conlleven a la correcta implementación de los proyectos estratégicos […] Solicitar información y adopción de medidas conducentes a la implementación o armónico desarrollo de los proyectos prioritarios. […] Efectuar coordinación de agenda Programa STOP y de otros proyectos estratégicos, tales como Banco Unificado de Datos y Denuncia Electrónica, Plan Araucanía, entre otras”. Como sueldo bruto recibe $2.200.000.

Algo en lo que la subsecretaria omitió información fue que si bien Rodrigo Barco Sánchez no trabaja en la subsecretaría, sí lo hace María Elena de Jesús Barco Sánchez, su hermana: aparece en la planilla de personas naturales contratadas a honorarios, con educación médica completa, sin educación superior, recibiendo un sueldo bruto de $1.863.000.

La respuesta

La subsecretaria Martorell participó del programa de Chilevisión que, a grandes rasgos, además de denunciar la falta de competencias en algunos cargos, promovía una aplicación de selección vía Alta Dirección Pública para ciertos puestos. En esa línea, al ser consultada, la subsecretaria señaló que “desde el 12 de marzo se ha analizado en profundidad la mejor forma de funcionamiento de la Subsecretaría. Se han creado unidades, cambiado de dependencia departamentos y eliminado o fusionado otras áreas para hacer el servicio más eficiente y adecuarlo a los requerimientos del Programa de Gobierno”.

A eso se suma el trabajo que ha hecho con la consultora Sur Latina, quienes en enero de 2018 se adjudicaron una licitación para resolver problemas de gestión internos: “En abril de 2018 se propuso por parte de Sur Latina iniciar el diagnóstico organizacional por medio de reuniones de trabajo con el Departamento de Planificación y Control de Gestión y con las jefaturas de divisiones. A la fecha, se han realizado varias reuniones con todas las áreas y se ha concluido que es conveniente identificar los macroprocesos en un nivel superior, procesos y subprocesos en un nivel inferior, que permitan conocer la desagregación de los mismos. Ese análisis ha sido considerado en las diversas reestructuraciones de la Subsecretaría”.