Hostigadas por no objetar conciencia: Cuando garantizar el derecho al aborto se convierte en una pesadilla

No trabajan en el mismo hospital, pero los relatos de estas dos ginecólogas se parecen. Las separan kilómetros de distancia, pero las une al miedo a perder su trabajo o ser denigradas por los médicos objetores: una trabaja en el Hospital de El Carmen, en Maipú; la otra, lo hizo durante cuatro años en el servicio de salud de la región del Maule.

Las dos profesionales entregaron sus testimonios para este reportaje bajo reserva de identidad; ambas dan por hecho que, de hacer públicos sus nombres, las represalias serían inminentes: un eventual retraso de sus solicitudes de exámenes, que las evaluaciones bajen sin justificación, o un traslado a otro servicio de salud. Todas son situaciones que ven posibles. Es decir, serían aún más hostigadas de lo que ya lo han sido por no ser objetoras de conciencia, por apegarse a la ley de aborto en tres causales. Más aún, por declararse a favor del aborto libre.

-Estas son las aborteras-, dice Daniela, que es uno de los adjetivos más suaves que le han dicho.

Su situación, hasta ahora invisibilizada, es el reflejo de un fenómeno mayor que se vive al interior de las urgencias en las maternidades, y que tiene de correlato el aumento de los profesionales que optan por objetar conciencia. Según un análisis reciente del Ministerio de Salud (Minsal), publicado en junio pasado, de los 1.148 médicos y médicas contratadas en la red pública que se declaran objetores de conciencia, el 50,5 por ciento (580), se ha declarado objetor por la tercera causal de violación sexual; el 28,5 (328) por ciento en la causal inviabilidad; y, 20,7 (238) por ciento en caso de riesgo vital.

En particular, las cifras aumentaron en la causal de violación, respecto de 2018, cuando un 47, 2 por ciento de los profesionales reconocía no estar de acuerdo en practicar abortos en ese caso.

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“Nada de aborto: le hicimos un favor”

Daniela tiene 31 años y trabaja desde 2018 en el Hospital El Carmen, en Maipú. Su jefe es objetor y de ahí que se hayan generado los primeros roces entre ambos a la hora de aplicar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Ahora, sentada en un café, en el centro de Santiago, después de su horario laboral, dice que, pese a todo, su trabajo le apasiona, que le demanda cuatro días a la semana y doce horas seguidas.

Recuerda bien una conversación en el casino del hospital, donde estaban los médicos jefes y algunas enfermeras. Hablaban sobre el caso de una mujer que solicitó una interrupción, pero que sobrepasaba las semanas límite. Tiempo después los exámenes cotejaron que había sido violada, posiblemente, agrega, por un familiar, pero, de todas maneras, no se podía hacer nada porque se excedía el plazo. Las aseveraciones iban y venían: “Nada de abortar, si al final le hicimos un favor”, “pero si el hombre (violador) también tiene derecho a decidir sobre su hijo”. Ella, sentada a unos puestos de distancia, quedó en shock.

De entrada, explica un término que grafica muy bien el trato que se les da a las mujeres en esa maternidad: cuando se habla de “pastorear”, se refieren a que una mujer se está preparando para un parto espontáneo y no se le inyecta oxitocina, ni se le hace hipertacto. Es una expresión para hacer entender que se está “tramitando mucho” el parto, en una realidad donde se ha instalado la cesárea casi como la norma. “Ya, las están pastoreando mucho”, “oye, si los recursos son caros, por qué las hospitalizaste, las camas cuestan 500 lucas, acuérdate”, son las frases que escucha de doctores hombres. La violencia obstétrica está normalizada.

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Daniela ha sido firme cuando se entrampan los procesos en casos de interrupciones por fetos inviables, cuando saben que la intervención debe ser lo antes posible. Uno de esos casos, fue cuando el equipo sabía que iba a llegar una mujer para una intervención de feto inviable al hospital, pero el miedo que tenía Daniela era que llegara en un momento donde los médicos la trataran bien y que no la dejaran esperando más de la cuenta. Ese derecho que debería estar garantizado, pasa a ser una incertidumbre.

Pero más aún, algo que la profesional ve y desliza apuntando a un tema que todos saben, pero que nadie se atreve a reconocer en las maternidades, es que declararse objetor es mucho más cómodo, y que no es por “ética”, sino por falta de voluntad de capacitarse, de seguir adelante con la especialización.

Daniela trabaja en la Unidad de Alto Riesgo del Hospital del Carmen, pero no integra el comité especializado, a pesar de contar con horas para eso. Precisamente, la conformación pasa por el criterio del médico objetor, su jefe. Por ahora, no ha sido convocada. Mientras que la amenaza de enviarla a un consultorio, dice, siempre está latente.

A veces, también escucha: “Decídete, la política o la salud”. A Daniela le ha costado caro garantizar el derecho a las mujeres.

Un feudo contra el aborto

Catalina, quien también pidió resguardar su identidad, vive una situación similar. Ella es ginecóloga, tiene 41 años, y trabajó casi cuatro años en el servicio de salud del Maule. Ese, a estas alturas, es un recuerdo que le llena los ojos de lágrimas.

