En el programa Informe Especial del canal TVN que vimos en la noche del domingo 28 de julio, la valiente periodista Paulina de Allende Salazar nos mostró en cámara como algunos de los particulares más frescos que viven en las comunas top se las arreglan, a través de artilugios que este columnista conoce desde hace muchos años, publicándolos en medios de prensa digitales no capturados por los grupos económicos. Fue sano para la probidad que ese canal se haya atrevido a decir lo que siempre se ha mantenido escondido.

En terrenos urbanos con superficies de más de una hectárea, en los cuales se emplazan mansiones de entre 600 m2 y 1.000 ms construidos, sus influyentes propietarios pagan insignificantes contribuciones de bienes raíces pues sus “planificadores tributarios” les han dicho al Tribunal Tributario del Servicio de Impuestos Internos (SII) que, a pesar de que el respectivo Plan Regulador Comunal (PRC) dice que los predios son urbanos, hasta hace poco tiempo eran rurales, a modo de ejemplo un caso extremadamente grosero, ver link

Con ese ardid sus predios se mantienen como agrícolas y por lo tanto ese impuesto territorial, cuya recaudación en un 40% queda en las comunas en donde se localizan, debe ser coherente con la práctica que tiene ese servicio del Estado para establecer el avalúo fiscal, cifra que siempre es bastante más reducida que el avalúo comercial. Recordemos que el 60% restante, conforme al denominado Fondo Común Municipal, se reparte entra las comunas más vulnerables y chicas del país. De esta manera evasiva la caja fiscal deja de percibir años tras años unos cuantos millones de dólares por este concepto, perjudicándose a los más pobres, lo que parece no importarle a los decisorios políticos de turno.

Como en muchas ocasiones las Direcciones de Obras Municipales certifican las recepciones finales de obras estableciendo que las viviendas que se someten a este examen califican para obtener todos los beneficios tributarios del DFL2 del año 1959, entre otras razones, porque tienen hasta 140 m2 construidos. Enseguida la propia constructora o bien el comprador de esa nueva vivienda elimina las divisiones interiores, transformándola por arte de magia es un vivienda de lujo que puede alcanzar los 250 m2 o más, pillería que obviamente no se informa al SII, motivo por el cual este órgano público empieza a cobrar las contribuciones como si fueran efectivamente “viviendas económicas” Se puede ver link

Haciendo valer la Ley Nº 20.285, de Transparencia, tenemos en nuestro poder un listado oficial que hace unos años nos entregó el SII, en el cual se observan los nombres de aquellos que disponen de 700, 800 y hasta 1.000 viviendas económicas, acogidas a la arcaica e injustificada figura del DFL2, inmuebles que arriendan a terceros necesitados y, sorpréndase estimado lector, sin pagar “ni un puto peso”, parodiando el muy chileno lenguaje del presidente de Codelco, de impuesto a la renta por esos millonarios ingresos mensuales.

En nuestra opinión hay un problema de fondo que se debe resolver a la brevedad para que exista normalidad en la materia, pues para el SII los terrenos solo se clasifican en “agrícolas” y “no agrícolas” y los usos de suelo de los mismos se reglamentan en los Planes Reguladores Comunales e Intercomunales, de tal forma que lo que debe mandar es el uso fijado en estos instrumentos de planificación territorial. Es más, las decenas de miles de parcelas de agrado, predios rústicos de 0,5 hectárea, acogidas al DL 3.516 del año 1980, si bien es cierto en muchos casos conforman condominios habitacionales al margen de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ya que nos se les exige ninguna obra de urbanización, legalmente son agrícolas y por lo tanto las contribuciones que pagan sus dueños son insignificantes. Entendemos que tanto Piñera como Bachelet tienen sus casas de veraneo en Caburgua y quisiéramos que pronto las regularicen, ya que ambas carecen de recepciones finales de la Municipalidad de Pucón : suponemos que sus asistentes administrativos han sido negligentes.

En resumen, en una economía de libre mercado no deben existir privilegios monetarios para aquellos que tienen viviendas que excedan el precio de una vivienda social o una vivienda de integración y por ello somos partidarios de la derogación de esa impúdica y mentirosa figura del DFL 2 y para que el SII desarrolle bien su trabajo el Ministerio de Hacienda tendrá que aumentar su fuerza de trabajo, dotándola de centenas de drones, cuya misión será detectar a aquellos que construyen sin permisos de edificación y los que transan en el mercado sus terrenos urbanos en precios ad hoc pero para efectos de contribuciones, considerándolos como agrícolas, tal como lo evidenció la puntuda periodista de TVN cuando mostró los importantes sitios frente al mar en el balneario de Cachagua, pertenecientes a un ex alcalde de Zapallar.


Presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad