El desafío de implementar la Nueva Educación Pública

Si agrupamos en tres pilares fundamentales los problemas de la educación pública, podríamos considerar lo siguiente: institucionalidad, ¿en qué parte del Estado se ubica la educación pública?, financiamiento, ¿cuál es el mejor sistema de asignación de los recursos públicos? y currículum y su institucionalidad, ¿qué? ¿cómo? ¿con qué? y ¿para qué enseñar? La Ley No. 21.040 que crea el Sistema de Educación Pública, más conocido como “desmunicipalización”, publicada el 24 de noviembre de 2017, se hace cargo del primer pilar, el problema de la institucionalidad y genera las condiciones necesarias para avanzar en el segundo y tercer pilar.

El nuevo Sistema está compuesto por una Dirección de Educación Pública, servicio público dependiente del Ministerio de Educación y 70 Servicios Locales de Educación Pública que agrupan comunas de un mismo territorio. A la Dirección le corresponde la coordinación, conducción estratégica e implementación del Sistema; por su parte, a la red de Servicios Locales les corresponde proveer un servicio educativo de calidad. El cambio de paradigma del nuevo Sistema es crear servicios públicos especializados en la provisión educacional, con objeto único y que reúne, en una misma escala y entidad territorial, la gestión de los establecimientos educacionales y el apoyo técnico-pedagógico a éstos. Intentaré, en los siguientes párrafos, ofrecer un breve contexto y advertir cuáles son los riesgos que tendría una mala implementación de la Ley.

Evitaré referirme, por la extensa literatura disponible, sobre los efectos de las “contra-reformas” a la educación pública durante la década de los 80, para mencionar tres datos que son indicadores de la prioridad y urgencia del cambio: 1) desde la municipalización en 1981 a la fecha, la matrícula de la educación pública pasó de un 80% a un 34% del total, es decir, el sistema público corre riesgos de volverse irrelevante, 2) desde la transferencia de la educación a los municipios se han cerrado más de 1.500 escuelas públicas, y 3) a pesar de la mayor inversión de recursos (17,8% del gasto público en el año 2000 a 21,1% en el año 2017) diversos instrumentos y estudios indican que los efectos sobre la calidad y equidad han sido magros.

La implementación del nuevo Sistema de Educación Pública, por su envergadura sin precedentes, es de enorme complejidad. El traspaso de la educación desde los 345 municipios del país a 70 Servicios Locales contempla cerca de 6.810 escuelas, liceos y jardines infantiles, 110 mil docentes, 80 mil asistentes de la educación y una matrícula de 1 millón 227 mil estudiantes, todo ello en una transición gradual que finaliza el año 2025. Por ello, su éxito requiere de la mayor colaboración y articulación de las comunidades educativas, municipios y, especialmente, del Ministerio de Educación. Cuando me refiero a una “correcta implementación”, pongo foco en lo siguiente: Diálogo con las comunidades educativas en los territorios, creación de cada Servicio Local (un año previo al traspaso de la educación), instalación de sus espacios de participación (Comité Directivo y Consejo Local), traspaso transparente (docentes, asistentes de la educación y concursos para el poblamiento del Servicio Local) y la inauguración del trabajo en red de los establecimientos educacionales y de un apoyo técnico-pedagógico sistemático. Durante este Gobierno se instalarán los primeros 11 Servicios Locales de Educación Pública traspasando la educación de 41 comunas.

Adicionalmente, la Ley No. 21.040 crea un Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, presidido por el Subsecretario e integrado por seis profesionales nombrados por el Presidente de la República. Este Consejo deberá emitir un informe el año 2021, en el cual podrá proponer modificaciones legales, reglamentarias, extensión o modificación del calendario de instalación de los Servicios Locales. Por otra parte, la Ley establece un mecanismo de “postergación” del traspaso de la educación de una comuna a su respectivo Servicio Local, mientras cumpla con requisitos de calidad y que no posea deudas. Esto último, durante el trámite de la Ley en el Congreso Nacional, para unos quedó resuelto, y para otros no (quienes se opusieron a esta Ley); ¿una comuna que cumpla con los requisitos podrá postergar indefinidamente su traspaso (mientras mantenga los requisitos en el tiempo)? o ¿su postergación no podrá extenderse más allá del año máximo de transición (2025)?

En consecuencia, una correcta implementación e interpretación de la Ley es de máxima relevancia; en primer lugar, un pronunciamiento del Gobierno podría sepultar la idea de “Sistema” (como un todo coherente), ya que, si el reglamento de “postergación”, revisado por la Contraloría, da razón a quienes sostienen que una comuna podría suspender indefinidamente su ingreso a su respectivo Servicio Local, el Sistema de Educación Pública debutará, en régimen, ya fragmentado, con Servicios Locales y algunas comunas (¿las con mayores recursos?) manteniendo la gestión educacional a su cargo. Y, en segundo lugar, si los primeros 11 Servicios Locales de Educación inician sus actividades con problemas, el Consejo de Evaluación podría – en una suerte de profecía autocumplida – recomendar medidas que, al igual que lo anterior, vayan en la dirección de la fragmentación del Sistema de Educación Pública, o peor aún, la paralización de su implementación.

Las preguntas que deberíamos hacernos son: ¿comparte el Gobierno los mismos principios y urgencias en la implementación del nuevo Sistema de Educación Pública? ¿existe voluntad política (que no es la simple declaración de “cumplir con la Ley”) para enfrentar este enorme desafío? Las respuestas están aún por verse.