Recuerda que en una ocasión iba saliendo de una cesárea,  cuando se quedó con uno de los médicos, él le dijo: ¿Y usted, cuándo renuncia? Catalina se bajó la mascarilla y –harta del maltrato sistemático- le contestó desafiante que la echara, porque ella no iba a renunciar. En la sala sonó fuerte el eco de la discusión, los otros profesionales se quedaron mirando, pero nadie dijo nada.

“El feudo contra el aborto del sur”, así es como llama a ese establecimiento donde vivió una serie de humillaciones que desencadenaron en una depresión. Fue tanto que grabó un video para familiares y amigos, una especie de catarsis que comienza así.

“Hola, les invito a imaginar un cuento: partamos de un mundo ideal, yo me lo imaginé donde el feminismo es práctica y base de nuestra sociedad. Bueno, tal vez no estamos del todo de acuerdo, pero, al menos, tenemos que coincidir en respetar las leyes y las normas existentes y, sobre todo, en garantizar los derechos humanos de cualquier persona y, dentro de ellos, los derechos sexuales y reproductivos. ¿Los conocemos? Con esta introducción, tendremos que imaginar un mundo muy opuesto al que funciona hoy en día”.

/Imagen capturada del video

Catalina estudió medicina en Cuba y viajó a Santiago para cursar su especialidad en ginecología. Se graduó en 2016 de la Universidad de Chile y, en su última etapa, decidió ejercer en el servicio público. Por eso, se trasladó a la región del Maule donde llegó a ser jefa del programa de la Mujer.

Su video avanza: “Este escenario ‘imaginario’ se podría ubicar en el sur, en una ciudad de una población de 50 mil habitantes, un 50 por ciento son mujeres y para esa población solo hay un hospital tipo 3 con lo básico”.

La ginecóloga recuerda que, al promulgarse la ley de aborto, le tocó encabezar una charla informativa para todo el personal médico. De inmediato se hicieron sentir las resistencias de algunos médicos que se declararon contrarios a practicar abortos. Ella insistió en que era la norma y que, tratándose de riesgo vital para la mujer, había que actuar tal cual se explicitaba. Entonces, escuchó los primeros calificativos: “feticida”. Se lo dijeron a la cara, en esa misma reunión.

Sigue explicando a través de las imágenes de su presentación: “Ese hospital está dirigido hace, al menos, 17 años por un profesional excelente, cirujano, miembro de la directiva del Colegio Médico de la región, prestigioso, aunque machista, intolerante, familiar del alcalde y no se ha actualizado en manejos obstétricos o en informes ecográficos”.

El conflicto se fue profundizando en el transcurso del tiempo. Indignada por una serie de irregularidades que fue constatando, decidió enviar un oficio al servicio regional dando cuenta de ecografías deficientes, malos tratos a las pacientes, insumos médicos que no estaban disponibles.

Todo escaló y, en el proceso, fue removida de su cargo como jefa de la unidad. Hace unos meses pidió un traslado, pero las cosas no le han resultado tan fáciles al ser una beca pública. Ha hecho muchos trámites, ha pagado a abogados que la han asesorado y también ha expuesto su caso al Colegio Médico. No comprende que por insistir en que se terminen las malas prácticas en el sistema de salud público, la presionaran hasta quitarle el cargo que tenía.

Catalina está dispuesta a seguir adelante, a no callar y a presentar acciones legales.

/Imagen capturada del video

También hay «obstrucción» de conciencia

Paula Rojas, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y de la Mesa de Acción por el Aborto explica que, por el mismo miedo a las represalias de las profesionales, las denuncias son muy pocas, lo que no ha permitido generar un tipo de registro de las mujeres que han sido hostigadas.

Pero también hace énfasis en una diferencia fundamental: “La objeción es entendido como algo a lo que puede apelar cuando una prestación o un procedimiento atenta contra la moral propia, tiene que ver con condiciones éticas. Pero hemos denominado la obstrucción de conciencia como las herramientas que se aplican para obstaculizar, para impedir la implementación de la ley”, indicó.

Desde el Colegio Médico, la encargada del departamento de Género y Salud, Francisca Crispi, también plantea la necesidad de revisar el caso de los estudiantes becados que también se podrían ver influidos por los jefes de servicio objetores para no realicen interrupciones.

Y a esto, agrega un dato: “En Osorno, hubo dos concursos desiertos para buscar un profesional no objetor, pero lo complicado es también el ambiente laboral para esa persona, asegurarles las condiciones para que ejerza su profesión tranquilamente si es que va a ser la única y son casos que hay que resguardar”, concluye.

El acceso a un derecho reproductivo de las mujeres no se está garantizando y la falta de fiscalización del Minsal está dejando víctimas: las mujeres que reciben una atención deficiente y el acoso hacia las profesionales que buscan revertir esa situación. Los hostigamientos reflejan el impedimento a que se cumpla derecho que es ley.