Aborto, violencia y educación sexual

A fines de 2017 fue promulgada la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que permite el aborto en tres causales (IVE). Esto, sin bien es un gran avance de la lucha feminista por el aborto, no es en lo absoluto suficiente. El aborto no es solo una necesidad social debido a muertes por su ejercicio clandestino, sino que es un derecho de las mujeres sobre su sexualidad y reproducción, y es este el eje clave del debate que intenta silenciarse por medio de argumentos ultraconservadores que instalan como faro antiabortista el derecho a la vida del embrión.

La activista española Beatriz Gimeno sospecha de este libreto provida, desmenuzando cada una de estas tres causales que permite la ley. En este ejercicio, sugiere una clara contradicción entre oponerse al aborto como tal y, al mismo tiempo, admitirlo en situación de violación. Vale decir, ¿cambia el estatus moral de un feto producto de violación y otro que no lo es? Agrega que en esta causal no se estaría pensando en las mujeres ni en el embrión, develando únicamente que la violación sexual no es concebida como un atentado a la integridad y libertad sexual de las mujeres y niñas, sino a la “propiedad” de los hombres. Esto sugiere una cuestión esencial en la discusión, toda vez que toda violación de los derechos de las personas se produce en tanto derecho de propiedad sobre otras vidas.

Este análisis permite advertir el debate encubierto en torno al asunto, que tiene como objetivo prohibir la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, anteponiendo la necesidad y urgencia como posibilidad en una legislación restringida, que por lo demás, en la práctica, ha sido altamente obstaculizada, pues como bien ha dicho Hanna Arendt, la violencia aparece cuando el poder está en peligro.

El derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos no se agota en la consigna de la elección autónoma e individual sobre ser madre o no serlo, sino que apunta a desbaratar un entramado social en el que estas ocupan el lugar de la subalternidad, anulándose la soberanía de la sexualidad por el mandato de la tarea reproductiva. Mujeres y niñas, como cuerpos al servicio de otros, sosteniéndose esta estructura en la institución familiar como aparato ideológico del Estado.

Las cifras de violencia incestuosa en infancia parecen inverosímiles, un 62% (SENAME) de los abusos sexuales en esta etapa de la vida ocurren dentro del ámbito privado. En la misma línea, impresiona cómo la palabra “consentimiento” se adosa al discurso sobre la sexualidad de las mujeres. Consentir o no consentir a un interés ajeno, resultando esto consecuente con la educación sexual informal de la que disponen los hombres desde la infancia; la pornografía. Así también, mostrando coherencia con la sobrecarga en las mujeres respecto de las labores de cuidado, como mudar, bañar, dar de comer, mecer, etc., viéndose los niños foráneos al aprendizaje de una aproximación afectiva y respetuosa hacia otras corporalidades.

No parece extraño que sea precisamente el sector opositor al aborto libre, el que con profunda resistencia soslaya la urgencia por una educación sexual integral que hiciera posible impugnar lo anterior.

En este marco, cabe revisar qué es lo común entre las tres causales que a la fecha permite la ley. En cada una de ellas, las mujeres podrían acceder a la interrupción del embarazo encontrándose en condición de víctima de una realidad que se asume o presume traumática. Se mantiene entonces la pregunta por el derecho de las mujeres sobre sus cuerpos y vidas, siendo preciso identificar la negación del aborto libre como una manifestación de violencia de género, toda vez que la discusión vela una postura política ideológica sobre el lugar que estas deben ocupar en el orden social. Vale decir, asegurar que la institución familiar controle la sexualidad y los cuerpos de las mujeres, haciéndolas únicas responsables del devenir de un/a hija/o tras un embarazo a término, de la crianza, y de los cuidados en general.

Así las cosas, si bien la demanda apunta a la exigencia del aborto libre como derecho, el movimiento feminista aboga por una Educación Sexual Integral que dispare contra el reparto de poder simbólico que garantiza la cosificación de los cuerpos femeninos y feminizados por medio de masculinidades hegemónicas que oprimen y explotan a las mujeres. Es el Estado el responsable de garantizar derechos sociales a toda la ciudadanía en igualdad de condiciones, asegurar una educación sexual que combata la violencia sexista, y que nos permita a las mujeres y disidencias sexuales vivir una vida plena, imposible hoy de desplegarse, con las altas cifras de trasmisión de VIH, femicidios, abuso sexual infantil, y la violencia homo-lesbo y transfóbica.

La feminista Margarita Pisano ha planteado que los cuerpos de las mujeres han aparecido a lo largo de la historia como testimonio de represiones y transgresiones a los derechos humanos, y esto es muy claro en el caso de la penalización del aborto. El aborto libre es un derecho social del mismo modo en que lo es la maternidad; impedirlo no solo es cosa de injusticia social y discriminación sobre las mujeres, sino, entre ellas, pues no todas están en igualdad de condiciones para una maternidad más o menos digna.

La educación es fundamental para atentar contra la construcción de subjetividades masculinas basadas en el abuso de poder sobre los cuerpos femeninos y feminizados y, así, fortalecer cada una de nuestras decisiones y reflexiones contextuales respecto a lo que queremos para nuestra vida. Por eso gritamos con fuerza: “¡Educación sexual para decidir, aborto legal para no morir!”.