Desde 2015, han ingresado al Congreso tres proyectos contra la violencia obstétrica; de ellos, ninguno ha avanzado. Ni siquiera se ha aprobado su idea de legislar, pese a que la situación se repite a diario en las urgencias de maternidad. Y aunque las denuncias mayoritariamente se concentran en el sector público, las clínicas privadas no son la excepción. Más allá del tipo de recinto, es el trato, las malas prácticas de las y los especialistas del área, lo que predomina.

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El Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO) ha registrado que 1 de cada 4 mujeres atendidas en el sector público han sufrido violencia física al interior de los hospitales, mientras que el 56,4% señala haber sido criticada o reprimida por expresar dolor y emociones al momento del parto.

Las diputadas Marcela Hernando (PRSD) y Loreto Carvajal (PPD) fueron las primeras en presentar un proyecto que buscó aplicar sanciones ante las denuncias de las mujeres, en 2015. Una vez que pasó a la comisión de Salud, entonces presidida por el socialista José Luis Castro -durante el gobierno de Michelle Bachelet-, nunca más se movió de ahí. Las diferencias que se dieron con el Colegio de Matronas habrían evitado que este proyecto prosperara.

Pero después de eso, se intentó integrar un capítulo sobre los derechos de las gestantes, los recién nacidos y acompañantes durante la tramitación de un proyecto que modificaría la Ley 20.584 de Derechos y Deberes del Paciente. Dentro de esta discusión, se buscó incorporar un capítulo sobre los derechos de las gestantes. Aunque, nuevamente, no tuvo éxito.

/Agencia Uno

Sin prioridad

Luego de una serie de proyectos fallidos, que no han logrado ir más allá de su presentación, el tema se retomó el año pasado con una iniciativa impulsada desde el Frente Amplio.

Fue la diputada Claudia Mix (Comunes) quien presentó una nueva iniciativa, en octubre de 2018, luego de una mesa integrada por organizaciones dedicadas al tema –ParirNos, Coordindora por los Derechos del Nacimiento, MILES y otros especialistas– que trabajó en su elaboración.

Las mujeres han sido invisibilizadas durante años, pero esto afecta más aun a las mujeres jóvenes, de baja escolaridad y pobres”, sostiene la parlamentaria, más allá de reconocer que existe un problema global en la salud que inevitablemente repercute en específico en esta materia.

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¿Hay avance? Hasta ahora, nada. En la comisión de Salud, presidida por el diputado Ricardo Celis (PPD), no se ha puesto en tabla. El parlamentario indica a El Desconcierto que por ahora han estado concentrados en el proyecto que legisla sobre la eutanasia y otras urgencias del Ejecutivo. Este no ha sido prioridad.

En tanto, la lectura de Claudia Mix es que el tema no pasa por diferencias entre sectores políticos, -de hecho, tuvo apoyo transversal cuando se presentó-, más bien por no asumir que es una violencia que afecta a las mujeres y darle la relevancia que merece. Hay resistencias a legislarlo. Incluso, se pidió el patrocinio por parte del Ejecutivo, pero no hubo respuesta favorable, según cuenta la parlamentaria.

Por ahora, está en agenda una reunión con la mesa que trabajó en el proyecto, para el próximo lunes 22 de julio, donde se evaluarán algunas medidas para que sea incluido en la tabla.

La última iniciativa

Estos son los dos nombres que han tenido los proyectos de la diputada Marcela Hernando:

2015: “Establece los derechos de la mujer embarazada en relación con su atención antes, durante y después del parto, y modifica el Código Penal para sancionar la violencia obstétrica”.

2019: “Establece, garantiza y promueve los derechos gineco- obstétricos de la mujer en el ámbito de las prestaciones de salud, y sanciona su vulneración”.

Este último ingresó el 11 de junio pasado y fue apoyado por diez parlamentarias de la ex Nueva Mayoría. La diferencia es que aquí no se reconoce directamente la violencia obstétrica.

La parlamentaria explica a El Desconcierto que, si bien se mantendría la discusión de fondo, respecto a los derechos en el ámbito de la gestación y cuándo se vulneran, esta sería una manera para viabilizar la tramitación y lograr que avance.

Además, explica que en cuanto a las sanciones, se establece que “el o los funcionarios de la salud sean de recintos públicos o privados, que violen los derechos gineco- obstétricos serán sancionados de tres maneras: reclusión o relegación menores en sus grados medio a máximo, cuando el hecho importare crimen; con reclusión o relegación menores en sus grados medios o multa de  veintiún a cuarenta unidades tributarias mensuales, cuando el hecho importare simple delito; y, en tercer lugar, con multa de once a veinte unidades tributarias mensuales, cuando el hecho importare falta”.

Esta vez, el proyecto será discutido por las diputadas de la Comisión de Mujer, lo que le daría ventaja respecto al que ingresó por Salud, según Hernando.