El nuevo proyecto de reciclaje en Nuñoa se dio a conocer así: se estacionaron 16 camiones afuera del Estadio Nacional, en los que era posible leer a sus costados con letras grandes “Recicla”, inscritas dentro de un cuadro verde. Con esa flota de fondo, el alcalde de la comuna, Andrés Zahri (ex RN), explicó que contaban con tecnología especial que permitía profundizar el trabajo de reciclaje. Pero no solo eso. Zahri habló sobre otra novedad: la construcción de diez puntos soterrados para evitar los microbasurales. Eso fue en agosto del año pasado.

Un año más tarde, este último anuncio que permitiría depositar la basura domiciliaria bajo tierra, sigue sin concretarse.

El asunto se ha discutido en los concejos municipales. Lo que comenzó con una interpelación de las concejalas –Patricia Hidalgo (PPD) y Emilia Ríos (RD)–, finalmente motivó el inicio de una investigación sumaria, que se encuentra en curso, y que buscaría determinar las responsabilidades administrativas en la supervisión del contrato de la empresa que se adjudicó la licitación: Demarco S.A., una firma perteneciente a KDM.

La compañía de recolección de basura es conocida por los conflictos que tuvo en la misma comuna, aunque con el anterior alcalde, Pedro Sabat (RN), quien fue acusado de utilizar subterfugios para favorecer a la empresa para que se adjudicara la licitación de gestión de residuos. La Fiscalía Occidente estimó que su acción provocó un perjuicio fiscal de $524 millones, aunque Sabat resultó absuelto.

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Sin embargo, ese antecedente generó suspicacias en el concejo cuando se habló de esta nueva licitación con la empresa. De hecho, algunos concejales solicitaron por escrito los antecedentes judiciales de la compañía, pero hasta la sesión n°12, del 17 de abril, cuando se votó la adjudicación de la licitación, no habían sido entregados por la Dirección de Asesoría Jurídica (DAJ) del municipio, a cargo de Ricardo Israel. Esto lo planteó el concejal Camilo Brodski (MA), según consta en el acta.

En esa reunión, que se realizó en el Edificio Consistorial y donde asistieron los diez concejales y los directores de áreas -Inspección, Control, DIDECO, y otras-, se dividió la licitación en cuatro líneas. La primera de ellas integraba la recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios, de residuos reciclables, el servicio de limpieza urgente, limpieza de papeleros y el servicio de puntos soterrados.

También, se manifestó la relevancia del tema por la extensión del contrato, la cantidad de recursos involucrados y por los servicios prioritarios para la comunidad.

Con el tiempo, la licitación se aprobó (registro en mercado público: ID5482-2-LR18), aunque con cuatro votos en contra. El municipio suscribió el contrato con Demarco el 11 de junio de 2018 por 250 millones de pesos mensuales, con vigencia hasta el 31 de julio de 2024.

En una de las cláusulas del documento se señala: “los puntos soterrados deberán estar operativos al inicio del contrato”.

Acciones en Contraloría

Durante los próximos días, el caso llegará hasta la Contraloría. Así lo adelantó a El Desconcierto la concejala Patricia Hidalgo, quien solicitará que se indaguen los recursos involucrados, por eventuales irregularidades que podrían configurar un fraude al fisco.

Los antecedentes que deberá revisar el órgano fiscalizador precisan que a la empresa se le multó por 100 UF (poco más de 2.700.000), es decir, 10 UF por cada punto soterrado que no estaba operativo a la fecha por incumplimiento de los plazos notificados. Sin embargo, explica que Demarco apeló a esa decisión, a principios de agosto del año pasado, siendo acogida por el director de Medioambiente, Álvaro Sapag. Esta respuesta favorable se le informó a la empresa mediante el documento registrado: ORD 110 de la DMA (Dirección de Medio Ambiente). En adelante, no se le cursaron más multas.

La concejala agrega que, hasta el 30 de junio pasado (fecha que considera en el requerimiento), se cumplieron 334 días con faltas al contrato, por lo mismo, las multas que se deberían cobrar equivalen a 33.400 UF, es decir, $933.644.228.

Para Hidalgo llama la atención que no se pusiera fin al contrato a casi doce meses de incumplimiento de las obligaciones contraídas, considerando que en una de las cláusulas se establece que ese podría ser motivo para darle término adelantado. Estos cuestionamientos se los hizo llegar al alcalde el 4 de junio pasado y, al día, siguiente se instruyó el sumario interno.

“Es relevante que se iniciara la investigación porque si ahora el alcalde cree que no ha existido nada, entonces, ¿por qué se instruyó? Es importante conocer cuánto ha sido el daño patrimonial municipal que se ha causado producto de este contrato que no ha funcionado en la forma que debió, que tampoco se ha fiscalizado de la manera correcta. Esta investigación no se hubiese iniciado de no advertirlo mediante un oficio”, agregó la concejala.

En la misma línea, su par, encargada de la comisión de Medio Ambiente, Emilia Ríos, considera problemático que se siga pagando por un servicio, hasta ahora, inexistente. Desde ahí plantea que “muchas veces este tipo cosas puede circular por detrás de la información que aparece en las bases. Es muy llamativo, porque la excusa que dan es que el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) Metropolitano no ha dado la autorización, considerando que una intervención bajo tierra la debe autorizar el ministerio. Pero aquí estuvo presente el director de control, encargado de que no se produzcan irregularidades. Estamos hablando de personas que llevan años en la administración municipal”.

Pero no es sólo eso. Ríos también cuestiona el historial de la empresa que se adjudicó la licitación: “si quisiéramos ir más allá, bueno, aquí perfectamente la empresa pudo haber sabido que no iba a construir los puntos versus otras empresas que ofertaron más, pero que sí calcularon el costo de construirlos (…) La historia judicial que tenía Demarco fue uno de los motivos por los que se rechacé la licitación. Todavía se estaban realizando las investigaciones por el ‘Caso Basura'”.

Hace poco más de un mes, el alcalde Zahri aseguró, a través de un oficio, que la empresa sí estaba prestando el servicio: dijo que en los mismos lugares donde deberían estar los puntos soterrados, se instalaron contenedores en la superficie.

Contactado por El Desconcierto, Zahri trasladó la responsabilidad del retraso al Serviu e indicó que las obras están en curso. Mientras, el director de Medioambiente, Álvaro Sapag, a través del encargado de comunicaciones del municipio, respondió que “no corresponde hacer adecuaciones al contrato y tampoco hay causales o motivos para darle término anticipado”. Además, planteó que las multas no se han cursado porque, de acuerdo a su visión, los atrasos no han sido atribuibles a Demarco.

Desde la empresa, en tanto, entregaron la misma información que el municipio.