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“El sector sanitario es muy pequeño”: Superintendente de Servicios Sanitarios se defiende de críticas a su paso por Aguas Andinas, la controladora de Essal

Por: El Desconcierto / Publicado: 20.07.2019
jorge rivas / Fotografía de la SISS
Jorge Rivas se desempeñó - entre 2001 y 2011 - como jefe del área de tarifas del Grupo Aguas, lo que lo llevó a involucrarse con Aguas Andinas y su filial, la cuestionada Essal. Ante esto, el superintendente subrogante establece que el campo de trabajo del ambiente sanitario es reducido. "La gente que trabaja en el sector sanitario puede trabajar en la superintendencia y puede trabajar en la empresa privada, no hay más opción", dice la autoridad.

Jorge Rivas, superintendente subrogante de Servicios Sanitarios (SISS) respondió a las críticas que salieron a su paso por haber trabajado durante diez años en Aguas Andinas, la controladora de la sanitaria Essal, que está siendo investigada por la crisis de agua de Osorno.

Como informa Cooperativa, Aguas Andinas es una de las empresas pertenecientes al grupo de inversionistas que controla también Essal. Rivas, por su parte, trabajó por tres años en estudios y planes de desarrollo de las sanitarias Essbio, Essam, Aguas Cordillera y Aguas Manquehue. Luego desde 2001 a 2011 se desempeñó como jefe del área de tarifas del Grupo Aguas, lo que lo llevó a involucrarse con Aguas Andinas, Aguas Cordillera, Aguas Los Domínicos, Aguas Manquehue y Essal.

“Trabajé durante 10 años en Aguas Andinas, hasta ocho años atrás, después estuve ocho años en Codelco y este sector es muy pequeño, yo quiero dar la tranquilidad, el sector sanitario es muy pequeño y la gente que trabaja en el sector sanitario puede trabajar en la superintendencia y puede trabajar en la empresa privada, no hay más opción“, aclara el representante subrogante.

“Estamos haciendo nuestro rol, vamos a ser muy estrictos respecto de esta falla porque es gravísimo”, sentencia Rivas.

Así también, el superintendente confirmó que desde 2014 han habido 85 procesos de sanción contra Essal, por un monto cercano a los 3.500 millones de pesos. Sin embargo, descartó el terminar con la concesión de la sanitaria porque “tiene que haber una gradualidad de incumplimientos para que pueda terminar en una caducidad”.

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