La Federación Nacional del Ministerio Público hace un llamado al Gobierno de Chile a escuchar a los funcionarios y funcionarias de nuestra institución en la actual discusión que busca reformar nuestra Ley Orgánica.
Creemos firmemente que el Gobierno ha equivocado su camino al excluirnos de las conversaciones que ha liderado el Ministro del Interior con colaboración del Ministro de Justicia, reuniéndose durante la semana pasada en conjunto con el Presidente Sebastián Piñera, el Fiscal Nacional y los Fiscales Regionales, pero no recibiendo a nuestra organización que viene solicitando diversas reuniones, hace más de un mes y siendo la última con fecha 20 de junio de 2019, con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quién a través de su departamento de comunicaciones, nos informó en dos oportunidades, que el Ministro no puede recibirnos por ser el Ministerio Público una institución autónoma.
Ante esta respuesta, manifestamos nuestro profundo rechazo y decepción, por lo que consideramos una abierta discriminación arbitraria en nuestra contra y en contra de las y los trabajadores que representamos, considerando que el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, recibió en su despacho, hace unos días, al Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, pero inexplicablemente no quiere recibir a nuestra Federación de Funcionarios, entonces nos preguntamos legítimamente ¿Es que para el Ministro de Justicia existen funcionarios públicos de primera y segunda categoría? ¿Los Fiscales, que representan al 20% de la dotación, pertenecen a ese grupo privilegiado que puede ser recibido por un Ministro de Justicia, sólo por las facultades que le entrega la ley, como ejercer la persecución criminal? ¿Si el señor Hernán Larraín lidera la cartera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque no respeta de los Derechos Humanos del 80% de los funcionarios del Ministerio Público, quienes también tienen derecho a ser recibidos y no ser discriminados por su persona, respetando así los tratados internacionales que en materia laboral obligan al Estado de Chile, del cual el Ministro Larraín en su representante y de la cual la OIT es el garante.
Todas estas preguntas esperamos que sean respondidas por este Gobierno, ya que estamos convencidos que, como representantes de los trabajadores, tenemos todo el derecho y legitimidad para aportar desde nuestra experiencia y conocimiento en terreno, de cuáles deberían ser las reformas que requiere la institución para salir de la grave crisis que nos afecta, principalmente, debido a los conflictos que se evidenciaron luego de las denuncias cruzadas en lo que se denominó el “desastre de Rancagua” y los conflictos que se generaron a raíz de investigaciones de casos complejos, vinculados al sector político, entre otros
