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Empresarios hacen lobby en medios de derecha contra la modificación al Código de Aguas

Por: El Desconcierto | Publicado: 14.07.2019
Empresarios hacen lobby en medios de derecha contra la modificación al Código de Aguas |
El inserto en el que los gremios empresariales rechazan la modificación al Código de Aguas, y emplazan a parlamentarios y al gobierno a oponerse al proyecto simple, fue publicado en El Mercurio y en El Austral de Osorno.

En un inserto publicado hoy en El Mercurio y en El Austral de Osorno, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CNC); la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC); la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y la Asociación de Bancos, rechazaron la modificación al Código de Aguas que se busca desde el gobierno anterior, y que ya está próxima a pasar al Senado.

«Afecta uno de los pilares del desarrollo económico y social de todo el país: el derecho de la propiedad», reza el comunicado de los gremios empresariales.

«A través de una ley simple, se pretende sustituir el régimen de propiedad privada sobre los derechos del aprovechamiento del agua, por el de concesiones administrativas temporales, extinguibles y caducables, y sin indemnización alguna a los propietarios de derechos anteriores y posteriores a este proyecto de ley«, reclaman los empresarios, que argumentan que el Estado debe compensarlos por esta pérdida que supuestamente tendrían con la implementación de la modificación.

Los gremios se quejan de que el proyecto de ley establece la limitación al uso y goce de derechos adquiridos sobre el agua, declarándolos temporales y fijando que será la Dirección General de Aguas la encargada de renovarlos. «Esto puede prestarse para malas prácticas«, aseguran las organizaciones.

«Es un golpe muy grave para la agricultura chilena, especialmente para los pequeños agricultores«, afirma el comunicado de los grandes conglomerados de empresarios de la élite.

Así también, dicen estar de acuerdo con muchos puntos del proyecto, pero que «ninguno debe afectar el derecho de propiedad por las graves consecuencias que ello significaría para la certeza jurídica y la institucionalidad política y económica del país».

Finalmente, hacen un llamado a los parlamentarios de las zonas rurales y al gobierno para que se opongan al proyecto.

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